Adriana Lizeth Zamarripa Tobias

Expediente 1198/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1198/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Adriana Lizeth Zamarripa Tobias
  • Junta Especial Número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...causa estado...archívense las actuaciones..

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 4037/2021, signado por la Presidente de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del escrito que fuera recibido por dicha junta el cinco de julio de dos mil veintiuno, por cual la parte actora, aquí quejosa, solicita se regularice el procedimiento dentro del juicio laboral 613/2020, y el acuerdo por el cual regularizó el procedimiento laboral. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." Sentado lo anterior, de autos de advierte que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable Junta Especial número Sesena de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, ha omitido acordar el escrito de cinco de julio de dos mil veintiuno, por el cual solicitó se regularizara el procedimiento en el juicio laboral 613/2020. Dentro de ese contexto, tenemos que en apoyo a su informe justificado, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran dentro del juicio laboral de origen, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en atención al escrito de veinte de enero de dos mil veintiuno, regularizó el procedimiento del juicio laboral 613/2020, y, al efecto, señaló las doce horas del próximo nueve de diciembre del año en curso, para el desahogo de la audiencia de los terceros llamados a juicio [omisión reclamada]; ello, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el diecisiete de septiembre del año en curso.

  3. Principal

    Téngase por recibida y agréguese a los autos la intervención ministerial 659/2021, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y en atención a su contenido relaciónese en la audiencia constitucional y tómese en cuenta al resolver el juicio, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Del estado de autos se desprende que es el momento oportuno para determinar si la ejecutoria dictada en este juicio de amparo se encuentra cumplida. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el artículo 214, de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la ejecutoria de amparo. Así, de las actuaciones que integran este asunto, se advierte que el doce de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia constitucional en la que se determinó negar el amparo a los quejosos Erick Hernández Fuentes y Claudia Maribel Pérez Rodríguez. Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta localidad, mediante sesión de treinta de diciembre del año próximo pasado, resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, y determinó revocar la sentencia constitucional y conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: "[.] Dejar insubsistentes los emplazamientos reclamados relativos al expediente 597/2016, sobre juicio hipotecario promovido por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como todos los actos posteriores incluyendo los relativos a la etapa de ejecución, y reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión de acuerdo con las leyes que lo rigen [.]" Así, el doce de febrero y veintidós de marzo de este año, se recibieron en este juzgado de distrito, los oficios 272 y 712 signados por la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta localidad, mediante los cuales informó y acreditó el cumplimiento dado al fallo protector, en el sentido de haber dejado sin efecto los emplazamientos practicados en el juicio hipotecario 597/2016, así como todas las actuaciones posteriores a esas diligencias, de igual manera, ordenó reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Con ello, se dio vista a las partes a efecto de que manifestaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, misma que fue desahogada por el abogado autorizado de los quejosos, a través del ocurso recibido en este tribunal el quince de marzo del año en curso. Acorde a lo narrado, este juzgado federal estima que en el presente caso, está cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto como lo argumenta la parte quejosa, pues al contrario, la autoridad responsable cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se le restituyó en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al haberse concedido el Amparo y Protección de la Justicia Federal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, de acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. El expediente original del incidente de suspensión, resulta susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión del acto reclamado, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del aludido Acuerdo General. Una vez concluido plazo de tres años posteriores al archivo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores de los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, secretaria en funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio CCJ/ST/3249/2021, de trece de septiembre del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Issac Paulino Martínez Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.Liliana"Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Del estado de autos se desprende que es el momento oportuno para determinar si la ejecutoria dictada en este juicio de amparo se encuentra cumplida. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el artículo 214, de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la ejecutoria de amparo. Así, de las actuaciones que integran este asunto, se advierte que el doce de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia constitucional en la que se determinó negar el amparo a los quejosos Erick Hernández Fuentes y Claudia Maribel Pérez Rodríguez. Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta localidad, mediante sesión de treinta de diciembre del año próximo pasado, resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, y determinó revocar la sentencia constitucional y conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: "[.] Dejar insubsistentes los emplazamientos reclamados relativos al expediente 597/2016, sobre juicio hipotecario promovido por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como todos los actos posteriores incluyendo los relativos a la etapa de ejecución, y reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión de acuerdo con las leyes que lo rigen [.]" Así, el doce de febrero y veintidós de marzo de este año, se recibieron en este juzgado de distrito, los oficios 272 y 712 signados por la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta localidad, mediante los cuales informó y acreditó el cumplimiento dado al fallo protector, en el sentido de haber dejado sin efecto los emplazamientos practicados en el juicio hipotecario 597/2016, así como todas las actuaciones posteriores a esas diligencias, de igual manera, ordenó reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Con ello, se dio vista a las partes a efecto de que manifestaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, misma que fue desahogada por el abogado autorizado de los quejosos, a través del ocurso recibido en este tribunal el quince de marzo del año en curso. Acorde a lo narrado, este juzgado federal estima que en el presente caso, está cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto como lo argumenta la parte quejosa, pues al contrario, la autoridad responsable cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se le restituyó en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al haberse concedido el Amparo y Protección de la Justicia Federal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, de acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. El expediente original del incidente de suspensión, resulta susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión del acto reclamado, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del aludido Acuerdo General. Una vez concluido plazo de tres años posteriores al archivo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores de los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, secretaria en funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio CCJ/ST/3249/2021, de trece de septiembre del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Issac Paulino Martínez Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.".

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