Adriana Medina Campos

Expediente 1082/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1082/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Adriana Medina Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    - Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte . . . se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    - Vista la razón actuarial que antecede, practicada por el actuario de la adscripción, se advierte que no fue posible notificar a la quejosa . . . se ordena notificar por medio de lista el proveído de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho que en lo conducente dice " Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional, la orden de remate, adjudicación, escrituración y posible orden de desposesión, sobre bienes que aduce son de su propiedad, así como su ejecución; respecto de las cuales, las autoridades responsables negaron los mismos, por lo que se traduce que los actos reclamados no existen. En ese tenor, es claro que no existen dichos actos; por tanto, en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que señala: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Como se advierte de lo anterior, la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, establece la causa de sobreseimiento del juicio de amparo, en el entendido de que de los informes justificados rendidos por los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, todos de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro (fojas 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36 y 39), negaron la existencia de los actos reclamados. De lo anterior se observa que dichos informes rendidos por las responsables que por tener la calidad de documentos públicos, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, acorde con el numeral 2º de la Ley de Amparo, por lo que este Juzgado de Distrito, tiene la certeza del contenido de éste, ya que fue remitido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y lo rinden con el pleno conocimiento de las responsabilidades en que incurren en caso de no informar la veracidad de lo peticionado. Aunado a que el contenido de esos informes, no deja lugar a duda de su autenticidad, acorde a la jurisprudencia 5/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, visible en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 2001, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.- El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada, emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2058, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, Quinta Época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO, VALIDEZ DEL.- No existe disposición legal alguna que autorice al juzgador a desconocer las aseveraciones que hagan en sus informes las autoridades responsables, mientras no se demuestra con las pruebas necesarias, la falsedad de las mismas." En ese orden de ideas, se estima que se debe de sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ya que existe una razón notoria, manifiesta e indudable, entendidos estos conceptos bajo las siguientes razones:  Notoria. Se estima notoria por la existencia de los informes justificados que obran en autos, rendidos por las autoridades responsables.  Manifiesta. Esto por considerar que las autoridades al rendir sus informes niegan expresamente el acto que se les atribuye, por lo que así deberá de tenérseles.  Indudable. Resulta indudable, ya que las responsables al rendir sus informes, lo hacen como funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y se encuentran plenamente conscientes de las responsabilidades en las que incurren las autoridades que rinden datos falsos al rendir sus informes de ley. De esta manera, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, se concluye que las violaciones constitucionales planteadas no existen; por ende, no se le causa ningún agravio ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia ya que como quedó apuntado, deriva de una causa notoria, manifiesta e indudable de sobreseimiento del juicio de amparo, de tal suerte que ni al celebrar la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por ende, a nada práctico conduciría esperar a la fecha de aquélla, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por tanto, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha programada para para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con un minuto del cinco de octubre de dos mil dieciocho. Siendo imprescindible precisar, que lo acordado en el cuerpo del presente proveído, fue realizado a fin de no contravenir lo estipulado en el artículo 17 Constitucional y en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, consultable en la página 209 del tomo XXVI, Materia Constitucional, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro 171257, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Así como la diversa tesis Jurisprudencial sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, consultable en la página 1096, del libro XI, Materia Constitucional, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro 2001213, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Cabe decir que no se desatiende la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 386, Décima Época, registro 2015699, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO."; empero, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de esos actos de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de garantías; máxime que se impuso de lo informado por las responsables, desde el momento en que rindieron su respectivo informe previo en autos del incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, en el que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, dada la inexistencia de los mismos. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para darle seguimiento a la presente determinación"

  3. Principal

    - Notifíquese personalmente . . .

  4. Principal

    - Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por . . . . téngase por rendido el mismo, con el que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes . . .

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