Adriana Ledesma Miramontes

Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
223/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos
  • Adriana Ledesma Miramontes
  • Adriana Ledesma Miramontes y Otros.
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, en lo sustancial comunica fecha para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a los menores de iniciales ******, contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID-19. De lo anterior, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de veinte de junio pasado, se declaró cumplida la sentencia. Por otra parte, visto el estado de autos del juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinte de junio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del juicio en que se actúa evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracciones I, inciso a) y b), del referido Acuerdo General, toda vez que en relación al primer inciso, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, y del cual prevé que son depurables los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; de ahí que se estima que dicha suspensión comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano, cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional; y por cuanto al segundo inciso, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito este sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Luego, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos exhibidos en su demanda de amparo; por tanto, requiérase a la citada parte, para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger los mismos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, en cumplimiento a la suspensión decretada en el presente juicio de amparo, solicita informar a la parte quejosa para que el quince de julio de dos mil veintidós, se procederá a la aplicación de la segunda dosis. Atento a lo anterior, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de veinte de junio pasado, se declaró cumplida la sentencia. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María Guadalupe Rivero Trujillo, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mesa ll. Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en determinación de siete de junio de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Secretario de Salud del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México, realizaron en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - La negativa de aplicar la vacuna a los menores de identidad reservada M.A.M.L. y M.A.M.L., contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como todos sus efectos y consecuencias. Previa substanciación del juicio de amparo, el siete de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los menores de identidad reservada de iniciales M.A.M.L. y M.A.M.L., para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder a los menores aquí quejosos de identidad reservada de iniciales M.A.M.L., y M.A.M.L., el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Secretario de Salud del Estado de México por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la segunda dosis de la referida vacuna, a los menores de edad quejosos de identidad reservada de iniciales M.A.M.L., y M.A.M.L., -toda vez que resulta un hecho notorio que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, la parte quejosa manifestó que ya fue aplicada la primera dosis del biológico en mención a la citada menor de identidad reservada-, y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. Quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad de la menor quejosa; máxime que es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Precisando que la presente sentencia quedará cumplida una vez que se acredite que se aplicó la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la menor quejosa, o bien, de ser el caso, la responsable justifique las razones por las que no se le aplicará, ello, en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determine; y con las constancias que sustenten su dicho." El siete de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y dado que por auto de treinta y uno de mayo, se tuvo por recibido el oficio del apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, por la cual informó que los menores aquí quejosos, habían sido inoculados con la segunda dosis de la vacuna en comento, se dio vista a la parte quejosa en relación con la forma en que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector, sin que realizarán pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Secretario de Salud del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México, dieron cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: Mesa ll. Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en determinación de siete de junio de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Secretario de Salud del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México, realizaron en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - La negativa de aplicar la vacuna a los menores de identidad reservada M.A.M.L. y M.A.M.L., contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como todos sus efectos y consecuencias. Previa substanciación del juicio de amparo, el siete de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los menores de identidad reservada de iniciales M.A.M.L. y M.A.M.L., para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder a los menores aquí quejosos de identidad reservada de iniciales M.A.M.L., y M.A.M.L., el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Secretario de Salud del Estado de México por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la segunda dosis de la referida vacuna, a los menores de edad quejosos de identidad reservada de iniciales M.A.M.L., y M.A.M.L., -toda vez que resulta un hecho notorio que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, la parte quejosa manifestó que ya fue aplicada la primera dosis del biológico en mención a la citada menor de identidad reservada-, y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. Quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad de la menor quejosa; máxime que es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Precisando que la presente sentencia quedará cumplida una vez que se acredite que se aplicó la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la menor quejosa, o bien, de ser el caso, la responsable justifique las razones por las que no se le aplicará, ello, en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determine; y con las constancias que sustenten su dicho." El siete de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y dado que por auto de treinta y uno de mayo, se tuvo por recibido el oficio del apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, por la cual informó que los menores aquí quejosos, habían sido inoculados con la segunda dosis de la vacuna en comento, se dio vista a la parte quejosa en relación con la forma en que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector, sin que realizarán pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Secretario de Salud del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México, dieron cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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