Adriana Ibarra Salcedo

Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
103/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Adriana Ibarra Salcedo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese la copia del acuerdo con evidencia criptográfica de nueve de septiembre del año en curso, por medio del cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, informa que el diverso de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja Q.A. 359/2022, ha quedado firme, de lo que se toma conocimiento. Finalmente, devuélvase el expediente en que se actúa al archivo de este Juzgado de Distrito, para su debido resguardo. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa Veracruz por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el toca derivado del amparo en revisión RA(P-5/2013).-329/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al cual se encuentra anexo el testimonio dictado en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el mencionado órgano colegiado auxiliar. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento a las partes que el citado Tribunal Colegiado, en la resolución de referencia determinó lo siguiente: (.) SEXTO. DELIMITACIÓN DE LA MATERIA DE LA REVISIÓN. En la especie, deben permanecer intocados los considerandos Séptimo (causas de improcedencia infundadas) y Décimo Tercero (revisión electrónica) de la sentencia recurrida. En el primero de éstos se desestimaron las causales de improcedencia formuladas por las autoridades responsables; mientras que, en el segundo se determinó otorgar el amparo a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, al estimar que contravenía el derecho de audiencia, ya que la 'preliquidación' a que alude solamente constituye una propuesta de pago, que no debe hacerse exigible mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución. (.) De igual forma, deben declararse firmes los considerandos Segundo (precisión de actos reclamados y análisis de disposiciones reclamadas como conjunto normativo), Cuarto (sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados), Sexto (causales de improcedencia fundadas), Noveno (análisis de conceptos de violación relacionados con violaciones formales), Décimo (estudio de planteamientos sobre inconstitucionalidad del "Buzón tributario") y Décimo Segundo (estudio de manifestaciones relacionadas con la facultad de comprobación y procedimiento de fiscalización inherentes a la "Revisión electrónica"), ya que la parte recurrente no formula algún planteamiento tendente a controvertir tales aspectos del fallo recurrido. (.) De ahí que, al ser fundado el agravio en estudio resulta procedente modificar el fallo recurrido para dejar sin efectos las consideraciones vinculadas con tal disposición. En las relatadas circunstancias, lo que procede en la especie es, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado únicamente respecto de los actos consistentes en: Los artículos 17-K, 18, 28, 42, párrafo primero, fracción IX, y párrafos segundo a quinto, 53-B, fracciones I, II, III y IV, párrafo primero, 83, 84, 134, fracciones I y III, Primero y Segundo, fracciones III y VII, Transitorios, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. Las reglas II.2.8.3 y II.2.8.8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013. Las reglas I.2.1.4, párrafo último, I.2.2.5, II.2.8.8 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2014. Los artículos 11, 33, 34, 35, 61, 62 y Tercero Transitorio del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014. Las reglas I.2.2.7, II.2.8.3 y II.2.8.11 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014. Las reglas I.2.2.7, I.2.12.8, I.2.12.12 y I.2.12.14 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2014. El artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. Los resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto de la Séptima Resolución de a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, Modificaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014. Las reglas 2.1.7, último párrafo, 2.2.5, 2.2.6, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.9, 2.8.1.17, 2.12.2, 2.12.4 y 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014; así como, su Anexo 24, dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 5 de enero siguiente. Los resolutivos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2015. La regla 2.8.1.5 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2015. La regla 2.8.1.19 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015. Las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5 y 2.8.1.9 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015. Los artículos 42, párrafos quinto a séptimo, 53-B, fracción I, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo segundo, 81, fracción XLI, y 82, fracción XXXVIII, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. Las reglas 2.1.6, último párrafo, 2.2.6, 2.2.7, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.11, 2.8.1.18, 2.12.2, 2.12.4 y 2.12.9 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2015. Las reglas 2.1.6, último párrafo, 2.2.6, 2.2.7, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.11, 2.8.1.18, , 2.12.4 y 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015, así como su anexo 24 dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 13 de enero siguiente. La regla 2.8.1.19 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2016. Las reglas 2.12.2, último párrafo y 2.12.9 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2016. Las regla (sic) 2.2.9, 2.8.1.2, 2.8.1.5 y 2.12.2 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2016. Actos formal y/o materialmente legislativos que se reclaman, en el ámbito de sus respectivas competencias, de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. Así como, respecto de los actos consistentes en el refrendo y publicación del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, que se reclaman del Secretario de Gobernación y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación." (.) "R E S U E L V E: PRIMERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a las empresas ***********, por conducto de su representante legal, en el juicio de amparo indirecto 4347/2014-VII del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, únicamente respecto de los actos precisados en la parte final del considerando séptimo de esta ejecutoria." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Ahora bien, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron los siguientes: "DÉCIMO TERCERO. Revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). (.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." Cabe señalar, que no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, consistentes en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015; debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Contrario a lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, obligada a acatar la ejecutoria de amparo, y a la diversa autoridad Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de superior jerárquico, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con los efectos de la ejecutoria de amparo y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que del análisis del último considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "DÉCIMO TERCERO. Revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). (.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." Por lo que las autoridades responsables deberán informar sí a las quejosas les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. QUEJOSA RFC ************* Por otra parte, como lo solicita el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa Veracruz, respecto de que esté disponible el expediente electrónico a efecto de que pueda vincularlo con el trámite que le dé dicho tribunal colegiado así como de sus constancias, dígasele, a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, el cual está a su disposición en dicho sistema; por tanto, se instruye al personal adscrito a este juzgado, encargado de ese sistema, para que realice las gestiones necesarias para ese efecto. Finalmente, con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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