Adriana Escareño Gómez
Expediente 881/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Adriana Escareño Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se desprende que en el caso, sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" A efecto de una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata. Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La quejosa Adriana Escareño Gómez, reclama de la autoridad responsable, Junta Especial 53, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, la omisión de atender a lo solicitado mediante ocursos presentados en esa a su cargo, el cuatro de marzo y tres de octubre, ambos de dos mil diecinueve, en que solicitó fijara fecha y hora para substanciar incidente de liquidación de laudo, dentro del expediente laboral 152/2010 de su índice. Al respecto, la citada responsable, mediante oficio 1255/2019, de tres de diciembre en curso, remitió en alcance a su informe justificado copia certificada de las actuaciones que integran el mencionado expediente laboral, las cuales constituyen el tomo I, relativo a este juicio, a las que por tener el carácter de documento público, se les confiere pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última. Documentos los anteriores, de los que medularmente se desprende que por auto de veinticinco de noviembre de dos mi diecinueve, la Junta responsable se pronunció respecto de lo solicitado por la ahora quejosa mediante ocursos presentados en esa a su cargo, el cuatro de marzo y tres de octubre, ambos de dos mil diecinueve, negando proveer de conformidad sus peticiones, por los motivos ahí expuestos. Así las cosas, resulta evidente que con la emisión del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en que la Junta responsable niega proveer de conformidad lo peticionado por la quejosa en sus ocursos presentados el cuatro de marzo y tres de octubre, ambos de la presente anualidad, cesaron los efectos del acto reclamado que ésta le atribuyó, en la medida que independientemente del sentido en que se acordaron los ocursos de la quejosa, se dio respuesta a los mismos. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Entonces, en tanto que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior y toda vez que se encuentran programadas las once horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional de que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaría de este Juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas dependencias y una vez que se reanuden labores, entréguense los oficios para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo, que remite la autoridad responsable en alcance a su informe justificado acordado en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Con su contenido y las constancias justificativas relativas al acto reclamado que remite la autoridad responsable, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con la documental exhibida por la responsable como soporte de su informe justificado, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Con dicho anexo, fórmese por separado tomo I, para facilitar el manejo del presente expediente, dado su volumen. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado y anexo, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con la documental exhibida por la responsable como soporte de su informe justificado, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta que suscribe Julio Ignacio Domínguez Lara, en su carácter de apoderado legal de la tercera interesada Comisión Federal de Electricidad, en términos de la copia certificada del testimonio de la escritura pública número 53,859 de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 84 de Naucalpan de Juárez, Estado de México; con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente juicio de amparo a la tercera interesada de referencia por conducto de su apoderado, para todos los efectos legales a que haya lugar y désele la intervención legal que le corresponda en este juicio. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Héroes de Chapultepec, número doscientos uno (201), colonia Sierra de Álica, Zacatecas, Zacatecas. Por otro lado, se tienen por autorizados a Mario César Montes López, Luis Enrique Zavala García, Alma Verónica Ramírez Lozano, Daniel Flores Espinoza, Gustavo Reyes Fiscal, Rubén Pérez Muñoz y Juan Adrián Rivera Álvarez únicamente para oír notificaciones más no para promover, esto es, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona en su escrito de cuenta los datos del documento que los autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el citado párrafo y numeral.
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