Adriana Mauleon Lozano y Otros.

Expediente 583/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
583/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
14/12/2015

Partes del expediente

  • Adriana Mauleon Lozano y Otros.
  • Adriana Mauleon Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de diecinueve de noviembre pasado, por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas que integran el juicio oral familiar F-167/2015, que como justificación a su informe allegó el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente del citado expediente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LOS TERCEROS INTERESADOS: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del auto de diecisiete de noviembre del año en curso, emitido dentro del juicio oral familiar F-167/2015 de su índice, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: A) El impetrante señaló como acto reclamado: -El auto de ocho de junio de dos mil quince, emitido por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio oral familiar ********** de su índice, mediante el cual, en atención a la petición formulada por los abuelos paternos y la tía del menor **********, autorizó que el antes nombrado estudie en la escuela privada "Centro Escolar Infantil Lorraine de Celaya", Sociedad Civil. B) De acuerdo a las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que: -Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, emitido dentro del referido juicio oral familiar, tuvo a los abuelos paternos y a la tía del menor **********, desistiéndose de la petición que formularon, consistente en que el antes nombrado estudie en la escuela privada "Centro Escolar Infantil Lorraine de Celaya", Sociedad Civil, con motivo de que la madre no permitió llevar a cabo dicho cambio. Por tanto, es evidente que el acto que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que al desistirse los abuelos paternos y la tía del menor **********, de la petición que formularon ante la responsable, consistente en que el antes nombrado estudie en la escuela privada "Centro Escolar Infantil Lorraine de Celaya", Sociedad Civil, trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el término concedido a los terceros interesados Tomas **********, **********, ********** y **********, ambos de apellidos **********, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cinco de noviembre pasado, y de conformidad con lo dispuesto en la parte final de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C)DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del auto de diecisiete de noviembre del año en curso, emitido dentro del juicio oral familiar F-167/2015 de su índice, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: A) El impetrante señaló como acto reclamado: -El auto de ocho de junio de dos mil quince, emitido por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio oral familiar ********** de su índice, mediante el cual, en atención a la petición formulada por los abuelos paternos y la tía del menor **********, autorizó que el antes nombrado estudie en la escuela privada "Centro Escolar Infantil Lorraine de Celaya", Sociedad Civil. B) De acuerdo a las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que: -Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, emitido dentro del referido juicio oral familiar, tuvo a los abuelos paternos y a la tía del menor **********, desistiéndose de la petición que formularon, consistente en que el antes nombrado estudie en la escuela privada "Centro Escolar Infantil Lorraine de Celaya", Sociedad Civil, con motivo de que la madre no permitió llevar a cabo dicho cambio. Por tanto, es evidente que el acto que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que al desistirse los abuelos paternos y la tía del menor **********, de la petición que formularon ante la responsable, consistente en que el antes nombrado estudie en la escuela privada "Centro Escolar Infantil Lorraine de Celaya", Sociedad Civil, trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el término concedido a los terceros interesados Tomas **********, **********, ********** y **********, ambos de apellidos **********, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cinco de noviembre pasado, y de conformidad con lo dispuesto en la parte final de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no obra constancia de que se haya emplazado a los terceros interesados; por tanto, se difiere la misma y se señalan las diez horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil quince, para que tenga verificativo.

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