Adriana Grajeda Olague
Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Adriana Grajeda Olague
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la persona Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, hace del conocimiento el contenido del acuerdo de Presidencia de veintiuno de agosto del año en curso, por el que informa que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por********************, al que le correspondió el registro de amparo directo penal ********************Se provee. Al respecto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Archivo
- Principal
Tribunal Colegiado acusa recibo.
- Principal
Por recibido el escrito de cuenta, signado por la licenciada Anais Ortega Baca, Defensora Pública Federal del quejoso Adrián Grajeda Olague, mediante el cual manifiesta que en cumplimiento a la prevención realizada por auto de veintinueve de mayo del año en curso, informa que se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Número Uno, con sede en Aquiles Serdán, lugar donde se encuentra recluido el citado quejoso, y después de una entrevista con el mismo, se establece que la pretensión del quejoso es promover juicio de amparo directo, en contra de la sentencia pronunciada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, dentro del toca penal 90/2011. Por lo que solicita, sean turnados los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en turno; asimismo, solicita se decrete la suspensión de plano de la ejecución de la sentencia que se reclama. Se provee. Ahora bien, teniendo en consideración las manifestaciones expuestas por la parte quejosa y de un análisis integral del citado escrito de demanda, este Juzgado considera que carece de competencia legal por razón de grado, para conocer del presente asunto. De entrada, se considera pertinente transcribir el contenido de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 170, fracción, I de la Ley de Amparo: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." En efecto, del contenido de las transcritas disposiciones legales, se desprende que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, dicho numeral señala que se entenderá por sentencias definitivas en materia penal, las sentencias condenatorias, en lo que aquí interesa, previo agotar los recursos ordinarios que la Ley establezca. En el caso en particular, del escrito de demanda en relación con el ocurso que se provee, se desprende que la intención del quejoso es reclamar la sentencia de tres de agosto de dos mil once, emitida en el toca penal 90/2011, del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia condenatoria, dictada por el Juez Décimo de Distrito en el Estado, en la causa penal 106/2010. En ese sentido, de las aclaraciones realizadas por la defensora federal del quejoso en el capítulo de antecedentes, se desprende lo siguiente: El diez de marzo de dos mil once, se dictó fallo condenatorio, dentro de la causa penal 106/2010, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, en perjuicio del quejoso. Inconforme con dicha resolución, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el toca penal 90/2011, dentro del cual se emitió sentencia el tres de agosto de dos mil once. Esta determinación es el acto reclamado por el quejoso, se insiste, atendiendo a lo asentado en el ocurso de cuenta. En ese orden de ideas, el acto aquí reclamado es una determinación que pone fin al juicio, en el que ya se agotaron los recursos establecidos para impugnarlo, dando por concluido el citado juicio, por lo que tiene el carácter de definitivo, y bajo ese contexto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 170, fracción, I de la Ley de Amparo, transcritos líneas arriba, se considera que la competencia para conocer del asunto surte en favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad. En efecto, no cabe duda que la resolución cuya constitucionalidad cuestiona el promovente, encuentra cabida dentro de aquéllas a las que alude el artículo invocado, lo que permite afirmar desde luego, que la demanda de amparo que se promueve, debe enderezarla ante los Tribunales Colegiados de Circuito a través del Juicio de Amparo Directo correspondiente, en observancia a lo establecido en el ordinal 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 47 y 170 de la Ley de la materia. Resulta aplicable la tesis del tenor literal: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas". Asimismo resulta aplicable por las razones que informa la tesis VI.1º.P.33 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, registro digital 2012264, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2513, Materia Común-penal, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SI LO PROMUEVE EL SENTENCIADO EN VIRTUD DE QUE AL RESOLVERSE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO ÚNICAMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SE MODIFICÓ LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE, POR UNA PARTE, LO ABSOLVIÓ Y, POR OTRA, LO CONDENÓ, LA LITIS EN AQUÉL VERSARÁ, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE LOS ASPECTOS RESPECTO DE LOS CUALES EL TRIBUNAL DE ALZADA MODIFICÓ ESE FALLO, Y NO DE AQUELLA PARTE QUE EL ACUSADO NO IMPUGNÓ POR HABERSE CONFORMADO CON ELLA. En términos del artículo 6o. de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica la norma general o el acto reclamado; esto es, así como el afectado por un acto de autoridad puede o no ejercitar acción constitucional, por igualdad de razón, puede también válidamente estar conforme con alguna parte del acto que reclama. En esas condiciones, si el quejoso no apeló la sentencia en la que, por una parte, se le absolvió por el delito contra la salud en la modalidad de venta del estupefaciente denominado cocaína y, por otra, se le condenó por el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta de los estupefacientes denominados marihuana y cocaína, resulta que se encontraba conforme con dicho fallo; luego, si éste es modificado en virtud del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, entonces, la litis en el juicio de amparo directo que el sentenciado promueva, versará exclusivamente sobre los aspectos respecto de los cuales el tribunal de apelación modificó la sentencia del Juez de primera instancia, pues el análisis oficioso de la legalidad del acto reclamado en la parte con la que se está conforme, sería contrario tanto a la voluntad del impetrante, como a lo dispuesto por el citado precepto legal." Incompetencia. Así las cosas, con fundamento en los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados en relación con los diversos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, se declara legalmente incompetente, por razón de grado, para conocer de la demanda de mérito. En consecuencia, remítase el original del escrito de demanda, previa copia certificada que se deje en autos, y original del escrito de aclaración con su copia que acompaña, y los autos del presente juicio de amparo indirecto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, con sede en esta ciudad. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa solicite la suspensión de plano de la ejecución de la sentencia que se reclama, sin embargo, y en virtud de la conclusión arriba alcanzada y de conformidad con los artículos 190 y 191 de la Ley de amparo, este órgano jurisdiccional carece de competencia y facultades para pronunciarse al respecto. En virtud de lo antes señalado, fórmese el cuadernillo respectivo y solicítese al tribunal colegiado que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Al respecto, se tiene a la licenciada Anais Ortega Baca, como defensora penal pública federal del quejoso Adrián Grajeda Olague, en el presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar, y en relación a lo manifestado, se le concede un plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que exprese con exactitud el acto que reclama la parte quejosa y a que autoridades se lo atribuye, a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión. Notifíquese y personalmente al quejoso, por conducto de su defensor público.
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