Adriana Contreras Muñoz

Expediente 1032/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1032/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2016

Partes del expediente

  • Adriana Contreras Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residente en la capital, mediante el cual envía el testimonio de la resolución de veintiocho de enero de dos mil dieciséis del conflicto competencial 23/2015, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Si existe conflicto de competencia. SEGUNDO. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Celaya, es el competente para conocer el amparo indirecto promovido por **********." En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; sin que resulte necesario acusar de recibo, tal como lo informó la autoridad oficiante. En consecuencia a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, mediante el cual para conocimiento de este Juzgado Federal, transcribe el proveído de catorce de diciembre de dos mil quince, del que se advierte que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado de Distrito y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, así como que radicó dicho conflicto competencial bajo el número ---; comunicado que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, Guanajuato, a través del cual, informa que dicho órgano jurisdiccional no comparte el criterio de este Juzgador, e insiste en declinar la competencia a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, conforme a lo establecido en auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince; razón por la cual, ordenó remitir el juicio *****, de su índice al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para la resolución del conflicto de competencia suscitado; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que signa el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por ---, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, y otras autoridades, en virtud de que mediante auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dicha autoridad declaró que carece de competencia legal para conocer del asunto planteado y ordena su remisión al Juzgado de Distrito, con residencia en esta ciudad, por lo que, por turno, le correspondió conocer del mismo a este Juzgado Décimo de Distrito. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1032/2015-II; y, fórmese expediente. En ese sentido, y dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del presente juicio de amparo. Para tal efecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 48 último párrafo de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. (.)" En ese tenor, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO: a).- De las autoridades Ordenadoras.- La orden de aprehensión dictada en mi contra con motivo de estar sujeto alguna investigación, b).- De la autoridades ejecutoras.- El cumplimiento que pretenden dar a dicha orden de aprehensión y/o detención con motivo de alguna investigación." Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril del año en curso, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las características y naturaleza del acto reclamado, se estima que es de aquellos en los que necesariamente se requiere una ejecución material para que se concrete, es decir, que se lleve al cabo la aprehensión material de la quejosa. Este órgano jurisdiccional, estima que, contrario a lo que afirma el Juez Federal oficiante, no se actualiza el supuesto a que se refiere el numeral 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, puesto que no se tiene la certeza del lugar donde el acto reclamado va a tener ejecución, trate de ejecutarse o se está ejecutando el acto reclamado, esto es, la orden de aprehensión de la quejosa. Se afirma lo anterior, pues si bien es verdad la quejosa narró en su demanda, en concreto, en los antecedentes del acto reclamado, que el diecisiete de noviembre de dos mil quince, se presentó a la Agencia del Ministerio Público Número I del Sistema Tradicional, de la Ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, donde se lleva a cabo una averiguación previa en su contra, al solicitar se le prestara dicha averiguación, le comentaron que no se la podían mostrar porque estaba consignada a un juez y posiblemente ya hubiera una orden de aprehensión en su contra, existiendo el temor de que dicha orden sea ejecutada en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, donde tiene su domicilio. Sin embargo, el hecho de que la quejosa haya manifestado que tiene el temor de que la orden de aprehensión reclamada pueda ejecutarse en su domicilio que se ubica en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, contrario a lo que se afirma, dicha circunstancia no puede servir de base para fijar la competencia, pues como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el domicilio de la parte quejosa, no determina la competencia del juez de Distrito, además de que ésta en ningún momento refirió que se hubieran presentado elementos policiacos en su domicilio para ejecutar el acto, sino que solamente constituye una presunción. Así, este resolutor federal considera que la hipótesis de competencia que se actualiza en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Ello, si se tiene en cuenta que la quejosa señaló autoridades responsables en las ciudades de Celaya, Juventino Rosas y Salamanca, todos del Estado de Guanajuato, por lo cual, cualquiera de ellas en ejercicio de sus funciones podría ordenar y ejecutar el acto reclamado. En tal virtud, cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya e Irapuato podrían ser competentes para conocer de la demanda intentada por la accionante del amparo; de ahí que siguiendo las lineamientos previstas en la segundo hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido que, para el caso de admitirse la demanda de amparo, una vez advertido el resultado de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsa bles y, ante su dicho de la existencia o no del acto reclamado, el Juzgador Federal oficiante podrá proveer lo conducente a la incompetencia planteada. En consecuencia, de lo anterior expuesto y, atendiendo a lo establecido por el numeral 37, segundo párrafo, primera hipótesis, de la Ley de la Materia, no se acepta la competencia planteada, pues se considera que la misma recae en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ya que es dentro de su jurisdicción donde se presentó la demanda de garantías. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". Sirve de apoyo a lo anterior, las razones que sustentan, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2022, página 1347, bajo el texto y rubro siguiente: "COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO, PUES ÉSTA NO DEBE CIRCUNSCRIBIRSE AL DOMICILIO SOCIAL, PARTICULAR O DE TRABAJO DEL QUEJOSO, CUANDO EL ACTO REQUIERE DE UNA EJECUCIÓN MATERIAL. Cuando el acto reclamado requiere de ejecución material, la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio social, particular o de trabajo de la parte quejosa, sino la competencia para conocer del correspondiente juicio de garantías radica en el Juez de Distrito que previno, en función del conocimiento anticipado del asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, independientemente de si en la especie hubiese base para considerar que el acto de autoridad se hubiera empezado a ejecutar en la jurisdicción de un Juez, pero quepa la posibilidad de realización de aquél en otra diversa." En ese sentido, se ordena devolver la demanda y sus copias, al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo.

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