Adriana Ivonne Sepulveda Ccoolle
Expediente 881/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 39 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adriana Ivonne Sepulveda Ccoolle
- Ministerio Publico Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Se tiene por recibido el oficio enviado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual informa que se admitió el recurso de revisión que interpuso el Director de Área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, en contra de la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado con el número 501/2023, de su índice; en consecuencia, se toma conocimiento y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual requiere a este Juzgado federal a fin de que se integre debidamente el expediente electrónico para substanciar el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en razón de que refiere que no obran las constancias de notificación de las autoridades responsables denominadas 1] Directora General y 2] Responsable General, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, CPS femenil Morelos, respecto de la sentencia dictada en el presente juicio. Atento a lo anterior, infórmese a la Superioridad que en el presente asunto las autoridades responsables únicamente lo son: a). Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas b). Director de la Asesoría Jurídica Federal de dicha comisión. c). Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura. d). Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 11 "B" de la Fiscalía en Investigación del Delito de Tortura. e). Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y d). Fiscal General de la República. Asimismo, comuníquesele que mediante auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente asunto, este órgano jurisdiccional hizo la separación de juicios de amparo en relación al acto que se le atribuyó a la autoridad responsable denominada 1] "Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, denominado "CPS Femenil Morelos" ordenando la expedición de copias certificadas de este juicio para ser remitidas al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y se le diera el trámite de una demanda nueva la cual quedó registrada con el número 1584/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. De igual manera, en dicho auto se tuvo por inexistente a la autoridad responsable denominada 2] Responsable General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, CPS femenil Morelos. En ese sentido, dichas autoridades no son responsables en el presente juicio de amparo, lo que se le comunica a la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, Director de Área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo y expresan los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte QUEJOSA la sentencia dictada en once de agosto de dos mil veintitrés, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ********************, y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ...III. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al [1] Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, [2] Director de la Asesoría Jurídica Federal de dicha comisión y [3] Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura y [4] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 11 "B" de la Fiscalía en Investigación del Delito de Tortura, consistente en la a) omisión por parte del director referido de brindar asesoría jurídica, y de los restantes de garantizar dentro del ámbito de sus competencias que el director mencionado, le brinde asesoría jurídica a la aquí quejosa. Lo anterior puesto que con independencia de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, y tal como señalaron el [1] Titular y [2] Director de la Asesoría Jurídica Federal, ambas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tal omisión resulta inexistente, al no estar acreditado que con anterioridad a la presentación de la demanda, la quejosa hubiera solicitado dicha asesoría jurídica especializada. Precisamente, si bien es cierto que al tratarse de actos omisivos los reclamados, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de justificar que sí realizaron la acción cuya omisión se les reclama -de brindar asesoría jurídica especializada en este caso-, para que este tipo de actos para ser existentes se requiere que la parte quejosa demuestre que existe el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, tal como lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), con registro 2016418, del contenido siguiente: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Es en ese sentido que sólo se puede considerar que una autoridad tiene el deber de realizar una conducta, cuando está en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2018110, del contenido siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por tanto, es que para que a una autoridad le sea atribuible una omisión de ejercer una facultad discrecional -no oficiosa-, es necesario que se encuentre acreditado que dicha autoridad tuvo conocimiento de la petición de parte respectiva, pues sólo de esa forma puede considerarse que dicha omisión es existente, ya que ante la falta de una solicitud al respecto, es que no se encuentra obligada a actuar en ese sentido, pues incluso, se encuentra imposibilitada para ello, ante el desconocimiento de dicha circunstancia, resulta ilustrativa por analogía el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, del contenido siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Lo cual guarda congruencia con el marco normativo aplicable, ya que conforme a los artículos 56 y 57 del Reglamento de la Ley General de Víctimas, las víctimas tienen derecho a nombrar libremente a su propio asesor jurídico, y sólo en caso de que no quiera o no pueda designar un abogado, es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene la obligación de nombrarle uno. Siendo que conforme a lo informado por el [3] Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, al momento de la presentación de la demanda de amparo la quejosa estaba representada por la licenciada ********************, como Defensora Pública Federal, tan es así que en el presente juicio de amparo está siendo asesorada por sus autorizados quienes pertenecen a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, de donde es advierte que esta última institución -Instituto Federal de Defensoría Pública-, es la que le está brindando tal servicio. Luego, es que no existía una obligación oficiosa de designarle asesor por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues para ello era necesaria la solicitud de la quejosa, en tanto que ella había designado libremente a diversos asesores, por lo que era requerida solicitud de su parte, en la que designara para tal efecto a personas diversas, pertenecientes a una diversa institución. Por tanto, al no estar acreditado que al momento de la presentación de la demanda la quejosa ya había solicitado dicha asesoría, es que resulta inexistente el acto que les reclama a las autoridades de referencia. Lo expuesto máxime que conforme al oficio recibido el trece de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el [4] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 11 "B" de la Fiscalía en Investigación del Delito de Tortura, informó que la quejosa el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés designó como su asesora a la adscrita a la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo que actualmente ya cuenta con dicha asesoría especializada. Ahora bien, tampoco resultan existentes los actos reclamados al [3] Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, [4] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 11 "B" de la Fiscalía en Investigación del Delito de Tortura, [5] Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y [6] Fiscal General de la República, consistentes en [4] la omisión de investigar los actos de tortura, malos tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes, así como delitos vinculados, y de garantizar en el ámbito de sus competencias que se realice dicha investigación. Ello en tanto que, de la misma forma, se encuentra comprobada la inexistencia de tales omisiones, ya que como informó el [4] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 11 "B" de la Fiscalía en Investigación del Delito de Tortura, y conforme a las constancias remitidas por las responsables, se advierte que antes de la presentación de la demanda de amparo [dieciocho de mayo de dos mil veintidós], desde el quince de enero de dos mil dieciséis se inició la indagatoria ********************, instruida actualmente por el [4] Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 11 "B" de la Fiscalía en Investigación del Delito de Tortura, en la cual se investigan diversos actos de tortura denunciados entre otros por la aquí quejosa, en la cual se han desahogado diversas diligencias, y la que aún se encuentra en integración, pues conforme a la relación de pruebas faltante hecha por dicho agente en su informe justificado, aún se encuentran pendientes de integrar diversas pruebas. Luego, es que no resulta cierta la omisión que se les atribuye, porque actualmente sí se encuentran investigando los actos de tortura que reclama. Por otra parte, de la misma forma, resulta inexistente el diverso acto reclamado al [3] Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, y [5] Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, consistente en la c) omisión de emitir protocolos y lineamientos actualizados para la investigación de casos de tortura con perspectiva de género, y con enfoque diferenciado. Lo anterior, pues con anterioridad a la presentación de la demanda, fue aprobado el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, por parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el cual es implementado por las responsables, como lo manifestaron en su informes, documento cuyo extracto fue publicado el dos de febrero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, y el cual se encuentra disponible en la normateca sustantiva del portal oficial de la Procuraduría General de la República. El cual constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º de esta última, resultando aplicable al respecto la jurisprudencia XX.2º.J/24, con registro 168124, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Ello aunado a que en el mismo se contienen previsiones con perspectiva de género, como la prevista en su anexo, aunado a que su implementación requiere que se atienda en conjunto con diversas normativas, entre ellas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo particular la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de las cuales deriva la obligación de aplicarlo con un enfoque de perspectiva de género. En consecuencia, es que no existe la omisión reclamada, máxime que en todo caso, aun cuando resultara existente, conforme a los criterios de nuestro tribunal constitucional, el juicio de amparo no procede contra omisiones legislativas o normativas simples, como por ejemplo se advierte de la tesis 1a. XX/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2016424 y rubro "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO", entendiendo por estas, aquellas en las que no existe un mandato constitucional que establece de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido. Lo que acontece en la especie, pues al no existir un mandato constitucional a ese aspecto, es que tal omisión se constituye como una simple, resultando ilustrativa por analogía la tesis I.1o.A.E.231 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, con registro 2017205, del contenido siguiente: "OMISIÓN NORMATIVA. NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE QUE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES NO EMITA LAS NORMAS GENERALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, AL TRATARSE DE UNA FACULTAD DISCRECIONAL Y NO DE UN MANDATO CONSTITUCIONAL EXPRESO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, en sesión de 15 de noviembre de 2017, señaló que una omisión legislativa se presenta cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Esto es, implica la existencia de un mandato puntual de jerarquía constitucional para que el órgano o los órganos legislativos expidan la normativa con base en la cual habrá de regularse una determinada situación, y de la que depende la posibilidad de hacer efectivos ciertos derechos. Por su parte, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su carácter de órgano constitucional autónomo, encargado de la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, cuenta con facultades para expedir, en los aspectos técnicos especializados que le corresponden, las normas generales necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. En estas condiciones, dicha habilitación no puede considerarse un mandato expreso de regulación jurídica, que deba tenerse como base para atribuir a ese órgano un incumplimiento equiparable a una omisión legislativa -en este caso, normativa-, pues aun cuando efectivamente se comporta como una autoridad productora de disposiciones de carácter general en las cuestiones de su competencia, no se está en presencia de una obligación constitucional de emitir una normativa determinada y, en todo caso, se trata de una facultad discrecional tendente al cumplimiento de los objetivos que tiene asignados en los ámbitos constitucional y legal." Por tanto, es que resulta inexistente el acto analizado, y por ello de igual forma no es cierto el acto atribuido [3] Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura relativo a la d) omisión de operar el Registro Nacional del Delito de Tortura en términos del artículo 58 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, pues con anterioridad a la presentación de la demanda se encuentra disponible el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), en el portal web https://renadet.fgr.org.mx/, información que se encuentra corroborada con el ingreso a tal hipervínculo, lo cual constituye un hecho notorio, en los términos de las disposiciones y criterio previamente citados. Ello aunado a que el quince de diciembre de dos mil veintiuno se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del Registro Nacional del Delito de Tortura, de allí que no resulte cierto que hayan incurrido en dicha omisión. Finalmente, tampoco resulta cierto el acto último reclamado al [3] Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, relativo a la e) omisión de inscribir a la quejosa en el Registro Nacional del Delito de Tortura, pues se tiene que dado la época de los hechos en que inició la la indagatoria ********************, la misma se rige por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en la que no está previsto el Registro Nacional de Tortura. De allí que en un primer momento no resulta aplicable la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, tal como dispone su transitorio segundo, sin que se advierta que la quejosa hubiera solicitado su aplicación retroactiva, en su beneficio, de allí que dicha autoridad no tenía la obligación oficiosa de realizar la acción que se le atribuye, pues para ello se requiere un pronunciamiento de autoridad competente, resultando ilustrativa por ello la jurisprudencia 1a./J. 7/95, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200487, del contenido siguiente: "RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. DEBE HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional. Jurídicamente la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites. Con el amparo judicial los tribunales de la Federación, al conocer de los respectivos juicios, amplían su esfera de competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos de todas las autoridades ordinarias judiciales, sin que ello implique que pueden sustituirse en funciones propias de estas últimas sino sólo hasta el límite de analizar las violaciones de procedimiento o de fondo que en su caso ellas hubieran cometido, por lo que propiamente deben estudiar el problema jurídico planteado ante este tipo de autoridades de acuerdo con las normas que rijan la materia y resulten ser las aplicables en el tiempo y en el espacio, estableciendo así el consiguiente control constitucional previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales; por ende, el juicio de amparo, además de ser un medio de impugnación constitucional (lato sensu), es también un medio de control de legalidad. Así las cosas, atendiendo a su naturaleza, las sentencias de amparo sólo deben decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. Así, cuando un órgano jurisdiccional de amparo conoce de un acto reclamado que proviene de un proceso penal, no puede sustituirse en funciones propias de la autoridad responsable, a saber: en determinar de manera directa si una conducta es constitutiva de delito o no, declarar sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado o imponer las penas y medidas de seguridad establecidas en las leyes respectivas, pues lo único que debe de analizar es la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la aplicación exacta y puntual de las leyes adjetiva y sustantiva correspondientes por razones de materia, ámbito territorial y tiempo, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna. Luego, como el juicio de garantías no es una instancia más en el proceso penal y como al juzgador constitucional de amparo no corresponde calificar ni sancionar en su caso la conducta del acusado, procesado o sentenciado, él no debe, al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, aplicar una ley diferente a la que estuvo en vigor al emitir dicho acto, pues de esta manera ya no estaría juzgando la conducta de la autoridad responsable, que se estima violatoria de garantías, sino sustituyéndose en funciones específicas de ésta y, por ende, creando una instancia más dentro del proceso penal, con el consecuente quebrantamiento del orden jurídico y la tergiversación de la esencia y los fines del juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el que, en términos del artículo 14 constitucional y de diversas leyes sustantivas, esté permitida la aplicación retroactiva de la ley penal cuando ésta beneficie al quejoso y no se lesionen derechos de tercero, pues la aplicación de tal ley debe hacerse siempre por autoridad competente y dentro del proceso penal, o el procedimiento de ejecución, según corresponda, pero nunca en el juicio de garantías; lo cual no implica dejar en estado de indefensión al interesado, porque en caso de que hubiera concluido la segunda instancia, la autoridad competente de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, aun de oficio, deberá aplicar la ley más favorable al sentenciado." Por tanto, al resultar inexistentes los actos reclamados a las autoridades precisadas en este juicio, es que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente asunto por cuanto a dichos actos. Sin que se inadviertan los alegatos formulados por la parte quejosa, empero, no resulta obligación de este juzgado su estudio, en tanto que los mismos no forman parte de la litis en este juicio de amparo conforme a la jurisprudencia P.J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por tanto, con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en el último de ellos, ambos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe, hoy once de agosto de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
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