Adriana de Jesus Valcarcel Martin
Expediente 2397/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2397/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Adriana de Jesus Valcarcel Martin
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente, es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó en el presente juicio. Asimismo, se hace constar que no obra en autos documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 2397/2022, promovido por Adriana de Jesús Valcárcel Martín, por su propio derecho, contra un acto de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario da cuenta con la documental exhibida por la Junta responsable; así como con la documental, la instrumental de actuaciones y la de presunciones legales y humanas, ofertadas por la parte quejosa. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; cerrándose por ende la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra este período. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 2397/2022; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Adriana de Jesús Valcárcel Martín, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir, medularmente, en la omisión de emitir el proveído relativo a la demanda presentada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de once de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La omisión de la Junta responsable, de emitir el proveído relativo a la demanda presentada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado y actualización de una causal de improcedencia. Es cierto el acto reclamado que se atribuye a la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pues si bien al rendir su informe justificado negó su existencia, lo cierto es que de las constancias que adjuntó se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no obra la constancia de notificación relativa a la parte quejosa, respecto del auto admisorio que recayó a su ocurso laboral, por lo que, en consecuencia, dicho auto debe considerarse emitido con posterioridad. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe la Junta responsable, relativas al juicio reclamatorio laboral 369/2022. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de orden público, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985 al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir el proveído relativo a la demanda laboral presentada por la parte aquí quejosa, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; es menester indicar que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, cuenta habida que de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que por proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, el cual no se advierte hubiere sido notificado a la parte quejosa, por lo que debe estimarse emitido con posteridad a la presentación de la demanda de amparo, dicha responsable emitió el proveído que recayó al escrito inicial presentado por la parte quejosa, admitiendo a trámite la demanda laboral promovida y fijando las nueve horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia relativa. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que ya se ha emitido la determinación relativa al escrito de demanda presentado por la parte quejosa. Por consiguiente, en relación al indicado acto reclamado, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido emplazado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; cuenta habida que, con el sentido de la misma, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3°, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adriana de Jesús Valcárcel Martín, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, y anexo que acompaña, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Ahora bien, del contenido del oficio de la responsable, se advierte que resulta necesaria la intervención del Directora del Registro Público de la Propiedad del Estado con residencia en esta ciudad, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; en tal virtud, al tener participación dicha autoridad, entonces, se tiene a la Directora del Registro Público de la Propiedad del Estado con residencia en esta ciudad, como nueva autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto; esto, pues tal como refirió la responsable Encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, no ha sido posible dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que aún está pendiente por parte de la nueva autoridad vinculada, la corrección de la superficie de tierras ejidales de uso común que ampara la solicitud con número de folio 31190003799, respecto de la parcela número 641, del ejido y municipio de Progreso. Por ende, a fin de evitar dilaciones procesales y cumplimentar la sentencia de amparo, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad vinculada, para que el plazo de tres días, legalmente computado, informe si ya llevó a cabo lo solicitado por la Encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, respecto del trámite relativo a la corrección de la superficie de tierras ejidales de uso común que ampara la solicitud con número de folio 31190003799, respecto de la parcela número 641, del ejido y municipio de Progreso. Lo anterior, a fin de cumplimentar la sentencia de amparo dictada en el presente juicio y restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en el entendido que las autoridades deben de actuar con la celeridad y prontitud debidas, a fin de que la sentencia de amparo sea acatada, anexando copia simple del oficio de mérito. Apercibida la Directora del Registro Público de la Propiedad del Estado con residencia en esta ciudad, que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos de los invocados 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. No es óbice, para el anterior requerimiento, la circunstancia de que la citada autoridad, no haya sido señalada como responsable en este juicio, toda vez que es de explorado derecho que al cumplimiento de las ejecutorias de amparo está obligada toda autoridad que tenga conocimiento de ella y que por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, tal y como en la especie acontece. Tiene aplicación al caso, las tesis con los rubros siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. No sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, sino que todas aquellas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, los obstáculos que se presenten para el cumplimiento de dichas ejecutorias.".1 "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANTO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución.".2 NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el telegrama remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe, así como por el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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