Adriana Matu Martínez

Expediente 1140/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1140/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Adriana Matu Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV.- Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el diecisiete de octubre del año en curso, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.

  2. Principal

    MESA IV.- Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, para conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Sexto en Materia de Oralidad Familiar del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y hágase relación de dicho informe, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por presentada a la quejosa con su escrito de cinco de junio de dos mil dieciocho, contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra y proveyendo lo correspondiente. Asimismo, se tuvo por presentado a ***, asesor jurídico patrono de ***, con el que se le dio vista a la parte actora para el uso de sus derechos, se le tuvo señalando como nuevos domicilios particular y para oír y recibir notificaciones los que señaló en su escrito de doce de julio de dos mil dieciocho, presentado el trece de julio siguiente; y atenta a su solicitud de que los estudios psicológicos que se ordenaron realizar en el procedimiento de origen, se lleven en su nuevo domicilio en la ciudad de Campeche, haciendo del conocimiento de la autoridad responsable, el nombre de la profesional que llevará a cabo las evaluaciones ordenadas, se previno a la quejosa ***, para que acredite con documentación que su hija menor de edad está recibiendo terapias psicológicas y hecho lo anterior, se proveerá lo que en derecho corresponda. En tal virtud, toda vez que se podría actualizar una causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Sexto en Materia de Oralidad Familiar del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita a este Juzgado, copia certificada del acuerdo que haya recaído al cumplimiento de la prevención que haya realizado o no ***, en el juicio ordinario de guarda y custodia ***; así como de lo que se proveyó en relación a la solicitud realizada por ***, asesor jurídico patrono de la citada quejosa, en su escrito de doce de julio de dos mil dieciocho. Apercibida dicha autoridad que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.-..."

  3. Principal

    MESA IV.- Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta presentada por ***, solicitando el amparo en contra de los actos que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y Secretario de Acuerdos de dicho Juzgado, SE ACUERDA: fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1140/2018-IV-B. Desechamiento de la demanda por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento judicial del Estado. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa nombra como autoridad responsable al Secretario de acuerdos del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. En este caso, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, del mismo ordenamiento, en virtud de que al Secretario de acuerdos del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. Conforme a la fracción I del artículo 103 de la Constitución, corresponde a los Tribunales de la Federación resolver toda controversia que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que es necesario para la procedencia de esta vía, que el acto que se reclame provenga de una autoridad. Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Por tanto, siguen cobrando vigencia los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que determinó que la procedencia del juicio de amparo es contra actos de autoridad, en virtud de que no se contrapone a la precitada reforma. Asimismo, no obstante que el artículo 1º de la Ley de Amparo, extendió la protección de la justicia federal, para las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, dicha atribución se encuentra precisada y limitada a los casos señalados en dicha ley, y en el artículo 5º, fracción II, de la propia ley, se estableció que tienen el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, precisando que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Los invocados numerales textualmente dicen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II . III. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I.. .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Como puede verse, la ley de amparo precisó que el carácter de autoridad responsable lo tienen aquellas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y que dicha calidad también pueden tenerla los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en dichos términos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Cabe recordar que al Secretario de acuerdos del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se le reclama una omisión en el juicio de origen 737/2016; ahora bien, las funciones de los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados Familiares se circunscriben, a autorizar y dar fe de las actuaciones realizadas por dichos Juzgados, sin embargo, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el Juez; y dado que el Juez de origen es el único responsable de su fallo; por tanto, el citado Secretario de acuerdos del Juzgado nombrado como responsable, sus funciones no son realizadas en forma unilateral y obligatoria; ni crea, modifica o extingue una situación jurídica, que distinguen a los actos de autoridad; consecuentemente, esa distinción en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo. Por consiguiente, si en el presente asunto, el peticionario de amparo señaló como autoridad responsable al Secretario de acuerdos del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, el amparo es improcedente respecto de los actos que se les atribuye, toda vez que dicho funcionario no tiene el carácter de autoridad responsable, por carecer de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 5° fracción II de la Ley de Amparo, puesto que no les conceden ese tipo de facultades las funciones propias de su cargo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número XVI.1o.J/13, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 75, Diciembre de 1992, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "SECRETARIOS DE JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL AMPARO.-..." En este sentido, se estima inadmisible la demanda de amparo formulada por ***, en contra del acto que reclama al Secretario de acuerdos del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I y 5, fracción II, aplicadas "a contrario sensu", todos de la Ley de Amparo vigente. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la Juez, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 128/2001. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo planteada únicamente respecto del acto reclamado al Secretario de acuerdos del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Admisión Acto seguido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, III y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Requerimiento de informe justificado Como lo dispone los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicitan informes justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE días, ... Emplazamiento al Agente Adscrito Emplácese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, como parte en este juicio en términos de los artículos 107, fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción IV de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. TERCERO INTERESADO Resérvese el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto obre en autos el informe justificado de las autoridades responsables. DOMICILIO. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Por autorizados a ***, ***y ***, en los amplios término a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, y con las limitaciones a que se refiere dicho numeral a ***, ***, ***, ***y ***, pues no se encuentran registrados en dicho sistema, no acreditan ser Licenciados en Derecho o Abogados, en virtud de que el presente asunto versa sobre materia civil. Por otra parte, en atención a la solicitud del peticionario de amparo, relativo a que se le faculte al uso de cámaras, para la reproducción electrónica de las actuaciones judiciales que emanen del presente asunto; conforme a la Circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal y en atención a su contenido se acuerda: tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de amparo, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que los autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: Novena Época Registro: 167640 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.725 C Página: 2847 REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 358/2008. Riober, S.A. de C.V. y otros. 12 de febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. Publicación de datos personales. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se soliciten copias de este expediente, tomando en cuenta para ello si contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como para precisar las constancias que, en su caso, consideran reservadas confidenciales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. Expediente Electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. Documentos. Finalmente, esta Juzgado estima conveniente precisar a las partes, que los documentos que exhiba o que llegara a exhibir en original, no podrán ser devueltos, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como el artículo 280 del Código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente.

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