Adriana Garcia Luna
Expediente 1354/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1354/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/02/2019
Partes del expediente
- Adriana Garcia Luna
- Legislatura del Estado de Queretaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el oficio signado por la Jefa del Departamento Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación legal de la autoridad responsable Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que fue entregado a la parte quejosa, el cheque que ampara la cantidad ordenada devolver en el fallo protector, anexando para tal efecto la constancia respectiva que así lo acredita; lo anterior, en razón que el treinta de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ordenándose el archivo del expediente en el que se actúa. jbgr
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés convenga en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, resulta procedente que este juzgado federal se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por las responsables, sustentadas en los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. AUTORIDADES VINCULADAS 1. Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 2.- Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro; y 3. Notaría Pública número Treinta y ocho en esta ciudad, a través de su titular o adscrito. EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ SI NO ".I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas tendentes a lograr que no se reciba ningún pago por causa de la contribución que tenga sustento en los artículos que han sido declarados inconstitucionales, a saber: Artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente. Con relación a la declaratoria de inconstitucionalidad decretada por cuanto hace a los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, de igual manera, la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, deberá llevar a cabo las acciones administrativas tendentes a lograr que no se reciba ningún pago por causa de las contribuciones que tengan sustento en dichos artículos. Lo anterior, pues el fallo protector otorgado, también tienen por objeto que no se realice de manera coactiva su cobro, y que tanto la Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Ocho, con ejercicio en esta ciudad, como la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, informen a este juzgado el resultado de tal gestión, pues con independencia de que dicha contribución sea de aquellas cuyo entero ocurre de manera voluntaria por los gobernados en forma de autoliquidación y no esté totalmente en manos de la autoridad evitar su pago, es posible que puedan llevar un registro de esta sentencia en los sistemas con que respectivamente cuenten, tales como el electrónico, y lograr de manera efectiva la exención que ahora gozará la parte quejosa con motivo de la presente concesión, pudiendo advertir incluso al gobernado sobre el pago de lo indebido. II. Para que, dada la concesión de amparo por cuanto ve a los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, que regulan la inscripción de compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles, cuya aplicación se advierte del análisis conjunto de la factura N-11412, tantas veces descrita y de las manifestaciones vertidas por la Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Ocho, con ejercicio en esta ciudad, específicamente del acto traslativo protocolizado con la escritura pública número cinco mil novecientos ochenta y cuatro, se deberá realizar lo siguiente: Si la Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Ocho, con ejercicio en esta ciudad, aún no ha efectuado el pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, por la inscripción de compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles, que derive del acto traslativo de dominio celebrado ante su fe pública, devuelva la diferencia y únicamente retenga el equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro. . En el evento de que el Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Ocho, con ejercicio en esta ciudad, ya hubiere efectuado el pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, entonces dicha autoridad deberá proceder a la devolución a favor de la parte quejosa de la diferencia que resulte de cobrar únicamente tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, y las actualizaciones que en su caso correspondan, por las razones asentadas con anterioridad. . De ahí que, en etapa de ejecución de sentencia, deberá requerirse al: Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Ocho, con ejercicio en esta ciudad; Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro; y, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro. Pues a su cumplimiento están obligados en el ámbito de sus conducentes facultades, pese a no haber sido llamadas como responsables las indicadas en los numerales I y III, y que por la descrita en el número II, se hubiere decretado el sobreseimiento ante la inexistencia de actos, dado que es a quienes les corresponde la recaudación y erogación de los ingresos estatales reclamados de acuerdo al caso concreto que se ha dejado en claro en este fallo, y en el caso particular del referido Notario Público, actuó como auxiliar de la administración pública." Por oficio agregado al sumario el Subdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, emitió la declaratoria, por la que atendió al fallo concedido. Mediante escrito agregado a esta foliatura, el titular de la Notaría Pública número Treinta y ocho en esta ciudad, en atención al fallo concesorio, informó que la cantidad que le retuvo a la quejosa, la enteró al Registro Público de la Propiedad. En oficio glosado en autos el Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través del Jefe del Departamento Contencioso de la Procuraduría Fiscal, exhibió copia simple del cheque que ampara la suma de $20,918.00 (veinte mil novecientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), relativa a la cantidad por concepto de derechos registrales y actualizaciones. CONCLUSIÓN.- En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto liquido precitado, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto descrito en la sentencia, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto sin que este Juzgado Federal pueda ejercer medios coactivos para tal efecto pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados.
- Principal
Agréguese a los autos los dos oficios de cuenta signados respectivamente por el Titular de la Notaría Pública número Treinta y ocho en esta ciudad, y por la Jefa del Departamento de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por medio de los cuales informan el cumplimiento que han dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remiten copia de la constancias que lo sustentan. En tal razón, requiérase a la parte quejosa, para que a la brevedad acuda a las instalaciones de la autoridad exactora, con la finalidad que le sea entregado el monto constitutivo del fallo protector. Asimismo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa, con los comunicados y anexos de cuenta, así como con el diverso acordado precedentemente, a fin de que en el término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días concedido a los licenciados Enrique Burgos Hernández y/o Yolanda Burgos Hernández, Titular o Adscrita a la Notario Pública número Treinta y Ocho en esta ciudad de Querétaro, mediante proveído de trece de diciembre del año próximo pasado, mismo que le fue notificado el día diecisiete del referido mes y año, comprendió del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho al diez de enero del presente año, sin que a la fecha dichos fedatarios públicos vinculados, hayan dado contestación alguna respecto de las acciones administrativas tendentes al cumplimiento del fallo protector, esto es lograr que se haga la devolución a favor de la parte quejosa de la diferencia resultante de cobrar únicamente tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualizaciones a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualizaciones del Estado de Querétaro, y sus actualizaciones que en su caso correspondan, con motivo del acto traslativo protocolizado con la escritura pública número cinco mil novecientos ochenta y cuatro, pasada ante la fe de la referido notaria. En consecuencia, requiérase por última ocasión a los licenciados Enrique Burgos Hernández y/o Yolanda Burgos Hernández, Titular o Adscrita a la Notario Pública número Treinta y Ocho en esta ciudad de Querétaro, para que dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Lo anterior, en atención a lo preceptuado en el artículo 192 de la Ley de Amparo, puesto que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público; por tanto, es menester que el órgano jurisdiccional provea lo conducente para verificar si el fallo protector ha sido acatado, o bien, si existe imposibilidad para ello. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento con que se conminó a los licenciados Enrique Burgos Hernández y/o Yolanda Burgos Hernández, Titular o Adscrita a la Notario Pública número Treinta y Ocho en esta ciudad de Querétaro, en el acuerdo por el cual se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. De igual manera, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con su consignación. Ahora bien, cabe recordar a la Notaría Pública vinculada que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, por lo que este juzgado federal tiene en todo momento que velar por que el mismo se lleve a cabo sin dilaciones y se ejecute lo antes posible; por lo que se reitera que este órgano jurisdiccional no tolerará de ninguna manera, en obvio de mayores dilaciones, tácticas que evadan cumplir con el fallo protector. En efecto, es imperativo destacar que se considera incumplimiento al retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales por parte de la autoridad responsable, o de cualquiera que esté vinculada al trámite relativo; o bien, cuando éste se lleva a cabo por medio de evasivas o llevando a cabo actos intrascendentes que semejan estar dando cumpliendo al fallo, lo que se traduce a un desacato a una determinación judicial. En términos de lo anterior, cuando se considera que una autoridad responsable o vinculada, según corresponda, realiza actos en los que únicamente se reflejan evasivas, tácticas dilatorias o simulación de procedimientos innecesarios para evadir los deberes impuestos en la sentencia; el órgano jurisdiccional deberá imponer las sanciones respectivas y continuar con el procedimiento de inejecución mediante el envío de los autos al Tribunal de Alzada que corresponda, y en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo, y además, la consignación de la autoridad contumaz. Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J. 58/2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)".
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