Adriana Margarita Suder Castro

Expediente 538/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
538/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Adriana Margarita Suder Castro
  • Congreso del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Este órgano de control constitucional, declara por cumplida la ejecutoria de amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno, este expediente es susceptible de depuración, se considera no relevante.

  2. Principal

    AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO.- DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, REQUIERASELE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.- NOTIFIQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.-

  3. Principal

    Visto el oficio que suscribe el Encargado de la Hacienda Municipal del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En virtud de lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta y requiérasele para que con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente en las instalaciones de la autoridad responsable, a fin de recoger el numerario amparado; bajo apercibimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere al Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, remitiendo constancia fehaciente de ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá, a cada una de las omisas, una multa. Asimismo, se hace del conocimiento del Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo vigente.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, el veinticuatro de abril del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos ley. La circunstancia anterior, hágase del conocimiento de las partes. Ahora bien, cabe mencionar que en la citada resolución, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Federal, para los efectos siguientes: "(.)lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad del precepto combatido, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del amparista, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. En efecto, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria.". La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en los recibos oficiales números MA35650, MA35651 y MA35649, expedidos el treinta de enero de dos mil dieciocho, y anexados en copia certificada a la demanda de amparo, de los que se advierte el pago que realizó por concepto del impuesto predial; a fin de que le sean devueltas las cantidades que se enteraron en acatamiento a lo ordenado en el presente fallo; en el entendido de que dichas devoluciones deberán versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados. Asimismo, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dichas devoluciones deberán actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que se consideraron transgredidas en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 32, fracción II, inciso b), de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, vigente en dos mil dieciocho. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberán devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Tienen aplicación, las jurisprudencias 2a./J. 13/2008 y 2a./J. 221/2007, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cuales señalan: El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada.". (Criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página quinientos noventa y dos). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo.". (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página dos cientos cuatro. En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena devolver a la parte quejosa en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello, es así, porque la sentencia de amparo, que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas a la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución.(.)". Por tanto, respecto a las autoridades responsables denominadas Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector. Así es, pues a dichas autoridades se les reclama, la discusión, aprobación, expedición, promulgación y, refrendo del artículo 32, fracción II, inciso b), de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, vigente en dos mil dieciocho; precepto legal que no puede quedar insubsistentes, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Por ende, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, lo que conduce a este juzgador a tener por cumplida, respecto de tales autoridades, en apoyo a los siguientes criterios jurisprudenciales: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. (Tesis P. CXXXVII/96, Tomo IV, Noviembre de 1996, Página 135, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley.". (Tesis 230, Tomo I, Parte SCJN, Página 197, Apéndice 1995, Instancia Pleno). Así como por las razones que la informan la tesis 2a. CXV/97, que se lee en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo.". Con el anterior pronunciamiento, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que en el término de quince días, manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con lo previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de inconformarse con la determinación de tener por cumplimentada la ejecutoria dictada en autos parcialmente. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. De ahí que, en la sentencia respectiva se estimó que los artículos reclamados transgreden la Constitución, entonces, el efecto inmediato será nulificar su validez jurídica en relación con la parte quejosa, así como la de los actos de aplicación de dicha norma. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada". También es aplicable, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. XIV/97, publicada en la página 347, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso". En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere al Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, remitiendo constancia fehaciente de ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá, a cada una de las omisas, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Cabe precisar que no es óbice a lo anterior, la eventual circunstancia de que la autoridad Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, no hubiese figurado con el carácter de responsable en el presente juicio de garantías, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que, por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, tal y como se ha determinado en la jurisprudencia 236, que aparece publicada en la compilación de 1995, Tomo VI, página 159, cuyo contenido a continuación se transcribe: " Las ejecutorias de amparo deben de ser inmediatamente cumplidas por la autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Por lo anterior, se ordena remitirle copia de la sentencia dictada en el presente sumario a efecto de que tenga conocimiento de la misma y de los recibos oficiales MA35650, MA35651 y MA35649 que originó el primer acto de aplicación del precepto legal impugnado, el cual ampara las cantidades pagadas con motivo de la aplicación del mismo. De igual forma, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que en su carácter de superior jerárquico de la citada autoridad, ordene a está a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá, a cada una de las omisas, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, se hace del conocimiento del Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo vigente.

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