Adriana Jacob Gama
Expediente 662/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adriana Jacob Gama
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintidós. ANOTACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo suscrita por Adriana Jacob Gama, por propio derecho y en su carácter de miembro del colectivo "FRENA", contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente con el número 662/2022-IV que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Desechamiento de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Autoridades responsables. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretario de Gobernación. Instituto Nacional de Migración (INM) Secretario de Educación Pública. Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Secretario del Trabajo y Previsión Social Secretario de Salud. Dirección General de Profesiones. Transcripción del acto reclamado. a) Reclamo por su sola entrada en vigor la norma general consistente en: El Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál, fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacuna-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. b) La omisión de remitir y ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál, fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacuna-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Gobernación. c) La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál, fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacuna-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Gobernación. d) La omisión de remitir para su aprobación al Senado de la República el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál, fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacuna-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación y al Secretario de Salud. e) En caso de que no se considere como norma general, ad cautelam, señalo como acto reclamado el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál, fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacuna-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. f) La contratación de quinientos médicos cubanos para brindar servicio público en México. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Trabajo y Previsión Social, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Salud y al Secretario de Educación Pública. g) La asignación de dinero de una partida de presupuesto público para el pago por el traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál, fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacuna-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público. h) La omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 50. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México en relación con la calidad académica y la homologación de los estudios de medicina de los quinientos médicos de cuba, a los que se refiere el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál, fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacuna-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Salud y al Secretario de Educación Pública. i) La autorización del ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba, sin el proceso de análisis de medicamentos y patente, al Secretario de Salud." Precisión de los actos reclamados. La autorización y contratación de médicos, enfermeras y demás personal del sector salud de nacionalidad extranjera, específicamente, cubana, para trabajar en las áreas e instalaciones de prestación del servicio público de salud en la República Mexicana, incluso el permitirles traer medicinas de su país para el tratamiento de los connacionales y, con ello, la asignación de la partida presupuestal para el pago de dicho personal; lo anterior, sin verificar que se encuentren acreditados para ejercer tales profesiones, así como las donaciones a gobiernos extranjeros. De la Improcedencia de la demanda Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara o patentemente y por indudable, aquello que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así, a criterio de este juzgador, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." [Énfasis añadido]. Como puede apreciarse, el precepto constitucional establece una distinción para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, a saber: El titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, o El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en forma colectiva), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. De lo anterior deviene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera que es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio constituye un tema que, de ordinario, se identifica con la propia pretensión y, por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el juzgador federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXIV.2o. J/5 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2067, número de registro 2021644, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO." En primer término, es importante precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Ahora bien, en relación con el interés legítimo, dicho interés supone solo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que este no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Página 882, con registro de localización 2002812, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De ahí que, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad, y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular sea personal, directo o indirecto; es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercerla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Como sustento a lo anterior, se cita la tesis P./J. 50/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, número de registro 2007921, que a la letra estatuye: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Así, el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Ahora bien, previo a continuar, es necesario puntualizar que la parte quejosa reclama, esencialmente, una autorización por parte del Ejecutivo Federal a fin de contratar a personal extranjero del sector de salud para desempeñar sus funciones en instalaciones hospitalarias en nuestro país, a quienes se les autoriza el pago correspondiente, sin verificar que dicho personal esté acreditado para ejercer la profesión correspondiente, así como donaciones a gobiernos extranjeros, con todo lo cual, afirma, se ocasiona un perjuicio a la sociedad en general. De ahí que dichas actuaciones atribuidas a las responsables resulten de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos; así, el estudio del presente asunto se ceñirá a determinar si la promovente cuenta con alguno de los tipos de interés que se ha señalado para promover el presente juicio de amparo. Luego, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es entendible que podrá acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés. En esta hipótesis, debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: -La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. -La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. -La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso al titular de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende como aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tópico del interés legítimo, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. El interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo, entonces, a aquella persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, cuyo rubro indica: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el caso concreto, como se adelantó, los actos reclamados consisten en una autorización o convenio por parte del Ejecutivo Federal a fin de contratar a personal extranjero del sector de salud, para que laboren en instalaciones hospitalarias en nuestro país, incluso, sin verificar que dicho personal esté acreditado para ejercer la profesión correspondiente, permitiéndoles traer medicinas de su país, así como la donación de numerario a otros países. Sin embargo, el solicitante del amparo no evidencia ni señala en forma alguna cómo esos hechos le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado. De suerte que claramente aduce en su escrito de demanda un interés igual al de la generalidad de los gobernados; empero, no demuestra que tal actuación pudiera generar una afectación en algún derecho en relación con la donación de recursos o autorización de contratación de dicho personal del sector de salud que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. Por ende, no puede considerarse que tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación con el resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, al considerar para ello que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación con el resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que se infringen los artículos 14 y 16 constitucionale que consagra la garantía de audiencia, de seguridad jurídica y de legalidad de todos los médicos nacionales al discriminarlos, todo lo cual, denota con claridad para este juzgador, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por la población en general. Sustenta lo antes expuesto la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, de registro digital 2009201, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL." Por consiguiente, la parte quejosa no ostenta el interés legítimo necesario para acudir a esta instancia constitucional, pues, en su caso, lo que demuestra es un interés simple, el cual consiste en aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 37, Primera Parte, página 27, número de registro 233517, cuyo rubro estatuye: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR." Por ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de registro digital 2014433, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado como un medio de comunicación no procesal a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1240, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. También, se les informa que, previo a comparecer a recibir algún documento, valor o copias relacionadas con el presente asunto, deberán comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número y extensión indicado en párrafos anteriores, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, con relación al periodo de vigencia, para laborar de manera presencial (7:45 a.m. a 15:00 p.m.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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