Adriana Espinosa Woolrich
Expediente 2055/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2055/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adriana Espinosa Woolrich
Actuaciones
- Principal
PREVIO CITATORIO...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta de diciembre de dos mil quince, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió recurso alguno. Finalmente, tomando en consideración que a foja veinte del presente expediente, obra el original del oficio PJEO/CJ/STCA/417/2014, de seis de junio de dos mil catorce, expedido por el secretario técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, que anexó la promovente del amparo a su escrito inicial de demanda; en tal virtud, requiérase a la misma, para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal a recoger dicho oficio, bajo apercibimiento que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO...Oaxaca de Juárez, Oaxaca a treinta de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías que promueve Adriana Espinosa Woolrich, contra los actos reclamados a la visitadora General del Consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado, titular de la Visitaduría III y ejecutor, ambos adscritos a la Visitaduría General del mencionado Consejo, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese bajo el número 2055/2015. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Es así, pues del análisis de la demanda de garantías, se advierte, que como actos reclamados se atribuyen a las autoridades responsables la falta de fundamentación y motivación del auto de tres de diciembre de dos mil quince, en que no se admitió la prueba superviniente que ofreció la quejosa, consistente en copia certificada del expediente familiar 94/2014, del índice del Juzgado Mixto de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del Acuerdo General 67/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que dispone que las pruebas documentales deberán ser acompañadas con el informe justificado respectivo, y aquellas que no se exhiban pero se anuncien, podrán ser presentadas a más tardar al inicio de la audiencia de pruebas y alegatos; la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el numeral 138, fracción II, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, verificada el cuatro de diciembre de dos mil quince, y como consecuencia de su desahogo, la inadmisión de la prueba superviniente consistente en la copia certificada del expediente familiar 94/2014, del índice del Juzgado Mixto de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; las violaciones procesales cometidas desde el emplazamiento; las actuaciones judiciales practicadas en el instructivo de responsabilidad 31/2015; así como la falta de notificación oportuna del acuerdo de tres de diciembre del año en curso. Sin embargo, dichos actos provenientes de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, no le causan agravio irreparable, por tratarse de cuestiones de mero trámite del referido expediente, así como cuestiones de trámite relacionadas con el desahogo de pruebas, en el instructivo de responsabilidad número 31/2015, que se instruye en su contra, y en el que la quejosa es parte. Para comprensión de lo anterior, resulta necesario transcribir los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . III.- Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: . Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; ." El segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en el auto de tres de diciembre de dos mil quince, en que no se admitió la prueba superviniente que ofreció; la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el numeral 138, fracción II, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, verificada el cuatro de diciembre de dos mil quince, y como consecuencia de su desahogo, la inadmisión de la prueba superviniente; las violaciones procesales cometidas desde el emplazamiento; las actuaciones judiciales practicadas en el instructivo de responsabilidad 31/2015; así como la falta de notificación oportuna del acuerdo de tres de diciembre del año en curso, no producen una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo originan efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la resolución que se pronuncie en el procedimiento administrativo, en caso de ser favorable; por lo que los actos reclamados no se encuentran en las hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, al no causar un daño de imposible reparación a la solicitante del amparo en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento, aplicado en sentido contrario, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley de Amparo vigente, SE IMPONE DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, como autorizado para los mismos efectos a la persona que indica, sin gozar de las facultades a que se refiere el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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