Adriana López Higuera

Expediente 599/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
599/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Adriana López Higuera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ninguna promoción que indique que la quejosa recurrió el auto de siete de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo, dentro del término previsto por el artículo 98 de la ley de la materia, considerando que esta fue notificada el diez siguiente, quedando comprendido dicho plazo del doce al dieciocho de los cursantes; por consiguiente, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 20, fracción IV, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Adriana López Higuera; contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 599/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora, se reitera que en el presente caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto dictado el diez de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente número 362/2003, de la estadística de la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, por medio del cual negó la admisión a trámite el recurso de apelación interpuesto por la propia quejosa, en contra del proveído dictado por la citada responsable el diez de abril de la propia anualidad. Ahora bien, quien esto resuelve estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De la interpretación de la porción normativa reproducida, se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea al modificarlo, confirmarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando existe dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente. El principio en cita se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras. Así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Bajo esa óptica, partiendo de que el acto reclamado se hace consistir en la emisión del auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 362/2003, de la estadística de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, mediante el cual negó admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la propia peticionaria; claramente se pone de manifiesto que no se cumplió con el principio de definitividad, puesto que, en contra de esa providencia, procede el recurso de queja. Ello es así, partiendo de la base de que la Suprema Corte de Justicia, ha señalado que el Juzgador está constreñido a considerar la demanda como un todo; por tanto, y atendiendo a dicha obligación, se estime pertinente establecer que la quejosa al momento de formular sus conceptos de violación, afirma que la responsable con la emisión del auto impugnado mediante el presente juicio biinstancial, contravino lo establecido por los artículos 84 y 137, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de lo que se sigue, que la codificación aplicable en el procedimiento judicial que nos ocupa, es la misma que se afirma fue infringida por la autoridad señalada con el carácter de responsable; por tanto, se estima pertinente remitirnos al artículo 714 de dicha codificación. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 227 del tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 195745, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Al respecto, el mencionado artículo 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 714. El recurso de queja procederá contra la resolución que niega admitir una apelación. De la porción normativa antes transcrita, se pone de manifiesto que existe el recurso de queja para impugnar la determinación en que se ha negado admitir un recurso de apelación. Consecuentemente, si la parte promovente del amparo reclama la emisión del auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente número 362/2003, de la estadística de la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, mediante el cual negó admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la propia quejosa; ésta debió agotar el medio ordinario de defensa con el que cuenta, antes de promover el juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad, pero no lo hizo; por tanto, se actualiza, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, resulta obvio que antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto que aquí reclama, debió haber promovido el recurso de queja correspondiente; ya que a través de dicho medio de defensa pudo haber obtenido la nulidad, modificación o revocación del acto impugnado en este juicio, lo cual evidencia la improcedencia de la presente demanda. Es así, puesto que no se está en los casos de excepción a que alude dicha causal, consistente en que no existe la obligación de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, cuando se trata de terceros extraños, lo que no sucede en la especie, ya que la quejosa, resulta ser parte dentro del procedimiento en que se emitió el auto que por esta vía pretende impugnar, que tampoco se trata de aquellos que importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2113, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia". DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Macario Gaxiola, número 320, colonia López Mateos, de esta ciudad y como autorizados para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Jesús Ávalos Delgado y Gregorio Delgado Urías, quienes tienen su cédula profesional número 3043288 y 2865260, respectivamente, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jesús Fidel Toledo Ávalos y Pedro Arreola Osuna, por así haberlo solicitado. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas.

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