Adriana Nélida Álvarez Vázquez

Expediente 736/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
736/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Adriana Nélida Álvarez Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese órgano colegiado en sesión ordinaria virtual de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en los autos del conflicto competencial C.C. 8/2021, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y este juzgado federal, de la que se advierte que el Tribunal resolvió: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México para conocer de la demanda promovida por ***, contra las omisiones reclamadas al Titular de Unidad Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales, dela Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y otras, para ello, se ordena remitir las actuaciones respectivas y copia certificada de la presente resolución. SEGUNDO. Comuníquese lo anterior, con copia de la presente ejecutoria al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez." Así las cosas, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la ejecutoria de mérito, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, por lo que se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 20, fracción I, inciso a) que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes;" Por tanto, se estima que el expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, ya que se trata del cuaderno de antecedentes creado a partir de que en el juicio de amparo no se aceptó la competencia declinada por el homólogo federal y se devolvió el cuaderno principal a dicho juzgado. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Actuario Judicial Adscrito al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por medio del cual, comunica el auto de tres de septiembre del dos mil veintiuno, del que se desprende que dicho órgano colegiado acusa del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y este juzgado federal, con motivo de la demanda promovida que dio origen al presente juicio, el cual quedó registrado bajo el expediente CC. 8/2021, y que se avocó al conocimiento del referido conflicto competencial. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento el contenido del auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, del que se advierte que acusa recibo de los autos del juicio de amparo 1756/2021 de su índice; y que se ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno, para que determine el conflicto competencial planteado por el juzgado oficiante. Atento a lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento de lo informado en el oficio que se atiende; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, remite el juicio de amparo número 1756/20212, promovido por Leticia Isabel González Torres, apoderada legal de Adriana Nélida Álvarez Vázquez, contra actos del Titular de la Unidad Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en virtud de que ese órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, en auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 736/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. INCOMPETENCIA Ahora bien, visto el oficio de mérito, se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, declinó su competencia a favor de este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo de referencia, en virtud de referir que a su consideración "los efectos y consecuencias de los actos que se pretenden combatir serán resentidos en el lugar donde fue tramitado el juicio laboral de origen, esto es Tlalnepantla de Baz, Estado de México"; pues la parte quejosa manifestó que el juicio laboral fue tramitado ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Dicho lo anterior, se informa de forma respetuosa que este órgano de control constitucional no comparte el criterio del homólogo federal, ya que los actos reclamados no tienen efectos materiales, por lo tanto, el órgano competente es aquel ante quien se presentó la demanda. Si bien es cierto que de la demanda de amparo se desprende que el origen de los actos reclamados es el juicio laboral J.4/387/2011, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, también es claro que la quejosa no reclamó ningún acto u omisión de dicha autoridad; del capítulo de actos reclamados se advierte que la parte quejosa, reclama de diversas autoridades con residencia en la Ciudad de México, lo siguiente: ".LA OMISIÓN DE [.] DE DAR TRÁMITE AL EXHORTO CON NÚMERO DE OFICIO 612/2021, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, GIRADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN TEXCOCO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, EN EL EXPEDIENTE LABORAL DE ORIGEN." . [LA OMISIÓN DE] SEÑALAR FECHA PARA EL DESAHOGO DE LA CONFESIONAL A CARGO DEL C. ARTURO TALAVERA AUTRIQUE, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS EN EL EXHORTO ANTES CITADO." De lo cual se advierte que los actos reclamados, son actos que carecen de ejecución material, pues si bien la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco es quien lleva el trámite del juicio laboral, ésta a su vez giró el exhorto con número de oficio 612/2021 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que por su conducto se desahogara la prueba confesional a cargo de Arturo Talavera Autrique; sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por el quejoso las autoridades laborales de la Ciudad de México, han sido omisas en diligenciar el exhorto en cuestión, a pesar de haber transcurrido una considerable cantidad de tiempo. Siendo así, se estima que la omisión de tramitar el exhorto, y consecuentemente la omisión de desahogar la prueba encomendada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, son actos que no generan cambios en el mundo físico, es decir éstos no tienen efectos materiales, y tampoco requieren algún tipo de ejecución por parte de alguna otra autoridad, no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sin que pueda afirmarse que conlleva un principio de ejecución material; en tanto, su única consecuencia es que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 700, Materia Común, de rubor y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." En ese sentido, debe tomarse en consideración que del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el amparo contra actos reclamables en la vía indirecta, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que los actos reclamados tengan algún modo de ejecución, pero si éstos no tienen ejecución material, la competencia se genera en el órgano jurisdiccional del lugar en que se haya presentado la demanda de amparo, todo lo cual obedece a un principio de territorialidad que permea en el sistema jurídico nacional y que tiene el propósito de facilitar a las personas el acceso a la acción constitucional a estudio. Lo cual es coincidente con el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De esa forma, es evidente que el legislador dio preferencia a la ejecución del acto para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer del medio de control, lo que tiene un sustento racional derivado del sistema nacional de división territorial, bajo el cual, se establecen los límites competenciales para que los juzgadores ejerzan su jurisdicción y que maximiza el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, pues facilita al demandante del servicio de administración de justicia acudir ante el órgano bajo cuya jurisdicción deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando, o se hayan ejecutado los actos reclamados; juzgados que, por su cercanía, está en aptitud de actuar con mayor eficacia para resolver los asuntos que se sometan a su consideración, así, el quejoso tiene mayores posibilidades de defensa, pues cuenta con más facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, promover en el juicio e interponer los recursos procedentes. Ahora bien, aquéllos que carezcan de ejecución material producirán la competencia relativa en el Juez de Distrito ante quien se hubiere promovido la demanda de amparo; lo cual de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deb interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así las cosas, como fue anticipado, no se comparte el criterio del homologo federal para declinar la competencia por territorio planteada, toda vez que se advierte que los actos reclamados son actos omisivos sin efectos materiales, en tanto que las omisiones de dar trámite a un exhorto a efecto de desahogar una prueba confesional, no generan alguna afectación o cambio en el mundo exterior. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para diligenciar el exhorto en cuestión, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia que se plantea y se ordena devolver el juicio de amparo 1756/2021, con sus anexos al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, solicitándole atentamente, se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente. AUTORIZADOS Y DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Luz Saviñón número 13, Piso 9, Despacho 904, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100, en la Ciudad de México, se solicita de manera atenta que por conducto del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y por medio del fedatario adscrito a dicho órgano jurisdiccional le notifique el contenido del presente asunto para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad se sirva remitir copia certificada de dicha notificación a este órgano jurisdiccional. Asimismo, requiera a la parte quejosa para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los Municipios que conforman parte de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia, apercibiéndolo, que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Ahora, se tienen por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo las personas que se indican en la demanda toda vez que el presente asunto es de materia laboral, en el que la parte quejosa es el trabajador en el juicio de origen. Por otro lado, acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de medios electrónicos digitales, para la reproducción de las constancias integrantes del presente expediente. EXHORTO A TRAMITAR EL JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN PARA LAS PARTES Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional rodrigo.ramos.gomez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. De igual forma, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Cúmplase y notifíquese a la parte quejosa por conducto de juzgado remitente.Así lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe. CARLOS

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