Adriana Manuela Herevia Guzmán

Expediente 706/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
706/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Adriana Manuela Herevia Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Adriana Manuela Herevia Guzmán, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y su Presidente, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, del cual se advierte que no obra agregada en autos, así como en el expediente electrónico la constancia de notificación al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, del auto de diecisiete de febrero del año en curso, por medio del cual se requirió a la citada responsable que informara las gestiones realizadas tendientes a dar cumplimiento al fallo protector. Por lo anterior, se ordena la notificación del citado proveído, para los efectos legales correspondientes, debiendo insertar al oficio correspondiente al presente acuerdo, el contenido del diverso de diecisiete de febrero del año actual. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por la autorizada del quejoso Pedro Manuel Canseco García; en atención a su contenido, dígasele que una vez que la autoridad responsable, se encuentre notificada del auto de diecisiete de febrero de la presente anualidad (y le transcurra el plazo de tres días concedidos), se acordará lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede y toda vez que de la certificación realizada por el Secretario se desprende que la audiencia constitucional pronunciada dentro del expediente 1847/2021, se celebró a las doce horas con diez minutos del veintitrés de enero de dos mil veintidós, en consecuencia, fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Ahora, agréguese el escrito signado por el licenciado Bladimir Pedraza Tello, en su carácter de defensor particular del quejoso Gustavo Sánchez Castillo, por el cual solicita en primer términos se resuelva el presente asunto; sobre el particular, dígase al compareciente que una vez dictada la sentencia correspondiente se le hará de su conocimiento mediante notificación personal. Asimismo, refiere que en la parte final de su escrito de demanda solicitó que el presente asunto lo resolviera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a razón de que reclama la inexacta prisión preventiva oficiosa, el debido proceso y la taxativa pena que contiene el inconstitucional artículo 426 del código penal, esto por considerar que no es proporcional al daño causado. En ese sentido, dígasele al compareciente que una vez analizado su escrito de demanda se desprende que dicha petición que refiere no la realizó. Asimismo, a fin de estar en condiciones de emitir pronunciamiento respecto su solicitud, se requiere al compareciente a fin de que precise bajo que figura solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien resuelva el presente asunto, toda vez que la Ley de Amparo únicamente prevé la figura de la facultad de atracción. Esto es así, pues el artículo 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: [.] b). Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno". Asimismo, la Ley de Amparo en el artículo 80 bis, preceptúa: "Artículo 80 Bis. La suprema Corte de Justicia de la Nación de oficio o petición fundada del tribunal colegiado que conozca del asunto, de la persona Titular de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público de la Federación que sea parte, o de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la o del titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, podrá atraer cualquiera de los recursos a los que se refiere esta Ley cuando su interés y trascendencia lo ameriten". La interpretación sistemática y armónica de los preceptos constitucional y legales transcritos y en especifico del artículo 80 Bis, se desprende que la facultad de atracción es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, puede atraer cualquiera de los recursos a que se refiere la Ley de Amparo, siempre que, conforme al ordenamiento supremo, revista interés y trascendencia. En ese sentido, como se puede advertir dicha facultad es exclusiva del Alto Tribunal del País, y conforme al artículo 80 Bis de la Ley de Amparo, puede a traer cualquiera de los recursos de la propia ley de la materia. Luego, a fin de estar en condiciones de proveer respecto a su petición, es menester que aclare la misma, esto en el sentido de que precise, bajo qué figura solicita sea remitido el presente asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su resolución. Apoya esta consideración, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. CXLIX/96, que establece: "ATRACCIÓN, FACULTAD DE. LAS PARTES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EL EJERCICIO DE AQUELLA, PERO ESTO NO IMPIDE QUE AL CONOCER DEL ASUNTO RELATIVO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA LA EJERZA DE OFICIO. De lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 84, fracción III y 182, de la Ley de Amparo, se desprende que sólo son dos vías por las que la Suprema Corte de Justicia puede atraer el conocimiento de un asunto que no corresponda a su competencia ordinaria, una es la oficiosa, y otra, la derivada de la petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto, o del procurador general de la República; no encontrándose previsto que pueda decidir en cuanto al ejercicio de esa facultad a solicitud de las partes a que se refiere el artículo 5o. de la citada legislación, por lo que éstas carecen de legitimación para formular esa petición, la que de realizarse, necesariamente, debe ser desechada, circunstancia que no impide que la Suprema Corte de Justicia, al tener a la vista el asunto que se solicita atraer, advierta de oficio su interés y trascendencia y, entonces, ejerza dicha facultad, pues el conocimiento que requiere para poder ejercer de oficio la atracción le puede ser proporcionado por cualquier medio, ya que de otra manera sería difícil y excepcional que pudiera percatarse de que un asunto que no es de su competencia ordinaria reviste las mencionadas características que autorizan la atracción, precisamente porque no de todo tipo de asuntos tiene conocimiento". Así como la jurisprudencia número 27/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 150, que dice: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto trascendencia para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que este revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Notifíquese y personalmente al quejoso Gustavo Sánchez Castillo en el lugar de su reclusión y a su defensor en el domicilio señalado para tal efecto. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

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