Adriana Hernández Norberto
Expediente 418/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adriana Hernández Norberto
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintidós de agosto de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se ordena devolver a la parte quejosa los documentos originales que acompañó a su escrito inicial de demanda; por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recogerlos, previa identificación y constancia que se asiente en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dichos documentos correrán la suerte de este expediente cuando se efectúe la destrucción del mismo. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "......" "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintidós de agosto de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se ordena devolver a la parte quejosa los documentos originales que acompañó a su escrito inicial de demanda; por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recogerlos, previa identificación y constancia que se asiente en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dichos documentos correrán la suerte de este expediente cuando se efectúe la destrucción del mismo. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Visto el escrito de demanda presentado por ********************, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, por violación al derecho humano previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Se ordena formar expediente y anotar su ingreso en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 418/2022-III-B. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.. Es importante mencionar que el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, para que se actualice tal causa de improcedencia, se advierten las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. d) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora bien, a fin de precisar el origen del acto reclamado, resulta necesario realizar una relación de sus antecedentes, a saber: La aquí quejosa, ******************** demandó en la vía ordinaria civil de ******************** la disolución del vínculo matrimonial, la división de los bienes comunes, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva en su favor y de su menor hija de identidad reservada, el pago de una pensión compensatoria en su favor, el aseguramiento del servicio médico o seguro de gastos médicos mayores en su favor y de su menor hija, así como la guarda y custodia definitiva de la menor; expediente que quedó radicado ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, con el número ********************, de su índice. Admitida la demandada, se ordenó emplazar al demandado, quien se declaró en rebeldía. Seguido el juicio, mediante escrito de uno de julio de dos mil veintidós, la quejosa por conducto de su abogada, solicitó se turnaran los autos para efectos de dictar la resolución respecto del divorcio incausado. Petición a la que recayó un acuerdo el cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que el Juez responsable determinó lo siguiente: "no ha lugar, por tratarse de un juicio ordinario civil en virtud de que no se han agotado las etapas del procedimiento. "La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual, el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión, o limitación según sea el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos (.) Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Expuesto lo anterior, debe decirse que dicho acto reclamado, esto es, el acuerdo dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, no puede ser impugnable a través del juicio de amparo biinstancial, puesto que se trata de un auto contra el cual dada su naturaleza procede un recurso ordinario, en concreto el de apelación previsto en el artículo 509, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, que establece: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Bajo ese orden de ideas, como se anticipó, el presente juicio deviene improcedente respecto al acto reclamado consistente en el el acuerdo dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en virtud de que en contra de dicha resolución procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual debió agotar la parte quejosa, ya que dicho recurso ordinario es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama en la demanda de amparo y, por ende, sus consecuencias; en esa tesitura, al no haber agotado dicho medio de defensa antes de acudir a este medio de control constitucional, se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de la materia. Además, cabe puntualizar que no se actualiza ningún caso de excepción al principio de definitividad, dado que a la quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña, en razón de que la misma es parte actora en el juicio ordinario civil ********************, aunado a que tampoco se encuentra en las diversas hipótesis de excepción establecidas en los incisos a), b) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que se trata de una resolución emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, respecto de la cual la ley concede el recurso de apelación y no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En ese sentido, se concluye que la quejosa debió interponer, previo al juicio de amparo, el recurso ordinario de apelación contra el acto aquí reclamado, esto es, debió agotar el citado recurso en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. En consecuencia, al no haber cumplido el quejoso con el principio de definitividad, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 107, fracción III y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada
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