Adriana Guillén García
Expediente 498/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- A.S. S. G.
- Adriana Guillén García
- Adriana Guillén García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
agréguese el escrito firmado electrónicamente por Humberto Aguilar Jiménez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, por la promovente Adriana Guillén García, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el cual solicita se declare firme el auto el auto de quince de junio del año en curso. En relación a su petición, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en auto de cinco de los cursantes, en el que se proveyó lo conducente Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Vista la certificación que antecede, dado que transcurrió el término de cinco días a que se refiere la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de junio del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto concluido, Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
agréguese el escrito firmado electrónicamente por firmado electrónicamente por autorizado por la promovente Adriana Guillén García, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el cual solicita se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporciona usuario. Como lo solicita, se autoriza para consultar vía internet el presente juicio de amparo con el nombre de usuario "BOROBONYO", con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."Por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y anexos, por virtud del cual remite el D.C. 165/2021 de su índice en el que obra las misiva 1174 y 1167/2021 firmadas por el Juez Vigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, la demanda de amparo de Adriana Guillén García, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ." por el cual declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda ante él planteada. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Amparo y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca a su conocimiento. ." el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso se aprecia que la parte quejosa reclama: 1) La sentencia interlocutoria emitida por Juez Vigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, relativo al incidente de cumplimiento convenio, derivado del juicio de divorcio incausado 1842/2013 de su índice; y, 2) La inconstitucionalidad del artículo 685 bis, del Código de Procedimientos Civil del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Al respecto, este juzgado de Distrito estima que la presente demanda de amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Conforme a la porción normativa invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, dado que entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. Asimismo, se advirtieron como elementos para integrar la causa de improcedencia en comento, las siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra tal acto, debe proceder algún recurso o medio de defensa legal. c) Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de ser modificado o revocado. En ese contexto, si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hicieron valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que la ley rectora del acto prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, en términos del precepto invocado. Luego, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se encuentra, como regla general, que contra todo acto en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa previstos en el ordenamiento mencionado, salvo que este disponga expresamente lo contrario. Ciertamente, los artículos 685 Bis, 700 y 951 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, establecen lo siguiente: "Artículo 685 Bis. La resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pero sí podrán impugnarse las resoluciones que recaigan respecto del o los convenios presentados durante el juicio; de tal manera que, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." "Artículo 700. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo, tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; II. De los autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio, y III. De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación." "Artículo 951.-Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía." De los numerales y criterio antes citados se advierte que la resoluciones intermedias (autos o sentencias interlocutorias) dictadas durante el desarrollo del juicio de divorcio incausado, específicamente los pronunciados antes de la declaración de la disolución del vínculo matrimonial, son impugnables a través del recurso de apelación, mientras que las resoluciones de trámite siempre serán revocables. En el caso, como se anunció en párrafos anteriores, se aprecia que la parte quejosa reclama: 1) La sentencia interlocutoria emitida por Juez Vigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, relativa al incidente de cumplimiento convenio, derivado del juicio de divorcio incausado 1842/2013 de su índice; y, Luego, los actos reclamados derivan de un juicio de divorcio incausado, y el fallo no es de mero trámite, según lo establecido por el artículo 79 fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, por tanto, el recurso idóneo para combatirlo es el de apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, por virtud del cual pudo ser modificado, revocado o confirmado. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la determinación adoptada por el Juez responsable, en el juicio de divorcio incausado ya mencionado, carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior se sustenta, además, en que tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resoluciones que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. .."Sin que en el particular pase inadvertido que el acto reclamado pueda considerarse como de ejecución irreparable en los términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no exime al gobernado de agotar el principio de definitividad ha que se ha hecho referencia e impone a la parte quejosa la obligación de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Esto es, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Mientras que la regla de la definitividad, refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado. Por tanto, pese a que el acto reclamado pueda considerarse como de ejecución irreparable, tal circunstancia no exime al peticionario de agotarlo previo a acudir al juicio de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. No obsta lo anterior, el hecho de que en la controversia de origen se relacione con dos menores, puesto que el principio de definitividad invocado no genera una excepción, porque éste se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos reclamados; por ello, el interés superior de las infantes no exime de acreditar los requisitos de procedencia del juicio de amparo. ."En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Por otra parte, no pasa desapercibido para este Juzgador y tampoco es obstáculo para la anterior determinación el hecho que la quejosa señale reclame la inconstitucionalidad del artículo 685 bis, del Código de Procedimientos Civil del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en razón de que al haberse actualizado la causa de improcedencia aludida, por lo que respecta al acto de aplicación de dicho numeral, igual consideración debe hacerse contra la impugnación de la norma referida, ya que no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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