Adriana Elizabeth Hernandez Gallegos

Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Adriana Elizabeth Hernandez Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo por el que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido del informe justificado que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto de reestablecer la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de proveer sobre la ejecución del laudo solicitada por la actora-quejosa. Lo anterior, en tanto refirió lo siguiente en su demanda: "Acto reclamado [.] la omisión, dilatación e incumplimiento de ejecución de laudo [.] la autoridad responsable a la fecha no ha cumplido con el cumplimiento al procedimiento laboral, está omitiendo a lo ordenado por los artículos anteriormente citados y a los derechos humanos y las garantías individuales al no proporcionar una prontitud al procedimiento que es solicitado [.] con fecha 18 de noviembre del año 2021, se propuso convenio de pago, incumpliendo el depositar la parte demandada, por lo que nuevamente solicité que se diera cumplimiento a mi petición de cumplimiento del laudo condenatorio, sin embargo se ha obtenido una respuesta negativa.". Ahora, de las constancias acompañadas al informe justificado, puede advertirse lo siguiente: 1. Mediante comparecencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, las actora-quejosa y el demandado en el juicio de origen llegaron a un convenio para efecto de cumplir con el laudo y concluir el juicio, en el cual se acordó el pago de la cantidad de $****(****). Con lo anterior se dio fin al juicio de mérito, y fueron señaladas las diez horas del diecisiete de enero de dos mil veintidós para que el demandado compareciera a efectuar el pago de lo convenido. 2. Por escrito recibido por la autoridad responsable el dieciocho de enero de dos mil veintidós, la actora solicitó la ejecución del laudo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 3. En acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós -fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo- la autoridad responsable negó la ejecución del laudo, pues había sido celebrado el convenio referido, el cual impedía la reinstalación y el cumplimiento del laudo en sus términos. Lo anterior evidencia que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de enero de dos mil veintidós- existía la solicitud de ejecución de laudo a la que refiere la quejosa y, en efecto, existía la omisión reprochada, en tanto la autoridad responsable había sido omisa en proveer respecto a la ejecución solicitada. Sin embargo, posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, fue emitido el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable negó la ejecución del laudo en los términos solicitados por la quejosa, en virtud de la existencia de un convenio que debería ser cumplido. Lo anterior refleja que han cesado los efectos del acto reclamado, en tanto ya no persiste la omisión de la autoridad responsable de proveer sobre la solicitud de ejecución; sin que obste que haya negado dicha solicitud, pues lo relevante era que la autoridad había sido omisa en proveer al respecto, al margen de que fuera procedente o no su solicitud. Aunado a que quedan a salvo los derechos de la quejosa de combatir esa negativa mediante la instancia que estime conducente, o bien, solicitar la ejecución del convenio celebrado, pues cabe traer a cuenta que a la actora le corresponde impulsar el procedimiento de ejecución en el juicio laboral, atento la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, pues respecto a la ejecución indicó que "esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante". Además, debe tomarse en cuenta que la actora -aquí quejosa- solicitó la ejecución del laudo y ésta fue negada porque existe un convenio, el cual en su caso es sobre el que debe recaer la ejecución y, al respecto, al no existir el impulso de la actora para ejecutar el convenio, no podría estimarse que existe una omisión de la Junta responsable de proveer sobre la ejecución del convenio, pues para ello es menester que exista la previa solicitud, tal como quedó estipulado en la citada jurisprudencia. Con lo anterior queda patente que, si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de enero de dos mil veintidós- existía la omisión indicada, resulta inconcuso que cesó en sus efectos, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, ya que sobre ésta recayó el proveído de fecha posterior a la promoción del amparo, donde se resolvió sobre la posibilidad de ejecutar el laudo Sustenta la determinación alcanzada, la tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual manera, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala del citado Alto Tribunal, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia constitucional en el sumario en que se actúa. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vistos los autos de cuenta y toda vez que de los mismos se advierte que en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se agregó el informe justificado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 27 en esta ciudad, por lo que está transcurriendo el término que establece el artículo 117 para que las partes se impongan de su contenido, por ello, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Notifíquese.

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