Adriana Guadalupe Caltzontzin González

Expediente 1385/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1385/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Adriana Guadalupe Caltzontzin González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la resolución dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable, Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, como apoyo a su informe justificado, previo glose que se haga de la carátula del cuaderno que se formó con las mismas, sin que se estime necesario solicitar el respectivo acuse de recibo al tener en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse.

  2. Principal

    ...Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ****, mediante el cual manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo y vista la comparecencia de cuenta, se advierte que la parte quejosa ratificó el contenido del escrito recibido en este juzgado de distrito el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por tanto, se provee: Este órgano jurisdiccional estima necesario el análisis del asunto que nos ocupa, en virtud, de que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la quejosa ***, mediante el escrito de referencia, manifestó su deseo de desistirse del presente juicio de amparo, aunado a que, mediante la diligencia que antecede, ratificó el contenido y firma del escrito mérito, desistiéndose del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. Bajo esa tónica, se obtiene la manifestación expresa de voluntad de la quejosa de desistirse del presente juicio de amparo, lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo, implica el sobreseimiento de la citada instancia constitucional. Así es, para evidenciar la aseveración anterior, resulta conveniente reproducir el contenido del artículo 6, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito deriva el principio de existencia de un agravio personal y directo, que estatuye que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por otra parte, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio [.]" En ese orden de ideas, tomando en consideración que el juicio de amparo sólo se sigue a instancia de parte agraviada y, en el caso, la quejosa ****, manifestó y ratificó ante la presencia judicial, su voluntad de desistirse del mismo; en consecuencia, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. El criterio de mérito es el identificado con el número 2a./J. 82/2016 (10a.), correspondiente a la Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, libro XXXII, julio de 2016, página 462, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Máxime que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el desistimiento de la demanda de amparo puede realizarse en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria. El criterio de mérito es el identificado con el número 2a./J. 33/2000, correspondiente a la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 147, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional prevista para las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...

  3. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy y que al día en que se actúa, está transcurriendo el plazo de veinte días que se le otorgó a la parte quejosa en proveído de ocho de enero de la presente anualidad, para que acredite ante este órgano jurisdiccional que efectuó las gestiones tendientes para publicar los edictos ordenados con el fin de emplazar al tercero interesado ****. Atento a ello, a fin de dar oportunidad a que se cumpla lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo...

  4. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días, otorgado a la parte quejosa, para que proporcionara el domicilio del tercero interesado *******, ha fenecido, sin que a la fecha lo haya hecho, asimismo, que en los autos del juicio en que se actúa se han agotado todos los domicilios proporcionados por las autoridades administrativas a efecto de llevar a cabo el emplazamiento del aludido tercero interesado, sin que se haya obtenido resultado favorable. Por lo expuesto, es innegable que en la especie, se agotó el procedimiento previsto por el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en el sentido de que se dictaron las medidas correspondientes con el propósito de investigar el domicilio actual del citado tercero interesado, sin que se haya logrado su localización; por lo que, con fundamento en la disposición legal antes invocada y el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento formulado en autos. Por tanto, se ordena emplazar a juicio al tercero interesado *****, por medio de edictos a costa de la parte promovente del presente juicio de amparo, el que contendrá una relación sucinta de la demanda y que se publicará tres veces de siete en siete días hábiles en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Haciéndosele saber al tercero interesado en cita, que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, ante este Juzgado de Distrito, fijándose también en la puerta de este órgano jurisdiccional, una copia íntegra del edicto de que se trata, por todo el tiempo del emplazamiento. En esa virtud, mediante notificación personal que derive de este auto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los edictos conducentes quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, para que dentro del término de veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído acredite ante este órgano jurisdiccional que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos, en el entendido que en dicho plazo el peticionario de amparo debe comparecer ante esta autoridad a recoger los citados edictos, entregarlos para su publicación, y acreditar su entrega. Tiene apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), publicada en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia 2a. / J 38/ 2017, con registro 2014220, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 714, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b ), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el término concedido para tal efecto, con base en lo que establece la parte final del inciso b), de la fracción III, del ordinal 27, de la Ley de Amparo, en unión con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, se sobreseerá el juicio de amparo en que se actúa. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2ª./J 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./ J. 64/ 2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia 1ª./ J 4/ 2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro 5, Abril de 204, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y se ordena emplazar por edictos al tercero interesado. Así lo provee y firma la licenciada Cecilia Aguilera Ríos, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa con el licenciado Asdrúbal Vargas Romero, Secretario que autoriza. Doy fe.Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días, otorgado a la parte quejosa, para que proporcionara el domicilio del tercero interesado Luis Alberto Andrade Juaristi, ha fenecido, sin que a la fecha lo haya hecho, asimismo, que en los autos del juicio en que se actúa se han agotado todos los domicilios proporcionados por las autoridades administrativas a efecto de llevar a cabo el emplazamiento del aludido tercero interesado, sin que se haya obtenido resultado favorable. Por lo expuesto, es innegable que en la especie, se agotó el procedimiento previsto por el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en el sentido de que se dictaron las medidas correspondientes con el propósito de investigar el domicilio actual del citado tercero interesado, sin que se haya logrado su localización; por lo que, con fundamento en la disposición legal antes invocada y el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento formulado en autos. Por tanto, se ordena emplazar a juicio al tercero interesado Luis Alberto Andrade Juaristi, por medio de edictos a costa de la parte promovente del presente juicio de amparo, el que contendrá una relación sucinta de la demanda y que se publicará tres veces de siete en siete días hábiles en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Haciéndosele saber al tercero interesado en cita, que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, ante este Juzgado de Distrito, fijándose también en la puerta de este órgano jurisdiccional, una copia íntegra del edicto de que se trata, por todo el tiempo del emplazamiento. En esa virtud, mediante notificación personal que derive de este auto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los edictos conducentes quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, para que dentro del término de veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído acredite ante este órgano jurisdiccional que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos, en el entendido que en dicho plazo el peticionario de amparo debe comparecer ante esta autoridad a recoger los citados edictos, entregarlos para su publicación, y acreditar su entrega. Tiene apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), publicada en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia 2a. / J 38/ 2017, con registro 2014220, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 714, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el término concedido para tal efecto, con base en lo que establece la parte final del inciso b), de la fracción III, del ordinal 27, de la Ley de Amparo, en unión con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, se sobreseerá el juicio de amparo en que se actúa. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2ª./J 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia 1ª./J 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro 5, Abril de 204, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva ), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento."...

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