Adriana Margarita Alcala Villanueva
Expediente 1724/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1724/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Adriana Margarita Alcala Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Colima, Colima, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente no se considera de relevancia documental, pues según los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita; la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, el problema jurídico planteado no fue impugnado ante organismos públicos internacionales o se trata de un conflicto laboral colectivo; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. e) Devuélvase el cuaderno de pruebas que remitió la autoridad emisora. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) Secretario(a) Liliana Anguiano Casillas, quien da fe.BFC/mzr*
- Incidental
Colima, Colima, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que fue declarada sin materia la suspensión definitiva, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de destrucción, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, que actúa con el(la) secretario (a) Liliana Anguiano Casillas quien da fe. LAC/esm
- Principal
En la ciudad de Colima, Colima, a las nueve horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el Secretario José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1724/2016 promovido por ADRIANA MARGARITA ALCALA VILLANUEVA sin la comparecencia de las partes. A continuación, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se abre el periodo de pruebas: en este periodo, el Secretario hace constar que no se ofreció medio de convicción alguno, razón por la que se cierra este periodo. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: en este periodo, se tiene por formulados los alegatos presentados por la fiscal federal adscrita, motivo por el cual también se cierra esta fase. En las relatadas condiciones, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, ADRIANA MARGARITA ALCALÁ VILLANUEVA, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan (fojas 1 A 13) II. Admisión y trámite. Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda de amparo, la que se radicó bajo el número de expediente 1724/2016-IV; solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado Federal es competente, en virtud de tratarse de una demanda de amparo promovida contra la orden de localización y presentación de una persona ordenada por el Ministerio Público de la Federación; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuya hipótesis normativa se verificó dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXIII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a la responsable, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que la autoridad responsable y el acto que se reclama, es el siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa de Única de Exhortos. ACTO RECLAMADO: La orden de localización y presentación de la quejosa. Acto que la quejosa estima vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Certeza de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. La Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Única de Exhortos, en su informe justificado, refirió que era cierto el acto reclamado, pues manifestó que en los autos del exhorto EXH/PGR/EXHORTOS/122/2016, deducido de la averiguación previa AP/PGR/JAL/GDL/AG3-M1/3750/2015, instruida a Adriana Margarita Alcalá Villanueva, por el delito de falsificación y usos de documento, y en cumplimiento a lo requerido en el mismo, ordenó la localización y presentación de ésta, a efecto de que rindiera su declaración ministerial en torno a los hechos imputados en esa indagatoria, quien el pasado tres de noviembre de este año, se presentó ante él y emitió por escrito dicha declaración, ratificada en ese mismo acto, para luego devolver las actuaciones de ese exhorto a su lugar de origen, adjuntando copia autorizada de esas actuaciones como constancia, con las cuales se formó el cuaderno de pruebas respectivo. Por tanto, es innegable el acto que se le reclama, de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Vll. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Juzgado Federal, de oficio, considera que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis de inviabilidad establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. El precepto acabado de referir en la porción normativa especificada, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Este supuesto de inejercicio ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquél que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Esta causa de improcedencia se encuentra determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 74 de la Ley de Amparo, o sea, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Según se vio la quejosa reclaman la orden de su localización y presentación ante el fiscal federal. La responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Única de Exhortos, adjuntó a su informe justificado, copia certificada de las actuaciones practicadas dentro del exhorto EXH/PGR/EXHORTOS/122/2016, deducido de la averiguación previa AP/PGR/JAL/GDL/AG3-M1/3750/2015, instruida a Adriana Margarita Alcalá Villanueva, por el delito de falsificación y uso de documento, de las que se advierte que, dicha fiscal, luego de ordenar la presentación de dicha implicada para recibir su declaración ministerial en torno a esos hechos, ésta se presentó el tres de los corrientes acompañada de su defensor particular y emitió dicha declaración por escrito, que ratificó enseguida. Por tanto, la acción positiva imputada a las responsables, que motivó la promoción de este juicio, desapareció al haberse acordado la petición de la quejosa. Sirve de apoyo a la consideración que antecede la jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Entonces, es claro que opera la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de manera que debe sobreseerse en el presente proceso constitucional, con apoyo en el diverso precepto 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1028, consultable en el tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1724/2016-IV, promovido por ADRIANA MARGARITA ALCALÁ VILLANUEVA, en relación con los actos reclamados y las autoridades indicados en el apartado "V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados"; por las razones contenidas en el apartado denominado "Inexistencia del acto reclamado" y "Análisis de causas de improcedencia". Notifíquese. Lo resolvió y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el secretario José Antonio Andrade Ahumada, José Antonio Andrade Ahumadaquien da fe. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Colima, Colima, a las cero horas con cero minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1724/2016, promovido por ADRIANA MARGARITA ALCALA VILLANUEVA, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se abre el periodo de pruebas: en esta etapa, el (la) Secretario(a) hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción, por lo que se concluye la misma. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: en este periodo, el (la) Secretario(a) hace constar que no se formuló alguno, motivo por el cual también se cierra esta fase. En las relatadas condiciones y sin pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el doce de noviembre de dos mil quince, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, ADRIANA MARGARITA ALCALA VILLANUEVA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de trece de noviembre de dos mil quince, fue admitida la demanda en cita, se registró con el número 1724/2016 y se ordenó darle el trámite de ley. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados, se dio vista a la parte quejosa y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de la parte quejosa, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La orden de detención decretada contra el quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. La totalidad de las autoridades señaladas como responsables negaron el acto que se les imputa, de suerte no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar su libertad personal y su ejecución) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, procede sobreseer en su integridad en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ADRIANA MARGARITA ALCALA VILLANUEVA. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe.
- Principal
Colima, Colima, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el pedimento con el que se da cuenta; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechos los alegatos que formula en el mismo y con base en el numeral 3 de la citada ley, expídase a su costa las copias que solicita previo recibo que otorgue en autos. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.JAAA/lmpm
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