Adriana Manrique Martínez
Expediente 1641/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1641/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Adriana Manrique Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio ******************** remitido vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite el testimonio de la resolución pronunciada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en la queja 513/2022, formada con motivo del recurso interpuesto por ********************, en contra del proveído dictado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; resolución de la que se advierte que el referido medio de impugnación interpuesto se declaró infundado. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior y previas las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 8566, de cinco de diciembre del presente año, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del toca de queja 513/2022, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Adriana Manrique Martínez, en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: en atención a que ********************, interpone recurso de queja en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios. Asimismo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo. Por lo que, envíese vía interconexión dicho recurso, al que deberá adjuntarse las constancias que conforman este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por la quejosa Adriana Manrique Martínez, así como el anexo que acompaña, mediante el cual da cabal cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de dieciocho de octubre del año en curso. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Adriana Manrique Martínez, en contra de los actos que reclama del Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, consistentes en lo siguiente: ACTO RECLAMADO El acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desinó al Notario Público para la elaboración del proyecto de escritura correspondiente en el juicio ejecutivo mercantil 1210/2015, y las violaciones procesales que se cometieron en el procedimiento de remate. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se DESECHA la demanda de mérito, toda vez que se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por consentimiento expreso del acto reclamado por parte de la quejosa. Al respecto, dicho numeral establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." La causa de improcedencia citada se refiere, a que el juicio de amparo no procede "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos. Sin embargo, esa expresión debe ser indudable y completa, es decir, debe revelar de manera evidente que el particular se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Es decir, la expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del amparista se traduce en un motivo de improcedencia del juicio de amparo -que, desde luego, impide examinar la constitucionalidad de ese acto y, en su caso, ordenar la restitución de derechos fundamentales que eventualmente se consideraran transgredidos. Y en ese tenor, exige que la expresión o manifestación de voluntad revele que existe conformidad con ese acto sin duda o parcialidad alguna, pues la intención de la regla de improcedencia es evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero no vedar u obstaculizar el estudio de la constitucionalidad de una decisión de autoridad, en virtud de una actitud que no manifieste de manera directa e indubitable que se ha conformado con ella. Ahora bien, en la especie se surte el motivo de inejercibilidad, por virtud del consentimiento del acto reclamado por la parte quejosa, pues de las constancias certificadas que exhibió con su escrito aclaratorio de la demanda, deducidas del juicio de amparo 744/2022-II, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a las que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2º del propio ordenamiento legal. Se advierte que la parte quejosa, promovió juicio de amparo en contra del acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, aquí impugnado, respecto del cual se desechó la demanda por auto de veinticinco de mayo del año en curso. Asimismo, en contra de dicho auto de desechamiento la aquí quejosa interpuso recurso de queja, que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, con el número de toca 172/2022. Sin embargo, por resolución de siete de julio de dos mil veintidós, dicho Tribunal declaró que quedó firme el auto de cinco de abril de dos mil veintidós recurrido, por haberse desistido la propia quejosa del recurso de queja hecho valer. Lo antes expuesto revela que la quejosa consintió el acto que aquí reclama, al mediar una exteriorización de voluntad que entrañó ese consentimiento, lo que implicó la aceptación de manera clara e indiscutible el sentido del proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, por parte de la impetrante, es decir, que está conforme con los actos de autoridad, que lo aprueba y que da su anuencia respecto de sus consecuencias. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la anterior Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 23, Séptima Parte, página: 14, que señala: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto, y, por ende, define que se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria". Asimismo, de igual manera, resulta improcedente la demanda respecto el mismo acto reclamado, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. El supuesto normativo, estatuye la causal de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. Motivo de improcedencia que, cabe puntualizar, tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido pueda discutirse nuevamente. De manera que, si de las constancias certificadas que exhibió la quejosa, se desprnde que promovió el juicio de amparo 744/2022-II, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el que se desechó la demanda que interpuso en contra del acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, y esta determinación quedó firme, por haberse desistido del recurso de queja que interpuso en su contra y correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, con el número de toca 172/2022. Es inconcuso que ello actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues la demanda ahora intentada, es presentada por la misma parte impetrante, contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado que, como se vio, adquirió firmeza. Sin que pueda desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que la quejosa tenía la carga procesal de continuar con el recurso de queja que hizo valer en contra de su desechamiento, por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. De ahí que no procede ahora volver a analizar dicho acto, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que revisten las determinaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 11o.C. J/6, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 808, del Libro 61, diciembre 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 2018597, que dice: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." Así como la tesis VII.2o.C.25 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia." (Época: Décima Época, Registro: 2010390, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: VII.2o.C.25 K (10a.), Página: 3530). En tales circunstancias, encontrándose acreditadas las causas de improcedencia invocadas, con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, tiene sustento lo antes relatado, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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