Adriana Imelda Maass Michel
Expediente 513/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Adriana Imelda Maass Michel
- Ignacio Romero Márquez y Otros.
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Adriana Imelda Maass Michel, Alfonso Moya Hernández, Jesús Cruz Navarro e Ignacio Romero Márquez, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 513/2019 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, mayo de mil novecientos noventa y ocho, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, se advierte que si bien la demanda de amparo fue promovida y signada por diversas personas, lo cierto es que la misma carece de firma autógrafa por cuanto hace a Ignacio Romero Márquez, por lo cual, se estima de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6º de la legislación antes citada, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del Artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley.". De conformidad con lo dispuesto en el transcrito artículo 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la pre-existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano de control constitucional para solicitar el cese de esa violación, de lo cual se reitera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés que debe recaer en el promovente del amparo que para la procedencia del juicio constitucional debe tomarse en consideración. En ese sentido, si atendemos a que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad, el mínimo requisito que debe contener su escrito es la manifestación de voluntad, esto es, la firma que calce su solicitud en original, ya que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus derechos y prerrogativas. Por lo tanto, al no obrar al calce de la presente demanda firma en original de Ignacio Romero Márquez, es evidente que la misma carece de validez por cuanto hace al mismo, pues no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe de quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de aceptar una demanda de amparo; por lo que al no constituir ninguna firma el documento que la contenga carece de validez. A mayor abundamiento, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora; por tanto, la falta de la firma en original tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata. Siendo que en la presente demanda se advierte que carece de firma autógrafa respecto de Ignacio Romero Márquez, cuyo nombre aparece en el escrito de referencia junto al de los diversos quejosos y en un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del promovente de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Máxime que de admitir y tramitar esa promoción por cuanto hace al quejoso en cita, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con copia simple con firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Lo anterior, tiene apoyo la tesis con número de registro 218142, criterio sostenido por el tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA." Asimismo, con apoyo además, en la tesis con número de registro 225017, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ocho, Tomo VI, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO." Igualmente, es aplicable, la tesis número de registro 223817, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos trece, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL." También es aplicable, la tesis con número de registro 231247, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos cuarenta y uno, Tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA." En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA POR CUANTO HACE A IGNACIO ROMERO MÁRQUEZ. Ahora bien, del análisis integro a la demanda de amparo, se advierte que los quejosos Adriana Imelda Maass Michel, Alfonso Moya Hernández y Jesús Cruz Navarro, señalan como acto reclamado, el siguiente: ? Resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, relativa al recurso de reclamación, en el que desechó y tuvo por no ofrecida por parte de los aquí quejosos, la prueba consistente en copias certificadas del expediente administrativo número DRFIS/026/2017 IR/O45/2016. En el caso, se estima de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por actos de imposible reparación se entiende "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, libro seis, mayo de dos mil catorce, tomo III, con número de registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Bajo esa premisa, en el caso a estudio, se colige que el acto que por esta vía se pretende reclamar, en esencia lo es, la resolución interlocutoria dictada por la Sala responsable, relativa al del recurso de reclamación, a través de la cual determinó desechar y tener por no ofrecida de parte de los aquí quejosos la prueba documental consistente en copias certificadas del expediente administrativo número DRFIS/026/2017 IR/O45/2016. Asimismo, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en el apartado de antecedentes, se advierte que los promoventes son parte actora en el juicio contencioso administrativo número 498/2018/2ª-VI del índice de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, así como que, por auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la ahora responsable, determinó desechar y tener por no ofrecida la prueba documental referida en el párrafo que precede, por lo que, la parte quejosa inconforme con los anterior interpuso recurso de reclamación, a lo que la citada Sala por resolución interlocutoria de siete de mayo del año en curso, determinó lo que en este asunto se reclama. En ese sentido, se considera que en contra de la resolución interlocutoria reclamada, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que la resolución combatida es un acto que no afecta derechos sustantivos de las partes al producir únicamente efectos intraprocesales. Lo anterior es así, debido a que si bien, la autoridad responsable al momento de emitir la resolución que en esta vía se combate confirmó la diversa determinación, por la que, desechó la prueba documental ofrecida por la parte actora en el juicio de origen, ésta acción no trae como consecuencia directa y necesaria la obtención de una resolución desfavorable a sus intereses. Por lo que, como se sostuvo, se estima que el acto origen de este asunto es de naturaleza intraprocesal, el cual no actualiza ningún caso de excepción a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Máxime, que los efectos que la resolución reclamada produce, son susceptibles de repararse sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa si la sentencia definitiva le es favorable o, en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar dicho acto a través del amparo directo que promueva contra la referida sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, de conformidad con los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX de la Ley de Amparo. Por tanto, al no concurrir circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Al caso es aplicable por analogía, la jurisprudencia 3a20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y seis, tomo V, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro siguiente: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO" De igual forma, sustenta lo anterior la tesis aislada XXI.1º.57K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Marzo de 1994, Octava Época, Materia Común, página 432, con número de registro 213233, de rubro: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA". Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, página 343, con número de registro 217075, de rubro: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Teodulfo Rafael García Domínguez y Miguel Ángel Ortíz Gómez, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, se tienen como sus autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Roy Fernando Guerrero Bueno, Mariel Yuriana Mendoza Viveros y Lorenzo Pérez Pérez, en virtud de no contar con cédulas registradas en dicho sistema. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. ASPECTOS PROCESALES En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias del presente acuerdo, dictado en este juicio de amparo, que las partes soliciten ante el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que atento a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se le faculta el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto... "
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