Adriana Corona Ortega
Expediente 654/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Adriana Corona Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años antes indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Existencia de documentos (no originales). No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentran catalogados como no originales; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Se informa cambio de Titular. Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/814/2021, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el pleno del citado órgano, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó la readscripción de la suscrita, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que ********************, no desahogó la prevención formulada en proveído de diez de agosto del presente año; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento relativo y se tiene como autoridad responsable únicamente a la señalada en el capítulo respectivo y como actos reclamados el que refiere en el apartado correspondiente de la demanda de amparo. Por tanto, se procede a proveer sobre la demanda de amparo en los siguientes términos: Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, importa señalar que del análisis integral de la demanda, se obtiene que el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado en el expediente laboral ******************** del registro de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se fijó en los estrados de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y en el que se señalaron las ocho horas con quince minutos del treinta de agosto del presente año para que tuviera verificativo la audiencia de ley en el referido expediente laboral. En relación con el acto reclamado antes precisado, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77, fracción I, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario. De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por otra, que los efectos de la concesión del amparo consistirán, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, en restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora la intelección de ambas porciones normativas permite establecer que el juicio de amparo es improcedente si, a pesar de dictarse una sentencia estimatoria, no sea posible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado y de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1297/96 analizó la causa de improcedencia que se analiza, cuando esta se deducía de lo dispuesto de la fracción XVIII, del artículo 73, en relación al diverso 80, ambos de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar a la que hoy se invoca, y del cual derivó la jurisprudencia P./J. 90/97 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. .... En el caso que nos ocupa, como se dijo, el quejoso reclama el acuerdo dictado en el expediente laboral ******************** del registro de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se fijó en los estrados de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y en el que se señalaron las ocho horas con quince minutos del treinta de agosto del presente año para que tuviera verificativo la audiencia de ley en el referido expediente laboral. Al respecto, el justiciable aduce que, a su consideración, la fecha fijada para la celebración de la referida audiencia es violatoria del derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de celeridad del procedimiento; en tanto que estima que si instó el juicio de origen desde el dieciséis de marzo del presente año, la referida audiencia se debió fijar, como máximo, para el quince de agosto de este año, a fin de que pueda realizar los trámites administrativos que refiere. En el caso se tiene que la demanda de amparo se presentó mediante buzón judicial el seis de agosto del año que transcurre, por lo que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala la recibió en esa misma fecha y la turno a este órgano jurisdiccional, el que la recibió el nueve de los actuales. Atento a ello, mediante acuerdo de diez del mes y año en cita, se radicó la demanda y se previno a la parte quejosa para que la aclarara en cuanto a la autoridad responsable y actos reclamado. Ahora bien, con independencia de lo anterior, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia a que se ha hecho mención, debe realizarse el siguiente ejercicio hipotético: Si la demanda de amparo se turnó a este Juzgado de Distrito el nueve de agosto de dos mil veintiuno y, prescindiendo del hecho de que se cuenta con un término de veinticuatro horas para proveer sobre su contenido, puede estimarse que en la citada fecha se pudo haber dictado el acuerdo de admisión de la demanda de amparo. Acontecido lo anterior, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo y dado que el presente asunto no es de naturaleza urgente, la notificación relativa para emplazar a juicio a la autoridad responsable se debió de haber efectuado dentro del plazo de tres días hábiles; empero, podría considerarse que el oficio derivado del acuerdo admisorio pudo haberse notificado el día siguiente al de su emisión, esto es, el diez de agosto del año en curso. Así, de acuerdo con el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de quince días hábiles que habría tenido la autoridad responsable para rendir su informe justificado -sin considerar la ampliación de diez días que puede otorgarse en caso excepcionales- habría transcurrido del once al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Sumado al plazo anterior, tendría que considerarse que, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 117 de la ley de la matera, entre la fecha en que se de vista con el informe justificado a las partes y la diversa en que deba celebrarse la audiencia constitucional, debe transcurrir por lo menos ocho días hábiles. Asimismo, que una vez dictada la sentencia definitiva, tiene que transcurrir el plazo de diez días hábiles -que tienen las partes para interponer recurso de revisión, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo- para que cause ejecutoria y pueda requerirse el cumplimiento de una sentencia que otorgó la protección constitucional a la parte quejosa....... Por tanto, con las premisas apuntadas es factible advertir que a pesar de que la demanda de amparo se presentó mediante buzón judicial el seis de agosto del año en curso, y que se recibió en este Juzgado de Distrito el nueve siguiente, de acuerdo con el trámite del juicio que establece la Ley de Amparo, para el treinta de agosto de este año data en la que se debió celebrar la audiencia de ley en el juicio de origen ni siquiera habría transcurrido el término de quince días hábiles que habría tenido la autoridad responsable para rendir su informe justificado, por lo que, llegado el momento de dictar sentencia definitiva, no podría concretarse un fallo que otorgara la protección constitucional a la parte quejosa en cuanto que la audiencia de ley debiera haberse fijado en una fecha anterior a la señalada en el juicio de origen, puesto que ya se habría celebrado la audiencia de ley en expediente laboral ******************** del registro de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Por lo tanto, es dable establecer que en la especie, una posible sentencia estimatoria de amparo no habría tenido el efecto de restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado y de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada; de ahí que carezca de sentido el trámite de un asunto si la sentencia que se dicte no tendría alguna finalidad practica, si se toma en cuenta que el ejercicio de la acción de amparo no debe realizarse como mero ejercicio especulativo. En el entendido de que el reclamo de la quejosa se funda en que la audiencia de ley se debió celebrar con anterioridad al quince de agosto de dos mil veintiuno; de manera que, incluso, de haberse diferido la referida audiencia para una fecha posterior, tampoco podría restituirse a la promovente del amparo en el goce del derecho humano que estimó vulnerado, precisamente, porque se duele de que se vulnera su prerrogativa a que el asunto que instó se trámite dentro de los plazos legales establecido sin incurrir en dilaciones injustificadas. En consecuencia, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se impone desechar la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que ********************, no desahogó la prevención formulada en proveído de diez de agosto del presente año; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento relativo y se tiene como autoridad responsable únicamente a la señalada en el capítulo respectivo y como actos reclamados el que refiere en el apartado correspondiente de la demanda de amparo. Por tanto, se procede a proveer sobre la demanda de amparo en los siguientes términos: Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, importa señalar que del análisis integral de la demanda, se obtiene que el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado en el expediente laboral ******************** del registro de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se fijó en los estrados de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y en el que se señalaron las ocho horas con quince minutos del treinta de agosto del presente año para que tuviera verificativo la audiencia de ley en el referido expediente laboral. En relación con el acto reclamado antes precisado, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77, fracción I, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario. De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por otra, que los efectos de la concesión del amparo consistirán, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, en restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora la intelección de ambas porciones normativas permite establecer que el juicio de amparo es improcedente si, a pesar de dictarse una sentencia estimatoria, no sea posible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado y de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1297/96 analizó la causa de improcedencia que se analiza, cuando esta se deducía de lo dispuesto de la fracción XVIII, del artículo 73, en relación al diverso 80, ambos de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar a la que hoy se invoca, y del cual derivó la jurisprudencia P./J. 90/97 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. .... En el caso que nos ocupa, como se dijo, el quejoso reclama el acuerdo dictado en el expediente laboral ******************** del registro de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se fijó en los estrados de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y en el que se señalaron las ocho horas con quince minutos del treinta de agosto del presente año para que tuviera verificativo la audiencia de ley en el referido expediente laboral. Al respecto, el justiciable aduce que, a su consideración, la fecha fijada para la celebración de la referida audiencia es violatoria del derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de celeridad del procedimiento; en tanto que estima que si instó el juicio de origen desde el dieciséis de marzo del presente año, la referida audiencia se debió fijar, como máximo, para el quince de agosto de este año, a fin de que pueda realizar los trámites administrativos que refiere. En el caso se tiene que la demanda de amparo se presentó mediante buzón judicial el seis de agosto del año que transcurre, por lo que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala la recibió en esa misma fecha y la turno a este órgano jurisdiccional, el que la recibió el nueve de los actuales. Atento a ello, mediante acuerdo de diez del mes y año en cita, se radicó la demanda y se previno a la parte quejosa para que la aclarara en cuanto a la autoridad responsable y actos reclamado. Ahora bien, con independencia de lo anterior, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia a que se ha hecho mención, debe realizarse el siguiente ejercicio hipotético: Si la demanda de amparo se turnó a este Juzgado de Distrito el nueve de agosto de dos mil veintiuno y, prescindiendo del hecho de que se cuenta con un término de veinticuatro horas para proveer sobre su contenido, puede estimarse que en la citada fecha se pudo haber dictado el acuerdo de admisión de la demanda de amparo. Acontecido lo anterior, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo y dado que el presente asunto no es de naturaleza urgente, la notificación relativa para emplazar a juicio a la autoridad responsable se debió de haber efectuado dentro del plazo de tres días hábiles; empero, podría considerarse que el oficio derivado del acuerdo admisorio pudo haberse notificado el día siguiente al de su emisión, esto es, el diez de agosto del año en curso. Así, de acuerdo con el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de quince días hábiles que habría tenido la autoridad responsable para rendir su informe justificado -sin considerar la ampliación de diez días que puede otorgarse en caso excepcionales- habría transcurrido del once al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Sumado al plazo anterior, tendría que considerarse que, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 117 de la ley de la matera, entre la fecha en que se de vista con el informe justificado a las partes y la diversa en que deba celebrarse la audiencia constitucional, debe transcurrir por lo menos ocho días hábiles. Asimismo, que una vez dictada la sentencia definitiva, tiene que transcurrir el plazo de diez días hábiles -que tienen las partes para interponer recurso de revisión, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo- para que cause ejecutoria y pueda requerirse el cumplimiento de una sentencia que otorgó la protección constitucional a la parte quejosa....... Por tanto, con las premisas apuntadas es factible advertir que a pesar de que la demanda de amparo se presentó mediante buzón judicial el seis de agosto del año en curso, y que se recibió en este Juzgado de Distrito el nueve siguiente, de acuerdo con el trámite del juicio que establece la Ley de Amparo, para el treinta de agosto de este año data en la que se debió celebrar la audiencia de ley en el juicio de origen ni siquiera habría transcurrido el término de quince días hábiles que habría tenido la autoridad responsable para rendir su informe justificado, por lo que, llegado el momento de dictar sentencia definitiva, no podría concretarse un fallo que otorgara la protección constitucional a la parte quejosa en cuanto que la audiencia de ley debiera haberse fijado en una fecha anterior a la señalada en el juicio de origen, puesto que ya se habría celebrado la audiencia de ley en expediente laboral ******************** del registro de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Por lo tanto, es dable establecer que en la especie, una posible sentencia estimatoria de amparo no habría tenido el efecto de restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado y de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada; de ahí que carezca de sentido el trámite de un asunto si la sentencia que se dicte no tendría alguna finalidad practica, si se toma en cuenta que el ejercicio de la acción de amparo no debe realizarse como mero ejercicio especulativo. En el entendido de que el reclamo de la quejosa se funda en que la audiencia de ley se debió celebrar con anterioridad al quince de agosto de dos mil veintiuno; de manera que, incluso, de haberse diferido la referida audiencia para una fecha posterior, tampoco podría restituirse a la promovente del amparo en el goce del derecho humano que estimó vulnerado, precisamente, porque se duele de que se vulnera su prerrogativa a que el asunto que instó se trámite dentro de los plazos legales establecido sin incurrir en dilaciones injustificadas. En consecuencia, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se impone desechar la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de agosto de dos mil veintiuno. ( Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Actuario adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 654/2021-III. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Precisión del acto reclamado: Ahora bien, de la lectura del escrito de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en ".el ACTO DILATORIO del ACTUARIO adscrito a la Junta Especial Número 01 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, se fijó la convocatoria por el término de un mes en los estrados de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (U.S.E.T) el día 31 (treinta y uno) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno), DOS MESES después de presentado mi escrito inicial de demanda de Declaratoria de Beneficiarios dentro del EXPEDIENTE LABORAL.- ******************** de los del índice de la Junta Especial Numero 01 de la Local de Conciliación y Arbitraje de nuestro Estado (sic) de Tlaxcala, ACTO DILATORIO mediante el cual, se señalaron las 8:15 del día 30 de agosto del 2021 para la (sic) celebración de audiencia correspondiente después de HABER PASADO CINCO MESES, lo cual indudablemente viola en mi perjuicio y en mi agravio mis Derechos Humanos de JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO establecidos en los ARTÍCULOS 14, 16, y 17 de nuestra Constitución Federal, así como lo establecido en los ARTÍCULOS 2°, 6°, 17, 501, 503, 883, 892 de la Ley Federal del Trabajo.". En atención a lo anterior, y tomando en consideración lo asentado en el capítulo respectivo del acto reclamado, se estima necesario que el impetrante del presente juicio de amparo, precise algunos elementos esenciales del acto reclamado, con los cuales esta juzgadora podrá estar en posibilidad de proveer respecto de la admisión o inadmisión de la demanda de amparo. Se previene a la promovente. En ese tenor, a efecto de estar en aptitud de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el numeral 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve: Precise si el diverso acto que reclama: "ACTO DILATORIO mediante el cual, se señalaron las 8:15 del día 30 de agosto del 2021 para la celebración de audiencia correspondiente después de HABER PASADO CINCO MESES"; se lo atribuye a la única autoridad que señaló como responsable, Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, o a dicha junta. Lo anterior, en virtud de que en los conceptos de violación, señala de manera textual: ".para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, emita un nuevo acuerdo mediante el cual, se determine el desahogo de la audiencia antes del día 15 de agosto del presente año (sic) y quedé sin efectos la audiencia para las 8:15 de la mañana del día 30 de agosto del 2021 ya que de no ser así se estarían violando en mi perjuicio y en mi agravio mis derechos Humanos .". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece lo siguiente: ..."DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición". Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con dicha prevención se tendrá como autoridad responsable únicamente a la señalada en el capítulo respectivo y como actos reclamados el que refiere en el apartado correspondiente de la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorizados en términos restringidos. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos de la última parte del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******************** por así solicitarlo de manera expresa. Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020 (relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal), se le comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo), para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
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