Adriana Micaela Obe Garibo

Expediente 636/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
636/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
02/01/2019

Partes del expediente

  • Adriana Micaela Obe Garibo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad contra la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en la que este juzgado federal declaró cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se desprende de la constancia relativa; en consecuencia, se le tiene consentida dicha resolución. Con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, toda vez que el presente es un asunto total y definitivamente concluido, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. El presente expediente es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    ÚNICO. Se DECLARA CUMPLIDA la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 636/2018, promovido por **********, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento de diecinueve de octubre del año en curso, anexando una copia certificada. Ahora bien, con el oficio y la constancia referida con anterioridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con la constancia de referencia; apercibida que de no hacerlo así, este juzgado federal, emitirá pronunciamiento respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 636/2018-V, promovido por la quejosa Adriana Micaela Obe Garibo, y envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca de amparo recurso de revisión 191/2019; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que de la ejecutoria se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos revocó y concedió el amparo y protección constitucional para los siguientes efectos: "De que la autoridad responsable dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 192, párrafo segundo, de la ley de Amparo: Fije fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la actora en el juicio laboral 224/2010, con el objeto de ejecutar parcialmente el laudo de veinticinco de enero de dos mil dieciséis." En consecuencia, con copia autorizada de la ejecutoria de mérito, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este juzgado federal sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por la superioridad de cuenta para los efectos precisados en líneas que anteceden. Por lo que, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o bien informen gestiones ineficaces o evasivas de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulara por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Por cuanto hace al cuaderno de antecedentes que se formó para la substanciación del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, y tomando en consideración que cumplió su objetivo primordial, es decir, suplió al principal durante la secuela del recurso; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General 2/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito.

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