Adriana Gómez Vázquez
Expediente 1627/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1627/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/10/2021
Partes del expediente
- Adriana Gómez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Previo aviso de notificación, toda vez que la parte quejosa no acudió a este juzgado dentro del término de dos días hábiles que fue otorgado en el mismo, a fin de que se le notificara el contenido de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se le notifica por lista dicha determinación, en que se determina medularmente: Vista la certificación que precede, se advierte que no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de queja contra el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente no es de relevancia documental y que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años a partir de la notificación del presente proveído, al haberse desechado de plano la demanda. Del requerimiento a las partes. Se requiere a la(s) parte(s) quejosa para que en un plazo de noventa días siguientes al en que tenga conocimiento de este proveído, comparezca a este órgano de control constitucional, a recuperar los documentos originales que exhibió, bajo el apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos. Sin embargo, lo anterior deberá ajustarse al Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (durante su vigencia).
- Principal
Vista la certificación que precede, de la que se advierte que no se interpuso dentro del término de ley, el recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; por ende, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, de conformidad con los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s) correspondiente(s), para que en el plazo de tres días, dé(den) el debido cumplimiento al fallo protector. Autoridad(es) a la(s) que se apercibe que de no hacerlo, se le(s) impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado respectivo, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y su consignación.
- Principal
CITATORI. se notifica por lista al quejoso: Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Análisis de la cuenta. Vista la cuenta, se aprecia que en comparecencia que antecede, la quejosa dio cumplimiento a la prevención formulados en autos, ya que ratificó la demanda de amparo. 2. Decisión sobre la instancia judicial. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que de forma eventual pudieran allegar las partes. Luego, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refieren los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción I, y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario. Ello, porque contrario a lo expuesto por la parte quejosa, la norma general reclamada requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, a fin de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Cierto, los artículos que se estima actualizan el motivo de improcedencia, son del tenor siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." LEY DE AMPARO "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los ???????????? tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Como se observa en la transcripción, la norma constitucional establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Así, en dicha norma constitucional se establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; dicho interés legítimo se vincula con la exigencia alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que la quejosa ocupa frente al ordenamiento jurídico. Es decir, con la reforma al artículo 107 Constitucional, el concepto de interés jurídico fue adicionado para coexistir con el de interés legítimo, abriendo la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante esta apertura de la legitimación activa en el juicio de amparo, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo, acuda al juicio de amparo. Sobre todo si se toma en consideración que, el interés legítimo es el interés personal cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso; por lo que dicho presupuesto procesal se compone de dos elementos esenciales: a) el interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo); y, b) debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. ??????? Además, se desprende que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, en principio, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: 1) Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, 2) Si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso (autoaplicativas), basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, y que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a quienes están destinadas. Asimismo, cabe indicar que conforme a los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa también puede ser combatida con motivo de su primer acto concreto de aplicación, dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Sin embargo, la existencia de los dos plazos mencionados para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de treinta días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de quince días en los términos destacados, pues aun cuando tenga el carácter de autoaplicativa, el quejoso la combatiría a través de su primer acto de aplicación. En el segundo caso (heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. Así, para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor, tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, -lo que no ocurre en la especie-, el cual puede provenir, generalmente, de la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Al respecto, es de tomar en consideración el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, que se contiene en la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, ??????????????? en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De los términos en que fue planteada la demanda de amparo, se corrobora que la parte quejosa impugna el Reglamento de Mercados y Centrales de Abastos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, específicamente los artículos 20 y 27, porque considera que su sola entrada en vigor genera una afectación en su esfera jurídica. De ahí que, la parte quejosa controvierte la inconstitucionalidad de la norma como Ley Autoaplicativa, y no propiamente por un acto de aplicación, pues señala la promovente que tiene el temor fundado de que las autoridades ejecutoras pretende realizar actos con fundamento en el norma tildada de inconstitucional. Sin embargo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, es necesario que ciertamente se esté en presencia de una norma de carácter autoaplicativo o, en su defecto, que se encuentre acreditada la aplicación concreta en su perjuicio de los preceptos reclamados, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada". Dicho criterio se contiene en la tesis aislada P. XCVII/95, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, página noventa y dos, que es del tenor siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Bajo este orden de ideas, la afectación que un determinado precepto legal ocasiona al quejoso debe probarse en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de garantías solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, en los siguientes términos: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En el caso, según lo expone la quejosa a lo largo de su demanda de garantías, acude a promover el juicio de amparo contra la norma reclamada por su naturaleza autoaplicativa, en síntesis, porque estima que los preceptos reclamados ??????????????? modificados transforman o extinguen situaciones concretas en su esfera de derechos desde el inicio de su vigencia. Pues bien, los artículos 20 y 27 del Reglamento de Mercados y Centrales de Abastos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, son del tenor siguiente: "Artículo 20. Los contratos de concesión de uso de local tendrán vigencia por el plazo de 99 años. En caso de cesión o traspaso la concesión se otorgará por el tiempo restante de la concesión de origen." "Artículo 27. Cuando un titular o titulares de una concesión presenten un impedimento físico o discapacidad permanente declarada ante autoridad competente, el beneficiario registrado o el interesado en la cesión de la concesión podrán realizar el trámite de traspaso, acompañando toda la documentación necesaria para acreditar el impedimento para continuar con la concesión otorgada. Para tal efecto, el concesionario o su representante, para el caso de haber sido declarado en estado de interdicción y el interesado en la cesión, deberán: I. Presentar la solicitud de traspaso especial, que para tal efecto expida la Dirección de Mercados; II. II. Acompañar original y copia del contrato de concesión, original y copia de las identificaciones de ambas partes y 2 fotografías del local; y III. III. Acudir a la Dirección de Mercados a ratificar la solicitud. La Dirección de Mercados, de manera excepcional y atendiendo a las circunstancias particulares, podrá a través de su personal, tomar la ratificación de la solicitud en el 10 lugar en donde se encuentre el concesionario y deberá resolver la misma dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción." Como se corrobora de la anterior transcripción, la primera porción normativa reclamada, precisa que los contratos de concesión de uso de local, tendrán una vigencia de noventa y nueve años y que en caso de cesión o traspaso, la concesión se otorgará por el tiempo restante de la concesión de origen, y por lo que ve a la segunda disposición legal establece que cuando una persona (titular de una concesión -locatario-) presente un impedimento físico o discapacidad, el beneficiario registrado o el interesado podrán realizar el trámite de traspaso. En ese sentido, los enunciados normativos en comento se tratan de disposiciones de observancia general que, en esencia, modifican el marco jurídico que regula la vigencia del contrato de concesión de un local de un mercado municipal y específicamente establecen para el caso de cesión o traspaso que la concesión se otorgará por el tiempo restante de la concesión de origen, circunstancias que regirán en el futuro para el caso de que el actual titular de un contrato de concesión pretenda cederla o traspasarla o para el caso de que el titular de una concesión - locatario-, tenga un impedimento físico o discapacidad permanente así declarada por la ley, el beneficiario o interesado en la concesión, podrá realizar el trámite correspondiente para obtener la concesión. Lo anterior permite concluir que por el solo inicio de su vigencia, no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, pues para que se concrete su aplicación y en consecuencia la afectación del gobernado, se requiere que con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento en comento, pretenda ceder o traspasar el local que tenga en concesión y que el Ayuntamiento, con apoyo en ese numeral, se niegue a que la duración de noventa y nueve años inicie a partir de que se otorgue esa cesión o traspaso o que el titular de la concesión sea desposeído de tal prerrogativa por presentar un impedimento físico o discapacidad permanente. En ese sentido, la disposición legal que la quejosa reclama, es de individualización condicionada, pues la afectación a su esfera jurídica se encuentra condicionada primero a que se de el acto de cesión o traspaso y segundo a que la autoridad administrativa en atención a ese acto lo limite por el tiempo ???????????? que reste a la concesión inicialmente otorgada y en el segundo supuesto, a que el titular de la concesión sea desposeído de ese derecho por presentar un impedimento físico o discapacidad permanente. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 73/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 236, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL "CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.', visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para "actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de "este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de invidualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio." De tal manera que, la individualización de las hipótesis jurídicas contenidas en las normas impugnadas con el carácter de autoaplicativas, tendrán lugar hasta el momento en que, una vez que se realice la cesión o traspaso y la autoridad competente resuelva que no es posible que el mismo dure noventa y nueve años o que con motivo de padecer un impedimento físico o incapacidad permanente sea desposeído de su concesión. Sobre todo, porque como se indicó, la procedencia del juicio de amparo contra leyes se basa en la existencia de un agravio personal y directo que emane de la propia disposición controvertida, agravio que ni siquiera puede ser inminente. Así, el que con anterioridad a la presentación del juicio de garantías exista la individualización de la ley controvertida, constituye un requisito de procedencia del juicio de amparo. Son aplicables a lo anterior, por analogía y en lo conducente, las tesis jurisprudenciales cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio" (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Enero de 1998, Tesis: 2a./J. 77/97, Página: 382). En esa tesitura, y al actualizarse las diversas causas de ??????????????? improcedencia referidas, procede actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la propia legislación, y se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías
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