Adriana Hernández Torres

Expediente 332/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
332/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Adriana Hernández Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Se hace efectivo apercibimiento, se ordena destrucción. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido en proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, que disponía la parte quejosa para compareciera a recibir el documento exhibido en el presente juicio, sin que lo haya hecho valer; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado y se ordena la depuración del mismo junto con el expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos de advierte que en sentencia de tres de abril de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí quejosa para los siguientes efectos: "[.]la tutela federal se otorga para el efecto de que: a) No le apliquen a la impetrante en lo presente, ni en lo futuro, el artículo, fracción e inciso declarados, inconstitucionales . b) El de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria deriva de la porción normativa declarada inconstitucional, lo que no se traduce en que el amparo tenga por efecto exentar a la parte quejosa del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad. Se explica lo anterior. En el presente caso se trata de una prestación por parte del Estado de un servicio, como lo es el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, al que corresponde el pago de un derecho; en ese sentido, el propio numeral reclamado dentro de la fracción I, en que se ubica en lo general la situación en examen, contempla como cuota mínima (de todas las hipótesis que prevé y que se tomaron como parámetro para evidenciar la inconstitucionalidad del inciso h) en su inciso i) el monto de $178.00 (ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); el amparo tiene por efecto, entonces, otorgarle el mismo trato que como monto mínimo se establece para el pago de este derecho. En consecuencia, una vez hechas las operaciones aritméticas correspondientes, se deberá devolver a la parte quejosa la diferencia de la cantidad que pagó por concepto del registro de la escritura pública 27,844, conforme al inciso h) fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, cobrándole únicamente la cantidad de $178.00 (ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) por la operación en que se aplicó el precepto declarado inconstitucional contenido en el mencionado recibo oficial número A 41401906. En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco y versar sólo en lo que exceda a la citada tarifa mínima [.] III. Actos realizados respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio PF-DC-JA-19404 el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, informó que se encontraba a disposición de la quejosa la orden de pago número 1812684 emitido a su favor, para acreditar dicha circunstancia anexó un legajo en copias certificadas de la misma, así como la constancia de notificación en la que se hizo de su conocimiento dicha circunstancia. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, atendió los lineamientos trazados en el fallo protector. Por ende, se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, se expidió a la quejosa la orden de pago número 1812684, merced de la ejecutoria de amparo que le fue concedida, con lo que se observa que la responsable vinculada dio cabal cumplimiento al fallo protector, al haberle devuelto la cantidad ordenada, cumpliéndose así con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. VII. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva; sin que se haya tramitado incidente de suspensión. VIII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IX. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. X. Se requiere a la parte quejosa. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa, en los términos indicados. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO- se notifica por este medio de lista a la PARTE QUEJOSA, el proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 332/2019; toda vez que no compareció a notificarse dentro de los dos días hábiles que establece el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de amparo, no obstante el citatorio que se le dejó el nueve de julio de dos mil diecinueve, por lo tanto dicho proveído a notificar dice: se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva; sin que se haya tramitado incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado a recoger el documento certificado que exhibió. Apercibida que de no acudir por éste, en el plazo indicado, podrá ser depurado junto con el expediente.

  4. Principal

    I. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la citada secretaría, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento con el fallo protector, anexando diversas constancias, de las que se desprende la emisión de la orden de pago número 1812684, el cheque número 0004830, a nombre de la quejosa, valioso por cinco mil setenta y un pesos 73/100 moneda nacional, así como la notificación a la parte quejosa de diez de junio de dos mil diecinueve. II. Dese vista. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

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