Adriana Martínez Tremari y Otros.
Expediente 665/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 30 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adriana Martínez Tremari y Otros.
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA: ADRIANA MARTÍNEZ TREMARI,EL PROVEÍDO QUE DICE: Con la demanda de amparo promovida por Adriana Martínez Tremari, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en México, Distrito Federal, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese con el número 665/2015 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la demanda, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de materia, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: Artículo. 94. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito La norma constitucional referida, establece que el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para determinar la competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Federales. Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. De lo anterior, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En cumplimiento a tales disposiciones, el Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el Acuerdo General 22/2013, en el cual estableció en los artículos 2 y 6 lo siguiente: Que a partir del diez de agosto de dos mil trece los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforman e inician funciones como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con las plantillas autorizadas para tales órganos jurisdiccionales. HECHOS En el caso, los actos reclamados por la promovente consisten en: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Director de RTC (Radio, Televisión y Cinematografía) de la Secretaría de Gobernación Federal, Instituto Federal de Telecomunicaciones reclamamos: La toma de decisión, orden verbal o escrita, mandato y/o acuerdo para que, de forma unilateral y obligatoria, la empresa concesionaria MVS Radio, procediera a dejar de transmitir al aire a través de la radio, en su plataforma de difusión informativa el programa radiofónico Noticias MVS Primera Emisión, con Carmen Aristegui, lo que coarta el derecho humano a la libertad de pensamiento y a recibir informaciones e ideas y contenidos con pluralismo ideológico, político, social y cultural del Estado Mexicano y de recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalecen la vida democrática de la sociedad, por el medio de radiodifusión gratuito de la elección que se encuentre dentro de la plataforma informativa, derechos contemplados a nuestro favor por los artículos 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 6º, apartado B, fracciones I, III y VI; 7º y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 256, primer párrafo, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Del Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Director de RTC (Radio, Televisión y Cinematografía) de la Secretaría de Gobernación Federal, Instituto Federal de Telecomunicaciones reclamo: La violación a mi derecho humano a la libertad de pensamiento y a recibir informaciones e ideas y contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social y cultural del Estado Mexicano y de recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalecen la vida democrática de la sociedad, por los medios de radiodifusión de nuestra elección, que contempla a mi favor el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 6º, apartado B, fracciones I, III y VI, 7º y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 256, primer párrafo, fracciones I; II y VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al inobservar lo dispuesto por el artículo 15, fracciones XXVII y LIX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que le impone la obligación de supervisar y verificar que se garantice que la prestación de los servicios de radiodifusión se realicen con apego a dicha ley y a las disposiciones legales aplicables (En el caso, las constitucionales y convencionales) y a vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado con esa ley federal, en el caso, el artículo 256, primer párrafo, fracciones I, II y VI, omisión que lesiona nuestros derechos humanos citados, ordenando de común acuerdo y conjuntamente con el Ejecutivo Federal a la concesionaria MVS a sacar del aire de manera unilateral el programa contenido en su plataforma de difusión informativa, el programa radiofónico "Noticias MVS Primera Emisión, con Carmen Aristegui" en todas sus repetidoras a nivel nacional y en sus diferentes frecuencias repetidoras tanto de A.M como F.M. en el PaíS. De la empresa MVS Radio, Concesionaria del Espectro Radioeléctrico y sus repetidoras en todo el país, la ejecución a la toma de decisión, orden verbal o escrita, mandato y/o acuerdo para que, de forma unilateral y obligatoria la empresa concesionaria MVS Radio, procediera a dejar de transmitir al aire a través de la radio, en su plataforma de difusión informativa, el programa radiofónico "Noticias MVS Primera Emisión, con Carmen Aristegui. Asimismo, se advierte que la demanda de amparo promovida por Adriana Martínez Tremari, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en México, Distrito Federal, y otras autoridades, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el veintinueve de abril de dos mil quince. CONCLUSIÓN En tales condiciones, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para sustanciar y resolver este asunto, por la especialidad y naturaleza del acto reclamado, al haber quedado reunidos los requisitos establecidos en el Acuerdo General 22/2013; y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues la demanda de amparo fue presentada con posterioridad al diez de agosto de dos mil trece; asimismo, se estima que los actos reclamados son de materia de radiodifusión. Por tanto, se declina la competencia legal al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en México, Distrito Federal, en turno, por tal motivo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase la demanda de amparo así como su anexo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de aquellos Juzgados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 167557 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Común Tesis: P./J. 21/2009 Página: 5 COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. Se solicita atentamente al Juez de Distrito que corresponda conocer de este asunto, el acuse correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosalinda Galindo Silva, debido a que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y a las personas restantes únicamente para imponerse de autos, en razón de que no cumplen con el registro de cédula en mención. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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