Adriana Lizzeth Vargas Acuña

Expediente 1510/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1510/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Adriana Lizzeth Vargas Acuña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional firmada el once de octubre del dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su primer punto resolutivo sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con nueve minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1510/2021-I, promovido por Adriana Lizzeth Vargas Acuña, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida; los que obran agregados a los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables antes señaladas, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las constancias que la Junta responsable adjuntó a su informe justificado; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita número 436/2021; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidas las manifestaciones de la representación social para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. A continuación, cerrado este período, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1510/2021-I; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, remitido el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer; Adriana Lizzeth Vargas Acuña, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que señaló en su escrito de demanda. La parte quejosa señaló como violado, el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma, expuso el concepto de violación que consideró pertinente. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veintiséis de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 28/2016, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la quejosa quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tal, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida. - La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se fijaron las diez horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de esa anualidad, para la continuación de la misma, en autos del juicio laboral 91/2021. Y del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida. - La omisión de emplazar a los demandados en el juicio laboral de origen, siendo éstos, Rubén Osorio Paredes, Sara Pozos, Lourdes Hernández, Jorge Ramos González y Colegio Federick Herbart de Mérida. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir sus informes justificados, la primera por conducto de su presidente, aceptaron la existencia del acto que se le reclamó. Certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias del juicio laboral de origen, 91/2021, de las que se advierte que la Junta responsable fijó como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el diecinueve de octubre del año en curso a las diez horas con treinta minutos, y en relación con el Actuario, al momento de presentarse la demanda de amparo, no había emplazado a las demandadas al juicio laboral referido. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia advertida en relación con el acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta responsable. Conforme a la técnica reconocida en la resolución de los juicios de amparo, previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que aleguen las partes, o bien, que se adviertan de oficio, por tratarse de cuestiones de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre esa base, procede examinar la causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende, que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la quejosa reclama del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, la omisión de emplazar a los demandados a la controversia laboral de origen 91/2021, siendo éstas, Rubén Osorio Paredes, Sara Pozos, Lourdes Hernández, Jorge Ramos González y Colegio Federick Herbart de Mérida. Ahora bien, de las constancias que remitió la Junta responsable como apoyo a su informe justificado, sobresalen los citatorios de fechas catorce de septiembre del año en curso, dirigidos a Rubén Osorio Paredes, Sara Pozos, Lourdes Hernández, Jorge Ramos González y Colegio Federick Herbart de Mérida, realizados a las trece horas, trece horas con cinco minutos, trece horas con diez minutos, trece horas con quince minutos y trece horas con veinte minutos, respectivamente, así como sus respectivas notificaciones todas de quince de septiembre del año en curso. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del acto atribuido a la autoridad responsable, Actuario adscrito a la Junta responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo, emplazó a las partes demandadas en el juicio de origen, siendo éstas Rubén Osorio Paredes, Sara Pozos, Lourdes Hernández, Jorge Ramos González y Colegio Federick Herbart de Mérida, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, la omisión de emplazar a la parte demandada a la controversia laboral de origen 91/2021. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer respecto al acto atribuido al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, consistente en la omisión de emplazar a los demandados a la controversia laboral de origen 91/2021, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. QUINTO. Causal de improcedencia en relación con el diverso acto reclamado a la Junta responsable. En el caso, la suscrita juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, en el caso la quejosa reclama que la Junta responsable, mediante auto de veintinueve de junio del año en curso, acordó fijar el diecinueve de octubre de la misma data, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 91/2021, situación que alega viola sus derechos fundamentales toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley. Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, la quejosa tuvo conocimiento pleno y directo del acto que reclama en la propia fecha en que se emitió, esto es, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en virtud de que en su emisión se encontraba presente su apoderado, el abogado Santiago Samuel Cel Machado. Por lo que, en términos de lo previsto por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días hábiles para incoar la acción constitucional inició al día siguiente, esto es el treinta de junio y feneció el veinte de julio de dos mil veintiuno. De ahí que, si la demanda se presentó hasta el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, su presentación resultó extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, y lo procedente es decretar el sobreseimiento en términos del numeral 63, fracción V de la ley de la materia Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 3212 del Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y sinopsis a continuación se reproducen: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimientos de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De acuerdo con lo expuesto, es evidente que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimientos de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte". En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación hechos valer, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Se invoca al caso la jurisprudencia 1028, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 708, Octava Época, con registro 394984, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Cabe señalar que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Tiene apoyo la tesis 2a. C/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 846 del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2012606, de rubro y texto siguientes. "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO Y ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA LEY DE AMPARO RESPETAN AQUELLOS DERECHOS. Los citados preceptos legales son acordes al texto constitucional y al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que respetan los derechos de acceso a la justicia y al recurso judicial efectivo, pues se refieren al análisis de fondo conjunto y congruente, una vez superados los requisitos que condicionan la procedencia, ya sea de la acción de amparo intentada o la de los recursos respectivos, de los razonamientos efectivamente planteados por las partes, en los que además se deberán corregir los errores en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estiman vulnerados; hecho lo cual, si se trata de una disposición de observancia general, se declarará su inconstitucionalidad, cuyos efectos podrán extenderse a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada, los cuales, además, únicamente beneficiarán al quejoso que promovió la acción de amparo; es decir, dichos preceptos únicamente refieren previsiones que deberá tomar el juzgador constitucional al analizar el fondo de la cuestión efectivamente planteada, una vez superados los presupuestos formales o los requisitos que condicionan la procedencia de la acción de amparo o del recurso intentado." Así también es aplicable la tesis 1a. CXCVIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 541 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2006472, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones." Igualmente es aplicable la jurisprudencia 22/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 325 del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005917, de rubro y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así también es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 487 del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005717, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora Federal: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Adriana Lizzeth Vargas Acuña, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y del Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa asistida del Secretario Juan Carlos Maiza Hau, que autoriza y da fe de todo lo actuado. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 436/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita que en caso de resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de garantías, se niegue el presente juicio de amparo y en caso de que las autoridades responsables nieguen el acto que se les reclama se sobresea; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 2 de la ley de la materia, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y el Actuario de su adscripción; por ende, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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