Adriana Lily Chavira García

Expediente 336/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
336/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Adriana Lily Chavira García
  • Juez Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial de Nuevo Laredo, Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el once de mayo de dos mil veintitrés, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días, para hacerlo; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 336/2022, promovido por ****, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en eta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la Oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se trascriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- COMO ORDENADORA AL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. B).- COMO ORDENADORA AL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. C).- COMO EJECUTORA.- AL ACTUARIO ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. IV. ACTO RECLAMADO: DE LA ORDENADORA.- La falta de emplazamiento, la sentencia, su ejecución y el lanzamiento y en general todo acto tendiente a desposeerme del bien inmueble del que estoy en calidad de arrendadora. DE LA EJECUTORA.- La falta de emplazamiento y la ejecución de la sentencia mediante el lanzamiento. [.]" La parte quejosa manifestó que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda con el número 336/2022, y se previno a la quejosa a efecto de que exhibiera cinco copias de su escrito inicial y ocho del ocurso aclaratorio (fojas 35 a 37). Por acuerdo de diecinueve de julio de ese mismo año, se admitió a trámite la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 94 a 96). Luego, previos diferimientos de la audiencia de ley, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tuvieron ejecución en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se concluye que la parte quejosa ****, reclama lo siguiente: I. El emplazamiento practicado dentro del expediente ****, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por *****, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero *****; y, II. Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado dentro de dicho procedimiento, incluyendo la sentencia y actos de ejecución. Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del país, que precisa lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, señalados en el considerando que antecede, pues al rendir su informe con justificación negó la existencia del tales actos, bajo el argumento de que en ese órgano jurisdiccional no se encuentra radicado expediente alguno en el que la quejosa figure como parte actora o demandada (foja 104), sin que la quejosa hubiese ofrecido prueba alguna que desvirtuara la negativa informada. Además, esa negativa se ve corroborada con las constancias que remitió la diversa responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en esta localidad, relativas al expediente ****, relativo al juicio ordinario mercantil promovido por ****, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ****, en contra de *****, de las que se desprende que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, no ha tenido intervención o participación alguna en ese procedimiento judicial. Conviene señalar que las referidas documentales al constituir documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Así las cosas, es evidente que los actos que se le reclaman al Juez Segundo de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, resultan inexistentes. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta población consistente en todo lo actuado dentro del expediente ****, relativo al juicio ordinario mercantil promovido por ****, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ****, en contra de ****, pues si bien al rendir su informe justificado negó la existencia de tales actos (foja 102), lo cierto es que con posterioridad, por oficio 1162/2022, complementó su informe relativo aclarando la existencia del acto reclamado en la estadística judicial que se lleva en ese órgano jurisdiccional (foja 111); de ahí que deba tenerse por cierto para los efectos del presente juicio de amparo. Máxime que esto último se ve corroborado con las constancias certificadas que exhibió la responsable y que obran en un cuaderno de pruebas formado por separado, las cuales previamente fueron valoradas. De igual manera, es cierto el acto atribuido a la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en esta población, consistente en el emplazamiento practicado a la quejosa dentro de los autos del expediente ****, toda vez que aun cuando al rendir su informe con justificación negó la existencia del mismo, lo cierto es que de las referidas documentales certificadas se advierte su existencia. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Por cuestión de técnica, previo el estudio de fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente juicio, la suscrita estima que opera lo previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual prevé que el juicio de amparo será improcedente cuando no se promueva dentro de los términos que la ley señala, porque opera una presunción legal contra la parte peticionaria en el sentido de considerar que ésta se encuentra conforme con el acto autoritario y, por ello, no lo reclamó oportunamente. Para llegar a tal conclusión, es importante destacar el contenido del numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días. De modo excepcional, prevén diversos plazos para aquellos casos en que se impugnen normas generales autoaplicativas o procedimientos de extradición; cuando se reclamen sentencias definitivas condenatorias en un proceso penal que impongan pena de prisión; si mediante el acto reclamado se priva total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y cuando se combatan actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo, establecen que el cómputo respectivo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término deba computarse a partir del día siguiente al en que la persona agraviada tenga conocimiento o se ostente sabedora de los actos reclamados. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación, por ende, el término para promover el juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las hipótesis señaladas, sin soslayarse la idoneidad de cada supuesto y el carácter de la parte quejosa en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese sentido, es oportuno apuntar que por actos consentidos tácitamente deben entenderse aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término legal previsto para ello; además, para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto produzca un agravio en la esfera jurídica del gobernado y que éste no lo haya impugnado mediante el juicio de amparo dentro de dicho término. Así, en el supuesto de que la quejosa afirme ser tercera extraña, debe regir la regla de que tal plazo debe computarse a partir de que tenga conocimiento o se ostente sabedora de los actos que le ocasionan un agravio personal, actual y directo; por ende, si la afectación es causada desde el principio, al alegar la peticionaria que no fue emplazada, el término empieza a contar desde que conoce o sabe de la referida situación. En efecto, a partir de ese momento la parte quejosa que se ostente con tal carácter, quedará sujeta al término establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, esto es, de quince días para promover el juicio de amparo, en atención al conocimiento de la contienda en la que funge como parte formal, por lo que, si la presentación de la demanda ocurre con posterioridad a tal término, se actualizará la causa de improcedencia en comento. Ilustra sobre el tema, la jurisprudencia P./J. 6/98 del Tribunal Pleno del Máximo Órgano de Control Constitucional del país, que refiere: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Precisado lo anterior, en el caso, la inconforme se ostenta como tercera extraña a juicio y los actos que reclama consisten en la diligencia de emplazamiento que se le practicó en la contienda natural el dos de septiembre de dos mil diez; y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad. Empero, la quejosa se hizo sabedora de los actos reclamados el diecinueve de octubre de dos mil once, momento en que compareció en conjunto con el apoderado de la parte actora ****, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ***, al expediente ****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, a fin de exhibir un convenio judicial, ratificado ante la fe del Notario Público Número 159, con ejercicio en esta ciudad (fojas 88 a 100 del cuaderno de pruebas); el cual, por auto de siete de noviembre de dos mil once, fue aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada (foja 103). Incluso, en el referido expediente obra una diversa comparecencia de la hoy quejosa el quince de abril de dos mil catorce, en la que ocurrió a presentar un diverso convenio extrajudicial celebrado entre los contendientes (fojas 129 y 130). Por lo tanto, queda justificado en autos que la quejosa conoció de la existencia del juicio, al menos a partir del diecinueve de octubre de dos mil once, fecha en la que se apersonó al juicio de origen a exhibir convenio judicial celebrado con la institución de crédito actora. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que refiere la quejosa, encaminadas a que tuvo conocimiento hasta el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en que se presentaron en su domicilio unas personas que le manifestaron que el motivo de su presencia era para requerirle que de manera voluntaria hiciera entrega de dicho inmueble; sin embargo, lo anterior se desvirtúa, con la constancia precisada con anterioridad, que obra en el juicio de origen, donde se desprende que el diecinueve de octubre de dos mil once, compareció, en conjunto con el apoderado de la parte actora ****, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero *** al expediente ****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, a fin de exhibir un convenio judicial, ratificado ante la fe del Notario Público Número 159, con ejercicio en esta ciudad; por ende es ahí donde la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados. Además, cabe precisar que el conocimiento de los actos reclamados debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones, por ende, al haber comparecido a dicho juicio de origen, expresando el número de expediente, tipo de juicio y autoridad judicial que lo tramita, debe estimarse que desde ese momento tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Máxime, que durante la substanciación del presente sumario constitucional, la quejosa no objetó de falsas las firmas que obran en los anexos del informe justificado, consistentes en los ocursos mencionados de diecinueve de octubre de dos mil once y quince de abril de dos mil catorce, de los que se advierte que compareció al juicio génesis. Lo anterior, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, del que se desprende que la materia del incidente de objeción de documentos en el juicio de amparo, es dilucidar, precisamente, si el documento objetado es auténtico, lo que el juzgador debe apreciar al momento de dictar la sentencia, a la luz de las pruebas relativas a la autenticidad del documento impugnado. En ese contexto, se justifica que el término de quince días mencionado, deba computarse a partir del día siguiente al en que la peticionaria tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, el diecinueve de octubre de dos mil once, pues ello refleja que al menos en esa fecha, conocía de la existencia de la contienda natural y, por ende, estaba en aptitud de promover el juicio de amparo si, en su opinión, se violaba en su perjuicio el derecho de audiencia. De ese modo, si la quejosa conoció del juicio instaurado en su contra desde el diecinueve de octubre de dos mil once y su demanda de amparo la presentó hasta el veintiocho de junio de dos mil veintidós, es evidente que transcurrió en exceso el término a que refiere el artículo 17 de la ley de la materia y, por ende, es incuestionable que la presentación de su demanda de amparo resultó extemporánea. Lo anterior, permite tener por consentidos tácitamente los actos reclamados para efectos del amparo, al advertirse de las constancias de autos que, por parte de la peticionaria, no existía un desconocimiento total del juicio natural en el que funge como demandada, y que al margen de lo anterior, presentó su reclamo fuera de la temporalidad establecida en la citada normatividad. Resulta aplicable a lo antes expuesto, por las razones que la informan, la tesis IX.2o.6 K del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. SI SE CONOCE LA EXISTENCIA DEL JUICIO DEL QUE DERIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Conforme a la jurisprudencia P./J.18/94, publicada en las páginas 16 y 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 78, con la voz "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION", para que proceda el juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento, por irregularidades en su práctica, es necesario que el promovente tenga un desconocimiento total del juicio del que emana dicho emplazamiento, pues de no ser así, no puede equiparársele a un tercero extraño. Como en el caso de que la persona que pide amparo contra un emplazamiento que estima irregular, tiene conocimiento con mucha anticipación del juicio en el cual se llevó a cabo, por haber manifestado en un escrito firmado por ella misma, dirigido a la autoridad que conoce del caso, el número del juicio y el nombre del demandante, así como el hecho de ser la parte demandada; lo que no deja lugar a dudas de su conocimiento del juicio y de que estuvo en posibilidad de acudir al juicio ordinario a defender sus intereses, en lugar de promover el juicio de amparo indirecto." En tales condiciones, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo. SEXTO. DECISIÓN. En términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracciones IV y V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados consistentes en todo lo actuado con posterioridad a la diligencia que se tilda de ilegal, al no advertirse de los conceptos de violación que se combatan por vicios propios, pues su inconstitucionalidad se hace depender de los vicios atribuidos al emplazamiento reclamado. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIV, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 336/2022, promovido por ****. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy once de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida de José Luis Batres Antonio, secretario, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la quejosa: Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIV, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 336/2022, promovido por Adriana Lily Chavira García. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se agrega escrito de la Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de la moral tercera interesada, atento a su contenido se tiene como nuevo domicilio de la tercera interesada el señalado en su escrito. Notifíquese.

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