Adriana Dorantes Orañeguiz

Expediente 1706/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1706/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Adriana Dorantes Orañeguiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada por este juzgado de Distrito, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, que dice: Quejosa:******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1706/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado el catorce del mismo mes y año a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción,********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "TERCERO.- AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CALIDAD DE ORDENADORA Y EJECUTORA: Lic. RAMÓN VILLANUEVA URIBE, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en el Poblado de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos. CUARTO.- ACTO RECLAMADO La resolución dictada por el LIC. RAMÓN VILLANUEVA URIBE, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de fecha 09 de octubre del 2020, por la que se emitió la resolución por la cual me vinculan a proceso por mi probable participación en la comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA, cometido en agravio de TOMAS ENRIQUE CASTAÑEDA MEDINA, dentro de la causa penal ********************. SEGUNDO. Trámite del juicio. El quince de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo. Asimismo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tuvo con el carácter de terceros interesados a Tomás Enrique Castañeda Medina y a la Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía de Delitos Foráneos de la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos. También, en esa fecha hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública -sin que las mismas hicieran manifestación al respecto-, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós se tuvo por emplazada a la representación social y el veintitrés del mismo mes y año a la víctima, ambos como terceros interesados, quienes no se apersonaron a juicio ni formularon alegatos. Finalmente, seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además el acto reclamado de un auto de vinculación emitido por un juez de control penal local, cuya ejecución se materializa en la circunscripción territorial en la que cuenta con competencia este juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y EJECUTORA [1] Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial con sede en Xochitepec, Morelos. ACTO RECLAMADO a) La resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en la causa penal ********************mediante la cual decretó auto de vinculación a proceso, en contra de******************** (aquí quejosa), por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como el delito abuso de confianza previsto y sancionado en el artículo 186, en relación con el 14, 15, 16, fracción I y 18, fracción I todos del Código Penal del Estado de Morelos, en agravio de Tomás Enrique Castañeda Medina -aquí tercero interesado-. III. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al [1] Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial con sede en Xochitepec, Morelos, pues así lo afirmó al rendir su informe justificado, corroborada tal aseveración con las [a] copias certificadas relativas a la causa penal ********************de su índice y [b] el disco compacto que contiene el registro de audio y video de la audiencia en cuestión. Documentales a las cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos, al haber sido expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, y respecto a los discos señalados, atendiendo a la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004362, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, por lo que a ello se procede en este apartado. Este juzgado de oficio advierte que en el caso, en cuanto al a) auto de vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa dentro de la causa penal ********************por el [1] Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial con sede en Xochitepec, Morelos, han sobrevenido dos causas de improcedencia. La primera prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado, en tanto que la quejosa reclamó dicha resolución, derivado de que al momento de presentación de su demanda -once de noviembre de dos mil veintidós-, se encontraba vigente el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, en el que la autoridad responsable, decretó auto de vinculación a proceso en contra de******************** -aquí amparista-, por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como el delito de abuso de confianza previsto y sancionado en el artículo 186, en relación con el 14, 15, 16, fracción I y 18, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Morelos, en agravio de Tomás Enrique Castañeda Medina -aquí tercero interesado-. No obstante, con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, fue recibido el oficio 03161/23, remitido por el juzgador responsable, en el que informó que en audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************se decretó como procedente la prescripción de la acción penal a favor de la quejosa y por tanto, se tuvo por extinta la misma, por lo que en consecuencia, en términos de lo que dispone el numeral 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó el sobreseimiento de la causa, con efectos de sentencia absolutoria. Además anexó con el mismo el disco versátil digital que contiene el registro de audio y video de la audiencia en la que se emitió dicha determinación, medio electrónico que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, al tratarse de una documental pública atendiendo a la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004362, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Medios de convicción que si bien fueron recibidos con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, este juzgado está facultado para valorarlas con el fin de justificar la actualización de una causa de improcedencia, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, con número de registro 2000902, cuyos rubro y texto indican: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Por tanto, atendiendo a las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, las cuales se encuentran corroboradas con el disco compacto en cuestión, se tiene que han cesado los efectos de la referida determinación, en razón de que el auto de vinculación reclamado era el que causaba un perjuicio a la parte quejosa, al afectar indirectamente su libertad personal, en virtud de que la sujetaba a un procedimiento de esa índole, y al haberse decretado el sobreseimiento de la causa, con los efectos de sentencia absolutoria, implica que desaparezcan de forma definitiva los efectos del acto reclamado (sujeción a proceso), por lo que la persona regresa a la situación jurídica anterior a la violación del acto que reclamó, lo que genera que se actualice la causa de improcedencia de cesación de efectos. Resultando por ello aplicable por identidad jurídica sustancial los argumentos contenidos en la jurisprudencia 1ª./J.45/2023 (11a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2026147, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CESAN SUS EFECTOS CUANDO ES RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y CON POSTERIORIDAD SE APLICA UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD QUE PRODUCE EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. Hechos: Una persona promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó el auto de vinculación a proceso que pesa en su contra por el delito de deserción y la inconstitucionalidad del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar. El Juez de Distrito negó el amparo, por lo que la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este alto tribunal para conocer del reclamo de inconstitucionalidad. Durante la tramitación del recurso, el Ministerio Público aplicó un criterio de oportunidad en el procedimiento ordinario y, como consecuencia, el Juez de Control decretó el sobreseimiento en la causa penal instruida en su contra. Criterio jurídico: Cuando una persona reclama en amparo indirecto el auto de vinculación a proceso que pesa en su contra y con posterioridad el Ministerio Público aplica un criterio de oportunidad en el proceso que produce el sobreseimiento en la causa penal, ello implica que desaparezcan de forma definitiva los efectos del acto reclamado, por lo que la persona regresa a la situación jurídica anterior a la violación del acto que reclamó, lo que genera que se actualice la causa de improcedencia de cesación de efectos. Justificación: El criterio de oportunidad es instituido como una forma de terminación de la investigación en el proceso penal acusatorio que consiste en la abstención del Ministerio Público de ejercer acción penal en contra de la persona imputada, siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación del criterio de oportunidad trae como consecuencia la determinación de sobreseimiento en la causa penal. Con base en lo anterior, si se promueve un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un auto de vinculación a proceso y posteriormente el Ministerio Público aplica un criterio de oportunidad a partir del cual se decreta el sobreseimiento en la causa penal, ello trae como consecuencia que se destruyan de manera definitiva los efectos del acto reclamado y que la parte quejosa regrese al estado en que se encontraba antes de la existencia de la violación que reclamó, lo anterior es así, porque la aplicación de un criterio de oportunidad tiene como consecuencia la extinción de la acción penal y, en consecuencia, efectos de una sentencia absolutoria, lo cual actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo." Cabe precisar que el amparo en revisión 219/2022, que dio origen a dicho criterio, la Primera Sala de nuestro tribunal constitucional analizó un asunto en el cual la parte quejosa [1] reclamó en amparo indirecto un auto de vinculación a proceso -mismo acto reclamado- y en el cual con posterioridad a su emisión, el agente ministerial aplicó un criterio de oportunidad, [2] el cual por su naturaleza no requirió la voluntad del imputado -como acontece en el caso de prescripción de la acción penal-, y [3] cuyo efecto conforme al artículo 253 del Código Penal Militar de Procedimiento Penales (aplicable en ese caso), fue la extinción de la acción penal -igual que el originado por la prescripción de la acción penal-. Asimismo, se tuvo que con base en dicha determinación, el juez responsable [4] decretó el sobreseimiento de la causa penal -como en el asunto que nos atañe-, con efectos de [5] sentencia absolutoria -de la misma forma que la aquí autoridad responsable-. Mismas circunstancias que acontecen en el asunto en estudio, en el que la quejosa [1] reclamó en amparo indirecto un auto de vinculación a proceso -mismo acto que en el criterio analizado- y en el cual con posterioridad a su emisión, el juez responsable decretó procedente la prescripción de la acción penal, [2] la cual por su naturaleza no requirió la voluntad de la imputada -como en el caso de los criterios de oportunidad-, y [3] cuyo efecto conforme al artículo 81, fracción X, del Código Penal para el Estado de Morelos (aplicable en ese caso), fue la extinción de la pretensión punitiva o acción penal -igual que el producido por un criterio de oportunidad-. Asimismo, se tuvo que con base en dicha determinación, el juez de control responsable [4] decretó el sobreseimiento de la causa penal con fundamento en el numeral 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales -como en el asunto analizado en la ejecutoria de análisis-, con efectos de [5] sentencia absolutoria, de acuerdo al ordinal 328 de la misma codificación -de la misma forma ocurrida en el precedente en mención-. Nótese en este punto que en la tesis aludida y la ejecutoria que le dio origen, no se mencionó que para determinar la cesación de efectos era necesario que la determinación que decretó el sobreseimiento de la causa penal haya causado ejecutoria, sino que al contrario, determinó que bastaba con la existencia de una determinación en ese sentido -que decretara el sobreseimiento en la causa-, para el efecto de que el juicio de amparo resultara improcedente por cesación de efectos, de allí que resulte exactamente aplicable al presente caso, al surtirse similares hipótesis normativas y fácticas. Por lo expuesto, este juzgado se encuentra impedido para entrar al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de hacerlo se estaría decidiendo sobre una situación diversa a aquélla que guardaba la quejosa respecto al acto que reclamó, la cual era distinta a la que rige actualmente, en la que a la quejosa ya no se encuentra sujeta a proceso, como consecuencia del sobreseimiento de la causa penal ********************que tuvo los efectos de una sentencia absolutoria a su favor. Por lo que no podría analizarse el acto aquí reclamado, pues al ya no estar sujeta a proceso, en caso de que eventualmente se concediera el juicio de amparo en contra de la vinculación a proceso en cuestión, para el efecto de que se subsanara alguna violación formal o procesal, implicaría regresar a la quejosa a su estatus anterior -de imputada-, y por ello tendría que dejarse sin efectos esta nueva determinación que le resulta benéfica (sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria), lo que incluso sería perjudicial a la amparista, de allí que esta determinación haya sido sustituida procesalmente por aquella que rige actualmente su situación procesal, y que la mantiene en libertad. Sin que pueda válidamente argumentarse que en todo caso debe estudiarse dicho juicio en caso de que deba negarse la protección constitucional, ya que tiene que tenerse en cuenta que el juicio de amparo tiene un efecto útil, el cual consiste en dicha protección, mediante el control de los actos de autoridad, por lo que los jueces constitucionales deben asegurar que el mismo siempre cumpla con su finalidad práctica -la protección de derechos-, pues en caso contrario, de ser imposible dicha protección, la procedencia de dicho medio de defensa reduciría a un simple medio para realizar una actividad meramente especulativa, lo cual definitivamente debe impedirse, tal como ilustra por ejemplo en sus consideraciones la tesis P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 197245, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Máxime que en todo caso, también se actualiza en contra del acto reclamado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica, ello en tanto que el segundo párrafo de dicha disposición contiene una hipótesis especifica aplicable a la materia penal, conforme a la cual, en lo que interesa, cuando se reclaman violaciones al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -que prevé el auto de vinculación a proceso y sus requisitos-, la sentencia de primera instancia produce que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para efectos de dicho precepto. En ese sentido de una interpretación auténtica de dicha disposición se advierte que el legislador fue puntual en establecer de manera expresa que basta con la emisión de la sentencia de primera instancia para que se considere la existencia de un cambio de situación jurídica, cuando se reclaman, entre otros actos el auto de vinculación a proceso -al estar contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, por tanto al tener el sobreseimiento de la causa penal como ya se mencionó, el carácter de una sentencia absolutoria, es que con su emisión en tales términos se produce tal cambio de situación. Resultando ilustrativa por ello la tesis XVIII.2o.P.A.2 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Decimoctavo Circuito, con registro 2017403, en la que igualmente determinó que basta con la sentencia de primera instancia para que se produzca un cambio de situación jurídica, tal como se advierte de su texto del contenido siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio." Así como por los mismos razonamientos, la diversa tesis II.4o.P.10 P, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro 161919, que sostiene: "AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE UNA ETAPA A OTRA EN EL JUICIO ORAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA QUE PROVOQUE SU IMPROCEDENCIA, YA QUE EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HARÁ QUE SE CONSIDEREN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde deriva el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México, bajo el principio proteccionista que rige el juicio de garantías, el análisis de la reclamación de tales actos debe regirse por el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, mientras no sea ajustado en su contenido respecto de dicho procedimiento; de ahí que el cambio de una etapa a otra en el juicio oral acusatorio adversarial en la entidad no actualiza un cambio de situación jurídica para efectos de la improcedencia del amparo, ya que exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento." Lo expuesto ya que de no razonarlo así, implicaría que en todos los casos para que se produzca un cambio de situación jurídica la resolución que le da motivo debería causar ejecutoria para su actualización, lo cual no ha sido razonado de dicha forma por la jurisprudencia sostenida por nuestro máximo tribunal, la cual ha sido consistente en determinar que basta con la emisión de una determinación específica -sin importar si causa ejecutoria o no-, para efecto de que se produzca un cambio de situación jurídica. Por lo que de asumir una postura contraria se contravendrían por lo menos las jurisprudencias P./J. 57/96, 1a./J. 14/2004, 1a./J. 95/2007 y 1a./J. 9/2007, todas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros 200027, 181477, 171841 y 172714, respectivamente, de rubros "ORDEN DE APREHENSIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO YA SE DICTÓ FORMAL PRISIÓN Y LUEGO SE RECLAMA AQUELLA EN FORMA AISLADA", "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE)" y "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia de análisis, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto de a) la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en la causa penal ********************dictada por el [1] Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial con sede en Xochitepec, Morelos. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, respecto de la autoridad y acto precisado en el considerando II de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el último de ellos. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio signado por Isidoro Edie Sandoval Lome Juez Especializado de Control adscrito a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, Morelos, a través del cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de seis de marzo del año en curso e informa que el veintidós de febrero de la presente anualidad la víctima en la causa de origen presentó recurso de apelación en contra de la resolución de sobreseimiento de dieciséis del mes y año en cita, por lo que una vez que el tribunal de alzada emita la resolución correspondiente y ésta haya causado ejecutoria, lo hará del conocimiento; en atención a lo anterior, túrnese el presente cuaderno de antecedentes, para que de considerarlo necesario, sirva como apoyo para la emisión de la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese el oficio signado por ********************, Juez Especializado de Control adscrito a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, a través del cual remite en disco versátil digital la audiencia de debate de sobreseimiento desahogada el dieciséis de febrero del año en curso. Al respecto, al advertirse la posible actualización de una causal de improcedencia, se hace necesario requerir a ********************, Juez Especializado de Control adscrito a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, para que una vez que cause ejecutoria la audiencia en mención, remita las constancias respectivas, lo anterior con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo. En el entendido que de no cumplir con lo ordenado o manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, se impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización a que se refiere la actualización del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en diez de enero de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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