Adriana Fuentes Cruz
Expediente 666/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 51 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adriana Fuentes Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo del oficio 12412/2023, por el que se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. El original del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, dado que se negó la medida cautelar solicitada por la parte quejosa. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, dada su naturaleza de duplicado, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece el Acuerdo mencionado anteriormente. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de mayo pasado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, se advierte que el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, remitió en apoyo a su informe justificado copia certificada de las constancias que obran en la carpeta administrativa **********, de su índice, (tomo I); en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvase a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida, vía electrónica a la Defensora Pública de la parte quejosa, por lista a los terceros interesados y mediante oficio a la autoridad responsable y ala tercero interesada correspondiente. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 666/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México el dos de junio de dos mil veintidós, turnado el tres de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, ******, por derecho propio, demandó el amparo y protección contra actos del Juez Penal del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. II. Por auto de seis de junio de dos mil veintidós, se registró bajo el número 666/2022-V, se admitió a trámite la demanda; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con lo previsto en los artículos artículos 33, fracción IV y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el lugar donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: 1) Del Juez Penal del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México: a) El auto dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós en la causa penal 216/2007, emitido por el Juez Penal del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, que confirmó el acuerdo de cierre de instrucción del veintitrés de mayo de dos mil veintidós en el recurso de revocación interpuesto por la quejosa ********. b) La falta de notificación de dichos proveídos. TERCERO. El Juez Penal del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa de desvirtúa como se advierte en las constancias que adjuntó a su informe justificado, por lo que se le tiene por presuntivamente cierto. Lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal 216/2007, documentales a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Dicho de otro modo, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran procedencia de la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues ésta constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo. De tal manera que dicho estudio debe hacerse en cualquiera etapa del juicio, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.; y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. " En efecto, de los preceptos se desprende que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, en virtud de que con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, no tienen efectos de imposible reparación, sino que se trata de actuaciones que afectan derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, dichos actos son una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del proceso de origen; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, ya que de las constancias que integran el expediente de origen, así como las afirmaciones realizadas por la parte quejosa, se advierte que en la audiencia de desahogo de pruebas llevada a cabo el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se declaró abierta la misma, se concedió el uso de la palabra a las partes realizaran manifestaciones. En dicha audiencia la representación social manifestó que solicitó se pusiera a la vista el dictamen realizado conforme al protocolo de Estambul practicado al procesado ******, posteriormente, informó el fallecimiento de ****** procesado, el cual promovió un recurso de queja El Juez de origen determinó que con fundamento en los artículos 216, 217, 218, y 219 del Código de Procedimientos Penales aplicables al sistema de justicia tradicional ordenó que los peritos ratificaran la pericial del protocolo de Estambul practicado al procesado ********, asimismo, se les tuvo a los peritos ratificando su dictamen. Posteriormente el juzgador puso a vista de la quejosa *******, el escrito del dieciséis de mayo de dos mil veintidós mediante el cual interpuso recurso de apelación, y que a su vez reconoció la firma en el escrito, se le dio lectura al auto de diecisiete de mayo de ese año y se le notificó el mismo, y la procesada solicitó copia simple de dicho auto. En uso de la palabra la representación social solicitó al juez de origen que dado que se desahogaron las pruebas señaladas por los procesados, y solicitó se decretara agotada la averiguación previa y se cerrara la instrucción conforme a lo dispuesto por los artículos 257 y 258 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México y solicitó fuera certificado el término para en su momento exhibir sus conclusiones. El juez tuvo por hechas las manifestaciones del agente del ministerio público e insistió que la defensa de los procesados en varias ocasiones se les previno si tenían pruebas pendientes por desahogar sin que señalaran prueba alguna, sin que hubieran manifestado tener prueba pendiente por desahogar y a fin de dilaciones innecesarias en el procedimiento por lo que el juez de origen conforme lo establecido en el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México vigente en la época de los hechos declaró agotada la averiguación por lo que declaró cerrada la instrucción, ordenó certificar el término para que la representación social presentara sus conclusiones. Finalmente, estimó que de conformidad con el artículo 282 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México vigente en la época de los hechos, tuvo por no interpuesto el recurso de apelación interpuesto contra el proveído del cinco de mayo de dos mil veintidós, en el cual se dijo a la apelante ********, que no ha lugar a admitir a trámite el incidente sobre exclusión de pruebas que solicitó, en virtud de que este no era apelable, en presencia de la quejosa y de su defensor se les preguntó si deseaban agregar algo a lo que manifestaron que no era su deseo realizar manifestaciones. Inconforme mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el defensor público de los procesados ******* y **********, interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo dictado en la audiencia del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, pues expuso que le causaba agravio a sus representados pues al cerrar la instrucción, dejó en estado de indefensión a los procesados, pues no estaban de acuerdo con los resultados que arrojó la prueba la pericial del protocolo de Estambul practicado al procesado ******, relacionada con actos de tortura por lo que al ordenar cerrar la instrucción se les niega el derecho de debatir los dictámenes periciales. Que de conformidad con el artículo 191 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México vigente en la época de los hechos, el juez omitió darle cumplimiento pues estimó que en ningún momento se requirió a los procesados para que se pronunciaran en torno a las pruebas, o que no fueron requeridos para presentar pruebas nuevas, pese a que en varias ocasiones ofrecieron pruebas documentales, lo que les causó agravio y que no fueron requeridos por el juez para ofrecer a un testigo a su cargo. Que aplica inexactamente el articulo 192 Código de Procedimientos Penales abrogado pero vigente en el Estado de México para este sistema judicial, ya que en ningún momento dentro de la audiencia del día veinticuatro de mayo del año en curso previno a las partes tal y como lo ordena dicho numeral para ofrecer alguna prueba dentro de la misma audiencia y se pueda desahogar en una última audiencia que se celebrara dentro de los diez días siguientes, lo que desde luego de igual manera le causa agravio a sus representados, puesto que es una disposición de orden público que no está sujeta a interpretación por lo que al ordenar el cierre de la instrucción y ordenar darle vista al ministerio público para la exhibición de sus conclusiones le causa ya que no se les se les preguntó y previno para que se manifestaran respecto a alguna prueba por ofrecer como lo ordena el numeral antes señalado. En tanto que en el acuerdo que contestó a dicho recurso fue emitido el veinticinco de mayo siguiente, en el que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 276 y 277 se tuvo interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación que se hace valer por parte de la Defensa y los citados procesados, mismo que procedió a resolver de plano, arribando a la conclusión de que los agravios hechos valer por el defensor son infundados e improcedente el recurso de revocación. El juez estimó que los conceptos de violación que resultaban infundados, ya que por principio, del análisis de la audiencia celebrada el día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, con la asistencia de todas y cada una de las partes, se advirtió que una vez que la Agente del Ministerio Público adscrita hizo uso de la palabra insistiendo en el cierre de la investigación en la causa penal, peticionando de igual manera se realizara la certificación del término correspondiente para la presentación de sus conclusiones, que el Defensor Público, no externó oposición a tal pedimento ni indicó que tuviera pruebas nuevas o pendientes por desahogar y se limitó a señalar lo siguiente: "Con fundamento en el artículo 8 Constitucional y toda vez que mi representada ha manifestado de viva voz que solicita copias del auto de fecha diecisiete de mayo del año en curso es por ello que solicito se me expida copia simple del mismo para ser entregada en su momento a dicha procesada.", a lo que los procesados tampoco realizaron ninguna manifestación al respecto, ni aún en ejercicio del derecho que se les confiere en el artículo 75 de la ley procesal de la materia Denotándose de igual manera, que en relación a los dictámenes periciales realizados a ************, y ratificados en la audiencia de mérito por las peritos adscritas al Tribunal Superior del Estado de México, la Defensa Oficial y el propio procesado tampoco manifestaron inconformidad con tales experticiales en la audiencia que nos ocupa, de las cuales tuvieron conocimiento desde el día doce de mayo del año citado, en que fueron presentados por las peritos. Que dicho agravio resultaba contradictorio ya que él mismo indica que el presente asunto se han venido desahogando pruebas de su parte en favor de sus representados luego entonces, ningún agravio les causa la determinación que se combate, pues de acuerdo a tal argumento el derecho de defensa de los procesados, en cuanto a que se les reciban los medios de prueba que estimen necesarios para su defensa, se respetaron y salvaguardando; que sus manifestaciones eran genéricas. Que el Defensor no especificó qué medios de prueba se refiere en el que se provee, ya que las manifestaciones son genéricas y carentes de sustento jurídico y legal que les de certeza. Que los motivos de disenso hechos valer resultaban infundados para los fines que pretende hacer valer en favor de sus representados, pues en reiteradas ocasiones se previno al defensor a los propios procesados, a fin de que manifestaran si contaban con pruebas nuevas o pendientes por desahogar, que en audiencia del trece de octubre de dos mil veintiuno el defensor manifestó expresamente que no tenían pruebas pendientes por desahogar, y que a su vez ambos procesados expresaron estar de acuerdo. Que se tuvo que en diversas audiencias posteriores se estuvo previniendo a los procesados en mención y a su Defensor para que indicaran si contaban con pruebas pendientes o nuevas por desahogar, sin que de autos se advierta que se hayan pronunciado al respecto de manera concreta. Que las fechas de las audiencias en que se hicieron a los recurrentes los requerimientos aludidos: El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno; diez de marzo de dos mil veintiuno; veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; veintinueve de abril de dos mil veintiuno; trece de mayo de dos mil veintiuno; diez de junio de dos mil veintiuno; veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; cinco de agosto de dos mil veintiuno; quince de septiembre de dos mil veintiuno; veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; y trece de octubre de dos mil veintiuno. Que de igual manera, atendiendo a los principios de igualdad y equilibrio procesal que debe existir entre las partes, a este Juzgado corresponde también salvaguardar los derechos de las víctimas y ofendidos en todo proceso judicial; los cuales, de explorado derecho es conocido, se encuentran representados por el Ministerio Público, así como que sus derechos y los de todo inculpado se encuentran en un mismo plano de igualdad y de respeto. En ese sentido, es criterio de quien esto resuelve el acto reclamado en el presente juicio, concretamente el acuerdo que confirmó el cierre de instrucción en el procedimiento de origen, se considera que no le depara perjuicio alguno de manera irreparable al gobernado, puesto que las manifestaciones por las cuales la parte quejosa aduce que no se debe de cerrar dicha instrucción únicamente se avocan a cuestiones procesales y subjetivas que hasta este momento no le deparan perjuicio de imposible reparación, de ahí que deberá esperar al dictado de la sentencia definitiva y de ser adversa deberá promover amparo directo, alegando las violaciones que estime pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, apoya lo anterior la tesis I.5o.P.54 P sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época Materia(s): Penal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1717, con registro digital 175130, que dice: "CIERRE INDEBIDO DE INSTRUCCIÓN. TIENE UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE Y, POR TANTO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, CUANDO DICHO ACTO SE EFECTÚA CON APOYO EN UNA PRUEBA PERICIAL QUE NO FUE PERFECCIONADA Y ELLO TRAIGA COMO CONSECUENCIA QUE SE RECLASIFIQUE EL DELITO Y SE EMITA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN CONTRA EL INCULPADO. Por regla general, el indebido cierre de instrucción es un acto susceptible de reparación, por lo que sólo puede reclamarse con la sentencia definitiva en amparo directo; sin embargo, excepcionalmente tiene ejecución irreparable cuando sus consecuencias transgreden de manera inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que afecten a las partes en grado predominante o superior, ya que la afectación no sería reparable, aun obteniendo sentencia favorable o mediante el juicio de amparo directo, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. Por ello, se torna procedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y el gobernado no tendrá que esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la violación cometida a través del juicio de amparo directo, cuando con apoyo en una prueba pericial que no fue perfeccionada con antelación, se cierre la instrucción y tenga como consecuencia la reclasificación del delito, así como la emisión de una orden de reaprehensión contra el inculpado, en virtud de que de llegar a cumplimentarse, la transgresión al derecho sustantivo de libertad, protegido constitucionalmente, no podría repararse. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese hágase personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida; por lista electrónica a los tercero interesados; por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintitrés en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe. .
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, desahogando el requerimiento realizado en nueve de mayo de este año, y al efecto manifiesta que la carpeta administrativa 216/2007, se decretó cierre de instrucción y respecto de la quejosa, se determinó que una vez que se resuelva este juicio de amparo, procederá en términos del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; de igual manera, manifestó que el quince de julio de dos mil veintidós, dictó sentencia condenatoria en la referida causa penal contra diversos coinculpados, estando pendiente de resolverse los recursos de apelación hechos valer. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar en el que se encuentra privada de su libertad y mediante lista a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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