Adriana María Aguilera Valtierra
Expediente 1273/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1273/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adriana María Aguilera Valtierra
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiséis de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Cruz Vázquez, en su carácter de endosatario en procuración de Adriana María Aguilera Valtierra. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Cruz Vázquez, en su carácter de endosatario en procuración de Adriana María Aguilera Valtierra, contra actos del Juez Único Menor Mixto de Abasolo, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1273/2022-VIII. Este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Tal norma impone la obligación de examinar con todo detenimiento la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En el caso, de la lectura integral de la demanda, se obtiene que el quejoso reclama la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio mercantil M-164/2022, por la cual el Juez Menor Mixto de Abasolo, Guanajuato, confirmó el auto de veintiséis de septiembre del año en curso, donde tuvo aceptado por parte de Gabriel Martínez Saldaña el cargo para fungir como perito designado por la demandada. El acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: El acto reclamado no es de imposible reparación, porque su posible incorrección sólo inobservaría normas de fuente procesal, no sustantiva; por tanto, únicamente afectaría derechos adjetivos susceptibles de repararse en la sentencia que se dicte en ese proceso. Por ende, esa actuación es intraprocesal porque puede repararse en definitiva si el quejoso obtiene una sentencia favorable en el juicio de origen, de manera que, al final, las omisiones que combate no le produzcan algún perjuicio. Entonces, el acto reclamado no reviste el carácter de uno de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, sólo tiene consecuencias o produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que quien se dice afectado obtenga un fallo favorable a sus intereses. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ello se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, entre otros; de modo que esa afectación no pueda repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva. Bajo esa tesitura, que la autoridad responsable confirmara el acuerdo donde tuvo aceptado el cargo de perito designado por la contraparte a un experto en el juicio de origen, no es susceptible de reclamarse en vía de amparo indirecto, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, la cual puede ser reparado de obtener una resolución favorable en el proceso mercantil. En tales condiciones, se pone de relieve que respecto del acto que el solicitante de amparo pretende combatir; por lo que SE DESECHA de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Cruz Vázquez, en su carácter de endosatario en procuración de Adriana María Aguilera Valtierra. Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y dado que ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la supletoria, contemplan como domicilio esa hipótesis, ésta y las subsecuentes notificaciones háganse por lista de acuerdos. Se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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