Adriana Hernandez Porragas

Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
667/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Adriana Hernandez Porragas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintidós de diciembre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de cuatro de noviembre del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, al no existir trámites pendientes por acordar dentro del cuadernillo en que se actúa, archívese como asunto concluido, y en cumplimiento al capítulo 21, inciso "b" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución sin decir en lo principal y se dio por concluido al haberse desechado, carece de relevancia documental, por lo que, se establece como fecha probable el treinta de noviembre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en el cuaderno administrativo 2021 de este juzgado, se agregó el oficio SEADS/1092/2021, de veintiocho de octubre de la misma anualidad, signado por el Encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, mediante el cual informa que de acuerdo a la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de ese mismo mes, acordó la primera adscripción de quien esto suscribe, Juez Luis Rafael Bautista Cruz, en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de esta anualidad. En tal contexto, hágase saber lo anterior a las partes y a las autoridades que se encuentren directamente vinculadas con el trámite del presente expediente, a fin de que estén en condiciones de alegar, en su caso, algún impedimento de este juzgador para conocer y resolver el presente asunto. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que feneció el término de cinco días que se otorgó a Adriana Hernández Porragas, por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que fue notificado por lista de acuerdos publicada el siete de septiembre del presente año, surtió sus efectos el ocho de septiembre siguiente, transcurriendo el término para dar cumplimiento a la prevención del nueve al veinte de septiembre del año en curso, descontándose los días once, doce, dieciocho y diecinueve de septiembre, por haber sido sábados y domingos, así como el catorce, quince, y dieciséis de septiembre por haber sido inhábiles; sin que se haya recibido en la oficialía de este juzgado, en el cómputo antes extinto, promoción alguna de la quejosa. En razón de lo anterior, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, se procede a estudiar los elementos que obran en autos. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo.... Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: A. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. B. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. C. Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, D. Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. .. Ese contexto, no puede considerarse que se está frente a un acto de autoridad, pues no se cumplen los requisitos que han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es así, ya que la omisión atribuida a integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Unidad Médica Familiar número 61 en el puerto de Veracruz, no se dio en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que dichos órganos se erigen como patrón frente a su empleada en este caso Adriana Hernández Porragas, ello partiendo de la confesión señalada en el libelo de derechos fundamentales, y cuyo contexto no da lugar a duda que para rebatir la existencia de un vínculo laboral. De ahí que, a la omisión reclamada no le revista el carácter de acto de autoridad y por ende, no sea susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que su omisión no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que corresponde a los tribunales del trabajo competentes dirimir esa controversia. Sin que se soslaye que los lineamientos decretados por las autoridades competentes en materia de salud de nuestro país son de aplicación estricta; no obstante, no puede ignorarse que Adriana Hernández Porragas pretende que le sean aplicadas dichas normas con motivo del vínculo laboral que guarda con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que a su vez, se rige por la normatividad laboral. Se sostiene lo anterior, porque, como se anotó, se considera como autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Hipótesis que no se actualiza en el caso, en razón que el acto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la quejosa señaló como autoridad responsable, frente a éste se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquél actúa como particular, esto, en su calidad de patrón equiparado, no como autoridad investida de imperio frente al solicitante del amparo. Ello, atendiendo a que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En virtud de lo expuesto, con base en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, la omisión reclamada no comparte la naturaleza jurídica de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se está en un plano de supra a subordinación sino de coordinación, dado que la omisión de aplicar las medidas de salubridad a su favor, se efectúa en su relación de patrón a trabajador y no en un plano de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, conflicto que debe dirimirse ante los tribunales ordinarios que conocen de conflictos laborales y no en la instancia constitucional, al ser ante la potestad común en donde Adriana Hernández Porragas puede ocurrir en reclamo del examen de legalidad de la omisión reclamada y las consecuencias que hace valer, de acuerdo con las leyes laborales aplicables. ...Por lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. ...

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 04-11-2021, POR NO ATENDER AL AVISO DE 05-11-2021: .. Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que feneció el término de cinco días que se otorgó a Adriana Hernández Porragas, por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que fue notificado por lista de acuerdos publicada el siete de septiembre del presente año, surtió sus efectos el ocho de septiembre siguiente, transcurriendo el término para dar cumplimiento a la prevención del nueve al veinte de septiembre del año en curso, descontándose los días once, doce, dieciocho y diecinueve de septiembre, por haber sido sábados y domingos, así como el catorce, quince, y dieciséis de septiembre por haber sido inhábiles; sin que se haya recibido en la oficialía de este juzgado, en el cómputo antes extinto, promoción alguna de la quejosa. En razón de lo anterior, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, se procede a estudiar los elementos que obran en autos. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo.... Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: A. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. B. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. C. Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, D. Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. .. Ese contexto, no puede considerarse que se está frente a un acto de autoridad, pues no se cumplen los requisitos que han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es así, ya que la omisión atribuida a integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Unidad Médica Familiar número 61 en el puerto de Veracruz, no se dio en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que dichos órganos se erigen como patrón frente a su empleada en este caso Adriana Hernández Porragas, ello partiendo de la confesión señalada en el libelo de derechos fundamentales, y cuyo contexto no da lugar a duda que para rebatir la existencia de un vínculo laboral. De ahí que, a la omisión reclamada no le revista el carácter de acto de autoridad y por ende, no sea susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que su omisión no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que corresponde a los tribunales del trabajo competentes dirimir esa controversia. Sin que se soslaye que los lineamientos decretados por las autoridades competentes en materia de salud de nuestro país son de aplicación estricta; no obstante, no puede ignorarse que Adriana Hernández Porragas pretende que le sean aplicadas dichas normas con motivo del vínculo laboral que guarda con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que a su vez, se rige por la normatividad laboral. Se sostiene lo anterior, porque, como se anotó, se considera como autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Hipótesis que no se actualiza en el caso, en razón que el acto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la quejosa señaló como autoridad responsable, frente a éste se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquél actúa como particular, esto, en su calidad de patrón equiparado, no como autoridad investida de imperio frente al solicitante del amparo. Ello, atendiendo a que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En virtud de lo expuesto, con base en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, la omisión reclamada no comparte la naturaleza jurídica de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se está en un plano de supra a subordinación sino de coordinación, dado que la omisión de aplicar las medidas de salubridad a su favor, se efectúa en su relación de patrón a trabajador y no en un plano de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, conflicto que debe dirimirse ante los tribunales ordinarios que conocen de conflictos laborales y no en la instancia constitucional, al ser ante la potestad común en donde Adriana Hernández Porragas puede ocurrir en reclamo del examen de legalidad de la omisión reclamada y las consecuencias que hace valer, de acuerdo con las leyes laborales aplicables. ...Por lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. ...

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