Adriana Cruz Vazquez

Expediente 274/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 42 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
274/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Rivera Caceres
  • Adriana Cruz Vazquez
  • ADRIANA CRUZ VAZQUEZ y Otros.
  • Anahi Guadalupe Colen Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los que se advierte que aún no obra el acuse de recibo del oficio 23422/2022, dirigido al Secretario de Salud, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se le hizo del conocimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. En atención a lo anterior, se ordena reexpedir el oficio de referencia vía mensajería acelerada ESTAFETA, a efecto de que dicha autoridad tenga conocimiento de la sentencia dictada en este asunto, por lo que en el plazo de TRES DÍAS a la entrega del oficio citado deberá acusar recibo del mismo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá a la omisa una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio el contenido de la página de internet "https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/6350", de la que se obtiene, en la parte conducente, que el Gobierno del Estado de Yucatán, a través del portal Coronavirus Yucatán, comunica que las Secretarías de Salud de Yucatán (SSY) y del Bienestar, a partir del veintiocho de junio al jueves treinta de junio de dos mil veintidós, aplicarán en esta ciudad de Mérida la primera dosis de la vacuna Pfizer pediátrica a menores de cinco a once años de edad, cuyos padres hayan promovido un juicio de amparo. Para el caso específico del poblado de Espita, Municipio del mismo nombre, del Estado de Yucatán, la jornada de vacunación se iniciará en las fechas ya indicadas, aplicando dosis pediátricas de la farmacéutica Pfizer, en la Casa de la Cultura de ese lugar. Mientras que, en la ciudad de Mérida, la vacunación de menores de cinco a once años de edad que cuentan con un juicio amparo, se llevará a cabo únicamente en el Hospital Militar Regional de Mérida en horario de 08:00 a 18:00 horas. Además, se señala que para la jornada de vacunación, los padres o tutores deberán presentar copia del CURP de la parte menor quejosa, acta de nacimiento, formato de vacunación impreso y la copia de la resolución del amparo. En esas condiciones, se ordena hacer del conocimiento lo anterior, a efecto de que estén en aptitud de presentar a la parte menor quejosa oportunamente para la aplicación de la vacuna en los lugares ya indicados. Por ello, se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción notificarle personalmente este proveído, a efecto de que a la brevedad posible, le sea aplicada la primera dosis de la vacuna a la parte menor quejosa en su formato pediátrico de la farmacéutica Pfizer. Asimismo, se le solicita a la parte amparista (tutor o tutora), que en el plazo de tres días posteriores a la aplicación de la vacuna de mérito, deberá hacer del conocimiento tal circunstancia a este órgano jurisdiccional, debiendo en lo posible, adjuntar el certificado de vacunación correspondiente, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente. Con el apercibimiento que de no informar al respecto, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Finamente, el presente proveído deberá ser notificado mediante oficio a las autoridades responsables, reiterándoles la instrucción de aplicar la vacuna a la parte menor quejosa, en cumplimiento a la medida suspensional concedida en los presentes autos, o bien, de conformidad con sus respectivas atribuciones, deberán coadyuvar de inmediato a lograr tal finalidad. Debiendo comunicar en el plazo de tres días contados a partir de que sean legalmente notificados del presente proveído, las acciones que hayan realizado para cumplir lo que se les ha instruido, remitiendo las constancias correspondientes en copia certificada. Apercibiéndoles que de no atender lo anterior, se les aplicará una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; la cual se impone en ese parámetro, toda vez que ya son varios requerimientos en materia de suspensión que se les han hecho, sin que los hayan atendido en sus términos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Incidental

    ELECT Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el escrito recibido vía electrónica, mediante el uso de la FIREL deautorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita, por los motivos que expone, se requiera por última ocasión a las autoridades señaladas como responsables, así como a las vinculadas al cumplimiento de la suspensión, fijen fecha y hora para aplicar al menor quejoso la vacuna Pfizer BioNtech, contra la Covid-19, como se ordenó en el auto a través del cual se le concedió la suspensión de los actos que reclama. Ahora bien, siendo un hecho notorio y del conocimiento público, que de conformidad con lo informado por el Gobierno Federal, a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se aperturó el registro para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la Covid-19, para los niños de cinco a once años de edad, grupo etario dentro del cual se encuentra la parte menor quejosa. Al efecto, previo a determinar lo relativo a lo solicitado por la autorizada ocursante, prevéngase a la misma, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, informe a esta autoridad judicial, bajo formal protesta de decir verdad, si el menor quejoso que representa, ya fue registrado para ser inoculado con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, o la imposibilidad que hubiere tenido para tal efecto. Apercibida que, en caso de incumplimiento al requerimiento formulado con anterioridad, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, la cual equivale a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Incidental

    El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, e informa que hasta el día de hoy que se está celebrando la presente audiencia incidental, no se tiene conocimiento de que la autoridad responsable SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, con sede en la Ciudad de México, haya rendido su informe previo a pesar de estar legalmente notificado, según se advierte de la tarjeta correspondiente al oficio con el que se le solicitó su informe previo. Asimismo, téngase por hecha la relación secretarial que antecede y celébrese la audiencia incidental en el presente asunto. Seguidamente, abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó al escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. A lo que el Juez acuerda, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas dichas probanzas, en virtud de su propia naturaleza. Con ello, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 274/2022-IV-A, promovido por ADRIANA CRUZ VÁZQUEZ, representante del menor de edad quejoso JOSÉ DANIEL REYNOSO CRUZ, y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ADRIANA CRUZ VÁZQUEZ, representante del menor de edad quejoso JOSÉ DANIEL REYNOSO CRUZ solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID -19 "OPERATIVO CORRECAMINOS", con sede en Yucalpetén, Yucatán, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el nueve de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, el catorce de marzo del año actual, se llevó a cabo únicamente por la autoridad COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén y conforme al acta que antecede por el SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, con sede en la Ciudad de México. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: ACTO RECLAMADO. La omisión de integrar a la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID- 19 al grupo etario de los menores de 5 a 11 años, entre ellos, el menor de edad que representa, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto último, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo la salud de la menor. SEGUNDA. Certeza de actos. Respecto a la autoridad señalada como responsable SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, con sede en la Ciudad de México, al momento de resolver el presente incidente, no se tiene conocimiento de que hubiese rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, de conformidad con la constancia respectiva, relativa a la entrega del oficio correspondiente; misma que obra en autos. Por ello, debe tenerse como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisiva con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente CONCEDER la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado determina que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Ahora bien, la parte promovente del amparo solicita la suspensión respecto de la omisión de las responsables de contemplar a los menores de cinco a once años, entre ellos, su menor hijo que tiene actualmente seis (6) años de edad, en la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19, pues refiere que su exclusión del plan nacional de vacunación puede generar la probabilidad de que se les coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. En este contexto, es oportuno invocar como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitió el Comunicado 23/2021, mediante el cual modificó la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo contenido se encuentra publicado en la página oficial del gobierno federal, que dispone en la parte que interesa, lo siguiente: "...El biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el grupo etario de referencia. Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada en México para su aplicación en adolescentes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, las expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible enhttps://bit.ly/3tNfUzL. Se reitera el riesgo de aplicarse cualquier supuesta vacuna contra COVID-19 en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designadas por la autoridad. Si conoce algún establecimiento que ofrezca cualquier producto que se sospeche es apócrifo o que los ofertantes lo hagan pasar como sustancia contra el virus SARS-CoV-2, usted podrá realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: www.gob.mx/cofepris/accionesyprogramas/denunciassanitarias." De la transcripción anterior, se aprecia que la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, denominada Pfizer-BioNTech, en México sólo es recomendable al grupo etario mayor de los 12 años; esto es, al momento no existe un pronunciamiento de la autoridad mexicana especializada en la evaluación de los riesgos a salud, que haya definido la seguridad de la aplicación del biológico en menores de doce años, como el caso de la parte quejosa, quien a la fecha tiene seis (6) años de edad. Sin embargo, también es un hecho notorio que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. -FDA, por sus siglas en inglés- autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; autorización que se basó en la evaluación exhaustiva de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron, contundentemente, a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad. En este comunicado de la FDA de los Estados Unidos, se concluye que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19 con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad. Otros aspectos relevantes en relación con la protección de este grupo etario son la posibilidad de reducir algunas complicaciones derivadas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en niños como miocarditis o síndromes inflamatorios generalizados que, aunque son complicaciones poco frecuentes si pueden aparecer en un pequeño porcentaje de niños infectados con este virus y finalmente reducir la transmisibilidad del virus a los familiares o compañeros de escuela de estos niños. Lo anterior, además está reforzado por las recomendaciones emitidas por el Centro Para el Control de Enfermedades de los E.E.U.U. -CDC por sus siglas en inglés- y la Academia Americana de Pediatría. Además, es un hecho notorio que no sólo la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; pues el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también recomendó que se otorgue una extensión de indicación para la vacuna frente a la COVID-19, para incluir su uso en menores de cinco a once años; lo que a su vez fue retomado por la Asociación Española de Pediatría. Datos que redundan en el consenso científico que existe respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna en niños de ese grupo etario de cinco a once años de edad. Más aún, el viernes veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en inmunización de la OMS amplió su recomendación sobre el uso de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech con una dosis reducida, precisamente al grupo etario que comprende a los niños entre cinco y once años de edad. En el documento publicado en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351139/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BNT162b2-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y Se observa que se hace la recomendación de la aplicación de la vacuna con dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda entre las cuatro u ocho semanas. Así las cosas, este órgano jurisdiccional advierte que la evaluación científica referida, pone en evidencia los serios riesgos y peligros por no administrar el biológico y, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad, lo que permite ponderar la razonabilidad y conveniencia de aplicar la vacuna en este grupo etario. Esto es, la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos, aconsejan aplicar la vacuna y no negarla, acorde a lo solicitado y respaldado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos. E incluso en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 5 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunas-covid-19-autorizdas Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a/J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Con base en lo expuesto, resulta procedente CONCEDER la suspensión definitiva al menor quejoso, ya que de no hacerlo se pone en riesgo su vida, dado que esa petición se funda en la condición de peligro grave que le afecta al no recibir el esquema de vacunación anti COVID-19 de Pfizer-BioNTech, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Ello para no infligir el derecho fundamental de la parte quejosa de acceso a una medida esencial para la prevención de la mencionada enfermedad epidémica, en términos de los artículos 4,° constitucional, 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 2°, 4° y 6° de la Convención de los Derechos del Niño y, 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, de los que México es parte. Por lo que SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que la responsable Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, a la brevedad lleve a cabo la aplicación del esquema de vacunación en los términos anteriormente descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, preferentemente, la segunda, debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y de acuerdo con la vacuna Pfizer-BioNTech que por su edad le corresponda. Al tratarse de un menor de edad, deberá explicársele a él y a quien lo acompañe (tutores), el procedimiento de aplicación de la vacuna antes de hacerlo, así como la naturaleza y efectos secundarios que eventualmente podrían derivarse. Lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de sus padres o tutores, y previo conocimiento informado y firma que deben tener respecto de los posibles riesgos que implican la aplicación del esquema completo de la vacuna, que deben ser hechos de su conocimiento por la autoridad de salud correspondiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 136/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 61, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Registro digital: 168549, que se transcribe: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." En la inteligencia de que la autoridad responsable señalada debe acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se indican. En el entendido que de no contar con el tipo de vacuna Pfizer-BioNTech que corresponda a la edad de la parte menor quejosa, la(s) responsable(s) sobre la(s) que se resuelve el presente incidente; deberá(n) gestionar ante las instancias correspondientes la obtención de la misma utilizando para ello el máximo de los recursos de que disponga el Estado mexicano a fin de hacer progresivo el respeto irrestricto a los derechos humanos y no regresivo como lo establece el numeral 2 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Igualmente, no debe dejar de destacarse que en caso de encontrarse vigente la presente suspensión y durante ese lapso se llegara a precisar la hora y fecha en que se aplicaría la vacuna en esta ciudad para los menores que se encuentran dentro del rango de edad del menor quejoso, entonces la presente suspensión dejará de surtir sus efectos; ello, a fin de no crear a través de esta determinación una condición de discriminación frente a derechos del mismo grupo etario que se encuentre en las mismas condiciones para ser vacunados, lo cual es inadmisible como lo dispone el artículo 1° constitucional. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva al menor JOSÉ DANIEL REYNOSO CRUZ, solicitada por conducto de su representante ADRIANA CRUZ VÁZQUEZ, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en la tercera consideración de esta resolución. Notifíquese y regístrese.

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