Adriana Elizabeth Cadena Montes

Expediente 584/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
584/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Adriana Elizabeth Cadena Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer el recurso de queja en contra del auto de seis de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Adriana Elizabeth Cadena Montes. se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por Adriana Elizabeth Cadena Montes, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 584/2022-VIII. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación y reclama todo lo actuado dentro del juicio reivindicatorio 808/2018 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, incluida la orden de desposesión de la bodega y granja de la cual se ostenta como arrendataria. Cabe indicar que la quejosa no hace valer conceptos de violación en contra de la sentencia emitida en el juicio de origen ni en contra de los actos de ejecución de éste, sino que únicamente los combate como consecuencia del emplazamiento. Ahora bien, la promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de marzo de dos mil veintidós, fecha en que unas personas que trabajan en una granja ubicada en Villagrán, Santa Ana Pacueco, Guanajuato, le informaron que se presentaron unas personas -al parecer un actuario y un abogado- quienes informaron que el motivo de su visita era para desalojar el inmueble que defiende la quejosa, ello en razón de la sentencia ejecutoriada dictada por el Juez Primero Civil de Partido de esa ciudad; por lo anterior, el plazo para promover el juicio de amparo indirecto comenzó a correr partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del dos de marzo de dos mil veintidós. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Dicha disposición establece, en términos generales, que será reputado como acto consentido, aquél que resienta el quejoso y tenga conocimiento del mismo, sin que al efecto, promueva juicio de amparo dentro de los plazos que otorga la ley para ese fin; salvo las excepciones que ahí mismo se contemplan. Por su parte, el numeral 17 de ese ordenamiento legal dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación con lo anterior, el diverso artículo 18 de la ley de la materia establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo previamente transcrito se advierten tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, como sigue: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame conforme a la ley del acto; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, también señala que deberá promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, o bien, el día siguiente al en que se ostente sabedor. Como se mencionó en párrafos precedentes, la quejosa tuvo conocimiento del juicio reivindicatorio seguido en su contra y de la diligencia de desalojo que indica, desde el uno de marzo de dos mil veintidós; por lo que debió impugnar en la vía constitucional, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la notificación surtió efectos, por tanto, ese plazo transcurrió del dos al veintitrés de marzo del actual, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Es aplicable al caso la jurisprudencia 1ª./J. 30/2007, consultable en la página 286, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172550, del rubro texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En consecuencia, al no haber impugnado en el lapso señalado en supralíneas, se tornó tácitamente consentido el acto que reclama, en contra del cual no procede el juicio de amparo de conformidad con la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si la demanda de amparo se presentó el cinco de abril de dos mil veintidós, se desecha por notoriamente improcedente, en términos del 113 de la ley de la materia, ante la extemporaneidad en su presentación.

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