Adriana Elideth de la Fuente Mercado
Expediente 386/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Adriana Elideth de la Fuente Mercado
Actuaciones
- Principal
Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/23/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se estableció, entre otras situaciones, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con sede en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales. Oficio. Por otra parte, se agrega el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Prórroga. En atención a las manifestaciones del Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, y considerando la complejidad del asunto, con fundamento en el numeral 192, último párrafo de la Ley de la materia, se le concede una prórroga de diez días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de cumpla con los efectos de la ejecutoria de amparo, esto es, deberá realizar la entrega del cheque expedido en favor de la parte quejosa, para acreditar la devolución de las contribuciones que son objeto del fallo protector, cuyo hecho deberá justificar con las constancias pertinentes. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Adriana Elideth de la Fuente Mercado solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y el acto que a continuación se trascriben: "III. Autoridad responsable: --- Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, Durango (.). --- IV. Actos reclamados. --- I) De la autoridad señalada como responsable, que es la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, reclamo lo siguiente: --- A) La evasiva de la responsable para acordar promoción de fecha 18 de septiembre de 2019, que fue presentada ante la hoy responsable en la misma fecha. --- B) La falta de acuerdo para señalar perito tercero y la respectiva fecha para su aceptación al cargo". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, en atención al artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la suspensión de labores decretada en los acuerdos 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virus SARS-CoV2 (COVID-19), fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 386/2020-V-B, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: i. La omisión de dar contestación al escrito de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, realizada en los autos del juicio laboral 2/386/2012, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango, a través de la cual, solicitó que ante lo controvertido de los dictámenes periciales rendidos por los peritos ofrecidos por las partes se designe a un perito tercero en discordia, para lo cual se señale fecha y hora para la aceptación y protesta del cargo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango, sin que obste para ello que la junta responsable, al rendir el informe justificado, niegue la existencia del acto reclamado, toda vez que esa negativa se encuentra desvirtuada con las constancias que anexó esa propia autoridad respecto del juicio laboral 2/386/2012; por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado, ya que quedó desvirtuada su negativa. Orienta lo expuesto, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, de las constancias existentes en el sumario, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil veinte, la junta responsable, en los autos del juicio laboral 2/386/2012, al advertir discrepancia entre los dictámenes periciales rendidos por peritos ofrecidos por las partes, designó al licenciado Manuel Rivas Rodríguez, como perito tercero en discordia, y señaló las once horas del catorce de octubre de este año para la aceptación y protesta del cargo conferido; posteriormente, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, acordó lo relativo a la solicitud planteada por la parte quejosa el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, y se remitió a lo acordado en el auto de treinta y uno de julio anterior. Por tanto, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión de acordar la promoción presentada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, realizada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango, a través de la cual se solicitó que ante lo controvertido de los dictámenes periciales rendidos por los peritos ofrecidos por las partes se designare a un perito tercero en discordia, y se señale fecha y hora para la aceptación y protesta del cargo, ha cesado al haber dejado de surtir sus efectos, con motivo de la emisión de los proveídos de treinta y uno de julio y veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en los autos del juicio laboral 2/386/2012. No es obstáculo para determinar lo anterior, la circunstancia que en autos no obre la constancia de notificación a la aquí quejosa, respecto de los proveídos antes citados, pues la parte peticionaria del amparo tuvo conocimiento de su contenido, con motivo de la vista que le fue otorgada en este juicio de amparo, en auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, lo que le permitió conocer el contenido de lo determinado por la autoridad responsable. Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 36/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, mayo de 1999, página 469, que dispone lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". Así, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no está surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que el tribunal obrero responsable acordó lo relativo a la solicitud planteada por la parte quejosa. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la ley de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sin que pase inadvertida la falta de emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, lo cual, como es lógico, en forma alguna afecta los intereses de la parte tercera interesada; por tanto, resultó innecesario su llamamiento a juicio. Orienta lo expuesto, la tesis P. V/98, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, que señala lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Adriana Ayoub Aguilar506/2022
- Adriana Berencie Reyes Gutierrez1277/2021
- Adriana Cecilia Natera González867/2020
- Adriana del Valle Ramirez134/2020
- Adriana Delgadillo Reyes822/2019
- Adriana Edith Muñoz Vázquez732/2021
- Adriana Elizabeth Rivera Torres411/2020
- Adriana Fernandez Macias1314/2022
- Adriana Flores Ávila555/2020
- Adriana Gabriela Quintero Santacruz275/2019
- Adriana García Ontiveros1774/2023
- Adriana Gerardina Jerkov Valdes227/2018