Adriana Isabel Ayala Castro

Expediente 565/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
565/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Adriana Isabel Ayala Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es depurable en términos del artículo 18, fracción l, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, en atención a que se negó la protección constitucional en este juicio de amparo. El incidente de suspensión es destruible, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, conforme a los lineamientos que establece el citado Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. En cumplimento a lo establecido en el Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que en su caso haya exhibido en el presente asunto, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se procederá a su glose y tendrá el mismo destino del presente asunto, es decir su destrucción junto con el expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece, para lo cual se informa que el secretario encargado del presente expediente es Martin Peñaloza Contreras y su número de celular es 7221609445, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y mediante lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2359/2022, del trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del treinta de junio de junio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia federal en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas; glósense a estos autos los relativos al incidente de suspensión. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2359/2022, del trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con dieciocho minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 565/2022-VI, promovido por ************, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente; asimismo, hace constar: que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído del veintitrés de mayo del año en curso, a efecto de que aclarara o corrigiera la denominación de la autoridad señalada como "Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Subsede de Ecatepec de Morelos en el Estado de México de la Fiscalía General de la República", transcurrió del veintiséis al treinta, descontando los días veintiocho y veintinueve, por haber sido inhábil, todos de mayo del año en curso. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar; y, respecto a la certificación secretarial de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo del veintitrés de mayo de la anualidad en curso; por tanto, se tiene por inexistente a dicha autoridad y se suspende toda comunicación dirigida a ella. Periodo de pruebas. Abierto este periodo, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas las ofrecidas por las partes, y que deberán tomarse en consideración al momento de resolver. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra esta etapa. Periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se tienen por formulado el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 565/2022-VI; y, R E S U L T A N D O I. ***********, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público Federal titular de la Subsede de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, de la Fiscalía General de la República y otra autoridad. II. Por auto del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 565/2022-VI; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; y se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno. III. En términos del acta que antecede se tuvo por inexistente a la autoridad semanada por el quejoso como "Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Subsede de Ecatepec de Morelos en el Estado de México de la Fiscalía General de la República", por lo que se suspendió toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados fueron realizados por autoridades residentes dentro de la demarcación territorial donde este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: El aseguramiento del inmueble ubicado en Playa Mandinga, lote 23, manzana 503, fraccionamiento Jardines de Morelos, Sección Playas, código postal 55070, Ecatepec de Morelos, Estado de México. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, dado que así lo refirió el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-V-6 Ecatepec del Estado de México (en su denominación correcta), al rendir su informe justificado. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Al no advertirse causa de improcedencia alegada por las partes ni advertida de oficio procede examinar la cuestión constitucional planteada en los conceptos de violación. En el único concepto de violación, la quejosa manifiesta esencialmente, que se transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 14 constitucional, dado que dicho numeral establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sostiene que se debe otorgar la oportunidad de defensa, previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y que las autoridades tienen la obligación que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento para una adecuada defensa. Es infundado el concepto de violación previamente sintetizado. Efectivamente, carece de razón la quejosa, porque el aseguramiento reclamado, dentro de la carpeta de investigación identificada con el número FED/MEX/ECAT/0001535/2022, no se encuentra sujeto a la prerrogativa de audiencia previa que tutela el artículo 14 constitucional. Al respecto, el mencionado numeral dispone: "Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." El derecho de audiencia, a la que se constriñe el artículo trascrito, consiste en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más elementales, como lo son la vida, la libertad y propiedades o posesiones. El acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que solo es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; en cambio, en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un fin diverso. Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquél cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por el contrario, cuando el acto es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. De manera que si la afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto, el derecho de audiencia, mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida preventiva o precautoria, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente se brinde al sujeto la referida prerrogativa. En ese orden, como se anunció, carece de razón la inconforme, pues inversamente a lo que sostiene, con el aseguramiento impugnado, no se restringen en forma definitiva los derechos adquiridos por él sobre el bien inmueble de que se trata, sino que éste se afecta sólo de manera provisional. Esto es así, pues el aseguramiento reclamado, constituye un acto de molestia, sujeto a diversas exigencias constitucionales, entre las cuales no se destaca la audiencia previa como lo pretende. Se afirma lo anterior, porque si bien el aseguramiento produce la indisponibilidad del predio asegurado mientras se resuelve en definitiva la investigación que existe de por medio, cierto es que la afectación derivada de tal aseguramiento no implica una privación definitiva o absoluta de la propiedad, posesión o disponibilidad del bien asegurado. En efecto, el citado aseguramiento consiste en poner el inmueble a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales, para garantizar, por un lado, la acreditación del delito o la probable responsabilidad penal y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso llegara a dictarse; de ahí que, por su naturaleza, se trate de una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige la garantía de audiencia. En ese orden de ideas, puede determinarse como elementos del aseguramiento, que éste: a) es una medida provisional; b) recae sobre los instrumentos, objetos y productos del delito, así como en cualquier bien que sin serlo contenga huellas o tenga relación con el mismo; c) afecta de manera provisional los bienes a su poseedor o propietario; d) tiene como fin proteger los bienes materia de éste, para garantizar la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado y/o la reparación del daño y el decomiso, en caso de que se impongan tales sanciones; e) puede ser decretado tanto por el Ministerio Público como por la autoridad judicial; y f) no exige ninguna responsabilidad penal ni situación específica del poseedor o propietario de los bienes materia de la medida; y por tanto no requiere de audiencia previa. Se cita por el criterio que la conforma, en lo conducente, la diversa tesis de Jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 167144, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 31/2009, Página: 5, cuyo contenido es el que enseguida se reproduce: "ASEGURAMIENTO DE BIENES PERTENECIENTES O EN POSESIÓN DE UN TERCERO AJENO A LA CAUSA PENAL. PARA DECRETARLO NO ES NECESARIO QUE ÉSTE SEA RESPONSABLE POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO O QUE SE ENCUENTRE SUJETO A PROCESO. El aseguramiento de bienes previsto en el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente los bienes sobre los que recae, ya que no constituye un fin en sí mismo sino que pretende proteger los bienes materia de la medida para garantizar un futuro y posible decomiso o la eventual reparación del daño, así como asegurar la comprobación del cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del inculpado, protegiendo la subsistencia de los posibles medios de prueba; de ahí que no prejuzga ni tiene relación con la responsabilidad penal del poseedor o propietario del bien respectivo. Lo anterior distingue dicha medida del decomiso, que es una pena, cuya afectación sobre el bien es definitiva y se impone en razón de la responsabilidad penal del sentenciado, sea por el delito de la causa penal o por el diverso de encubrimiento. En congruencia con lo anterior y en virtud de que, por un lado, el referido artículo 181 sólo requiere que los bienes asegurados sean instrumentos, objetos o productos del delito, o que contengan huellas o puedan tener relación con éste, sin exigir que el poseedor o propietario se encuentre en alguna situación específica y, por el otro, que el artículo 40 del Código Penal Federal no establece algún requisito al respecto, se concluye que para decretar el aseguramiento de bienes pertenecientes o en posesión de un tercero ajeno a la causa penal, no es necesario que éste sea responsable del delito de encubrimiento o que se encuentre sujeto a proceso, sino que basta con atender a los extremos previstos en el indicado artículo 181." También apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis 1a. XXXIX/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 249, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO DE. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO PREVÉ, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 1994, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", que la garantía de audiencia previa consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, aquellos que constituyen un fin en sí mismos, con existencia independiente y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el hecho de que el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, al prever el aseguramiento practicado por el Ministerio Público de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, sólo contemple la obligación de dar al afectado la posibilidad de ser oído en su defensa con posterioridad a dicho aseguramiento, no transgrede la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque si bien es cierto que el citado aseguramiento produce la indisponibilidad del bien asegurado mientras se resuelve en definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal, también lo es que la afectación que se realiza a través de tal aseguramiento no implica una privación definitiva de la propiedad, de la posesión o de la disponibilidad de los bienes asegurados, ya que su efecto consiste en ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales para garantizar, por un lado, la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte; de ahí que, por su naturaleza, se trate de una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige la garantía de audiencia." Aunado a lo que antecede, según se advierte de las copias certificadas de la carpeta de investigación FED/MEX/ECAT/0001535/2022, el inmueble de la quejosa fue asegurado en razón de que fue utilizado como instrumento de delito, ya que en el mismo se encontraron diversos indicios que hicieron presumir que en su interior se cometieron actividades ilícitas relacionadas a la sustracción de hidrocarburos. Lo expuesto implica que al estimarse dicho bien raíz como un instrumento del mencionado delito, el Ministerio Público ejerce las facultades que le confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que previamente a ello, se reitera, hubiera estado obligado a otorgar derecho de audiencia. En consecuencia, de acuerdo con las razones vertidas es que se estima que no existe transgresión al contenido del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, el cual prevé que un acto privativo de derechos sólo puede dictarse hasta que una persona sea oída con las debidas garantías, pues contrario a lo sostenido, al estar en presencia de un acto de molestia como el que nos ocupa, ese derecho no se da en forma previa, sino posterior. De ahí que el aseguramiento del inmueble defendido por la quejosa, se encuentre permitido por el citado artículo 14 constitucional, al ser parte de una investigación previa que constituye la etapa inicial del procedimiento penal que, en su caso, puede culminar con la determinación de dejar o no, a disposición del propietario, el inmueble asegurado. De acuerdo con lo anterior, y al no asistir razón al quejoso respecto del tema de derecho de audiencia previo al aseguramiento del bien inmueble pluricitado, se impone declarar infundado el concepto de violación analizado. No es óbice a lo anterior que la quejosa refiera que el inmueble que defiende por esta vía, ubicado en Playa Mandinga, lote 23, manzana 503, fraccionamiento Jardines de Morelos, Sección Playas, código postal 55070, Ecatepec de Morelos, Estado de México, y el señalado por el ministerio público responsable, sito calle Playa Mandingo, esquina Playa Marquelia, en la colonia Jardines de Morelos, Sección Playas, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, coordenadas 19.60649 y -98.99249, son distintos. Ello es así, atendiendo a que de las constancias que remitió la responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comprueba que dicho inmueble coincide en cuanto a las colindancias, colonia y calle, lo que permite determinar que se trata del mismo bien. Por lo expuesto y fundado, S E R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ************, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintidós. Téngase por formulado el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de él en la audiencia constitucional. Asimismo, una vez que se dicte la resolución en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso precepto 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2o., expídase la copia certificada que solicita, la cual remítasele mediante oficio que al efecto se genere. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra transcurriendo la vista dada a las parte con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con dieciocho minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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