Adriana Citlalli Espinosa Sanchez
Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adriana Citlalli Espinosa Sanchez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 1 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Por otra parte, se requiere a la parte quejosa, para que, si así lo considera necesario, comparezca ante este órgano de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), con identificación vigente que cuente con fotografía (INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL), a recoger los documentos exhibidos en la demanda de amparo. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar la parte quejosa, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se requiere para que el día que comparezca a cumplir con la obligación impuesta, cumpla con las medidas sanitarias correspondientes que en el caso conviene citar, como lo es el uso obligatorio de cubre bocas; no tener temperatura corporal mayor a 37.5°C; o que haya presentado tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o escurrimiento nasal. En el entendido que, de incurrir en alguno de los supuestos anteriores, no se le permitirá el acceso a las instalaciones de este juzgado de Distrito, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger los documentos exhibidos por dicha parte procesal, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite el original del escrito firmado por Mario Ocampo Ocampo, en su carácter de ex Presidente Municipal, Arely Olvera Bahena, en su carácter de ex Tesorera y Yesica Salgado Manjarrez, en su carácter de ex Directora de Administración de Recursos Humanos y Materiales, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por el que interponen recurso de queja, en contra del acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno y anexos, lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. Atento a lo anterior, se ordena agregar a los autos copia del escrito firmado por Mario Ocampo Ocampo, en su carácter de ex Presidente Municipal, Arely Olvera Bahena, en su carácter de ex Tesorera y Yesica Salgado Manjarrez, en su carácter de ex Directora de Administración de Recursos Humanos y Materiales, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual interponen recurso de queja, en contra del acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional, en el que se les hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, y se les impuso una multa equivalente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que, se ordena distribuir las copias del escrito de expresión de agravios entre las demás partes, para que dentro del plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada consideren deban remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. Transcurrido dicho plazo, se enviará el escrito del recurso, copia del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, y las demás constancias que se estimen pertinentes. Por otra parte, dada la voluminosidad de actuaciones que obran en el juicio que se actúa, se ordena la apertura del tomo III, a fin de llevar una mejor administración del mismo; por tanto, el presente proveído se debe glosar en este tomo. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. Es fundado el incidente innominado que se ordenó tramitar dentro del procedimiento de ejecución de sentencia derivado del juicio de amparo indirecto 916/2015. SEGUNDO. Se determina que el importe a pagar al quejoso por concepto de adeudos de pensión por el periodo del uno de julio de dos mil diez y hasta el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en virtud del decreto ciento cincuenta y tres asciende a una cantidad de ***. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 344/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Sobre el particular, es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 188643, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modoque aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso, este juzgado de Distrito encuentra que este juicio de amparo es manifiesta e indudablemente improcedente, que conduce a desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto de que realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la última parte del precepto transcrito se desprende, entre otros aspectos, que la autoridad responsable es parte en el juicio de amparo, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Aunado a lo anterior, la Ley de Amparo dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos humanos y cuando realicen funciones de autoridad que estén determinadas por una norma general. En ese orden de ideas, para que un acto pueda estimarse proveniente de autoridad para efectos del juicio de amparo, tiene que ser susceptible de modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, cuando el ente que lo emite, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Con base en lo anterior, queda claro que el acto de autoridad es un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece su procedencia. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella persona (de hecho o de derecho) a la cual las normas jurídicas le otorgan las características de un órgano público y que con independencia de que disponga de manera directa o no de la fuerza pública, tiene la potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello la voluntad de éstos, y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis P. XXVII/97 del Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118, registro digital 199459, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Posteriormente, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país al emitir la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, señaló como notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; o bien, omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. El criterio jurisprudencial en mención 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 161133, con datos de localización Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, se desprende que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si el ente público impone su voluntad unilateralmente en relaciones de supra o subordinación, regidas por normas legales, afectando la esfera jurídica del gobernado. Entendiéndose las relaciones de supra a subordinación como aquellas que se regulan por el derecho público, en las cuales la voluntad del gobernante se aplica a la del gobernado de manera imperativa, con los límites constitucionales (derechos humanos), sin necesidad de someter su decisión a los tribunales. Apoya lo aquí señalado la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, registro digital 194367, del siguiente contenido literal: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Ahora bien, en la especie se tiene que Adriana Citlalli Espinosa Sánchez promovió este juicio de amparo en contra del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sus integrantes, el Colegio Electoral del citado Consejo y los integrantes del mencionado Colegio, a quienes reclamó las irregularidades en el procedimiento de emisión de la Convocatoria para la elección de Consejeras Técnicas Alumnas y/o Consejeros Técnicos Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el periodo de 2022-2023. De lo anterior se advierte que los actos reclamados son aquellos que regulan el proceso interno de elección a diversos cargos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el caso específico los integrantes de sus órganos de gobierno, es decir, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; sin embargo, esos actos son discrecionales, ya que para determinar el proceso de selección y de calificación de elecciones, no se hace uso de la facultad de imperio que corresponde a la mencionada casa de estudios como parte de la Administración Pública Estatal en la prestación de un servicio a cargo del Estado. Además, el mencionado proceso de elección constituye un acto inmerso en un ámbito de decisión autónoma de la que se encuentra investida la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de tal forma que la quejosa solo guarda el carácter de integrante de dicha institución, pero no de un gobernado que pudiera verse afectado, porque, no pueden considerarse como planteamientos encaminados a evidenciar la violación de derechos fundamentales en su perjuicio, por encontrarse ausente el elemento de supra a subordinación característico del acto de autoridad. Ahora bien, el artículo 3, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la autonomía de las universidades públicas y, en lo conducente, dispone que tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; de realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de educación, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; de determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y la administración de su patrimonio. Sobre el tema y aplicada por analogía, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, determinó que es improcedente el juicio de amparo en contra del nombramiento de rector de las universidades públicas, toda vez que es un acto que deriva del ejercicio de su autonomía, que no está sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos. La jurisprudencia 1a./J. 19/2010, de la Primera Sala del Alta Tribunal con registro digital 164876, establece: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." Además, de la interpretación que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios 1a. XI/2003 y 1a./J. 18/2010, de dicho precepto constitucional, se sigue que la autonomía es una garantía institucional, con rasgos propios y específicos, con la que cuentan las universidades públicas que se proyecta por medio de principios que salvaguardan la función esencial de educar, investigar y difundir la cultura, dentro de los cuales se encuentra el de autogobierno; lo que no significa su disgregación de la estructura estatal, ya que aquéllas se ejercen en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. De tal suerte que, su rango constitucional encuentra fundamento en que para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la educación, existe precisamente la necesidad de contar con un sistema aislado del influjo de intereses ajenos a sus fines. No obstante, la referida facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto Constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, tales como educar, investigar y difundir la cultura, de forma pública, gratuita y obligatoria, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. En ese sentido, la autonomía universitaria conlleva constitucionalmente a que una específica casa de estudios a la que se le ha dotado de esta naturaleza goce de independencia para determinar por sí sola, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Federal y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos ofertados, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio; así como los mecanismos para designar a sus autoridades -como entes de dirección- u órganos de representación. Así, en congruencia con la garantía de autonomía, las universidades públicas se encuentran facultadas para autodeterminarse y autogobernarse; es decir, gobernarse a si mismas a través de sus propios órganos y aprobar la normativa que habrá de regir su interior, lo que implica, a su vez, la aprobación de su propia legislación y la creación de sus órganos de gobierno, entre los que se encuentran aquellos encargados de resolver las controversias que eventualmente deriven del incumplimiento de esa normativa. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 18/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164875, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 919 de rubro y texto: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE PUEDEN SER DOTADAS LES CONFIERE LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, la cual implica que cuentan con facultades de autoformación y autogobierno para lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que tienen atribuido, fundado en la libertad de enseñanza, sin que ello conlleve a su disgregación en la estructura estatal en virtud de que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. Por tanto, la autonomía de la que legalmente pueden ser dotadas las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autogobierno acotada constitucionalmente, cuyo ejercicio está condicionado a lo establecido en las leyes para desarrollar bases que les permita cumplir con los fines que tienen encomendados, determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio". Así como la tesis 1a. XI/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página 239, registro 184349, que dice: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVIII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, determinó que conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. En congruencia con ese criterio, y en virtud de la autonomía que el dispositivo constitucional citado le concede a la Universidad Nacional Autónoma de México, ésta se encuentra facultada para gobernarse a sí misma, a través de sus propios órganos, así como para autonormarse o autoregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su interior, lo que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su propia legislación, así como en la creación de sus propios órganos de gobierno, entre ellos los encargados de resolver las controversias que se deriven del incumplimiento de su propia normativa". De esa forma, la autonomía de las universidades públicas deriva directamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes por virtud de las cuales son creadas y esa garantía institucional les dota de capacidad para tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano exterior. Lo hasta aquí señalada es orientador para deducir que los actos reclamados, consistentes en las irregularidades del proceso interno de elección a diversos cargos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, constituyen una facultad inmersa en un ámbito de decisión autónoma de la que se encuentra investida la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anterior debido a que los actos reclamados constituyen parte del procedimiento interno de elección de autoridades universitarias, que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; por tanto, es dable concluir que no son actos de autoridad para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, conforme al criterio establecido por el Máximo Tribunal del país, el proceso de elección de una autoridad universitaria, así como los órganos encargados de dirimir controversias suscitadas al interior de la institución educativa, están inmersos en el ámbito de las competencias comprendidas en el principio de autogobierno de la universidad, el cual deriva de la garantía institucional de autonomía del cual aquélla debe gozar. De acuerdo con los artículos 3°, 4º y 123 de su Ley Orgánica, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es un organismo público autónomo del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios; que tiene como fines la prestación de servicios públicos de educación de los tipos medio superior y superior, de investigación, de difusión de la cultura y extensión de los servicios. Asimismo, se prevé que los Consejos Técnicos son la máxima autoridad de las Unidades Académicas, son presididos por los titulares de las mismas; están integrados por representantes de los docentes, investigadores y, en su caso, estudiantes de los diferentes niveles educativos y, las facultades y obligaciones de los Consejeros estarán determinadas en el Estatuto Universitario. Por tanto, se concluye que la designación de sus órganos de representación, constituye un acto en el que actúan bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y de calificación de sus elecciones internas. Autonomía que se corrobora con el texto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en cuyo artículo 31, dispone el procedimiento electoral de las personas Consejeras Universitarias Alumnas y/o Consejeros Universitarios Alumnos, que a continuación se transcribe: "ARTÍCULO 31. DEL PROCEDIMIENTO ELECTORAL DE LAS PERSONAS CONSEJERAS UNIVERSITARIAS ALUMNAS Y/O CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS. Las personas Consejeras Universitarias Alumnas se elegirán por mayoría simple mediante voto universal, libre, secreto y directo de las y los estudiantes inscritos y de todos los niveles educativos que se impartan en la Unidad Académica que corresponda, conforme al siguiente procedimiento: I. La persona Consejera Universitaria Alumna en funciones correspondiente, con el apoyo coadyuvante en su caso de su respectivo suplente, deberá emitir y publicar por los medios idóneos la convocatoria para la elección del Consejero Universitario Titular y Suplente de la Unidad Académica que represente; II. La convocatoria deberá contener: a) Los requisitos para ser Consejero/a Universitario/a Alumno/a previstos en el presente Estatuto; b) El plazo para el registro de fórmulas aspirantes al cargo de Consejero Universitario Alumno o Alumna Titular y Suplente; c) Los términos y condiciones del proselitismo de las candidaturas que obtengan su registro que se estimen conducentes; d) La fecha y horario de la votación, cómputo y escrutinio de los sufragios. La emisión de los votos deberá hacerse en urnas transparentes y en boletas electorales debidamente validadas con la firma del Consejero Universitario Alumno o Alumna en funciones, y e) Los demás elementos que permitan que el procedimiento electoral respectivo se ajuste a los principios de buena fe, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia y equidad. III. En caso de no existir aspirante alguno registrado, el Consejero Universitario Alumno o Alumna en funciones ampliará el plazo para la inscripción y desarrollo del proceso, cuidando en todo caso que dicha prórroga le permita culminar todo el procedimiento electoral antes del término de su gestión; IV. Hecha la votación, el Consejero Universitario Alumno o Alumna en funciones deberá efectuar el escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos y levantar el acta correspondiente, la cual deberá ser validada con la firma de la Persona titular de la Dirección de la Unidad Académica conducente. V. En caso de inconformidad de alguna de las fórmulas aspirantes que hubiesen registrado su candidatura para ocupar el cargo de Consejero Universitario Alumno o Alumna con el procedimiento electoral, podrán presentar por escrito su impugnación ante la persona Consejera Universitaria Alumna que lleve a cabo la elección quien deberá resolver en un plazo máximo de un día hábil y, en segunda instancia, ante una Subcomisión Electoral conformada por las y los Consejeros Técnicos Alumnos en funciones de la Unidad Académica, debiendo hacerlo por escrito y dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se considere cometida la irregularidad, apegado al calendario escolar vigente y aplicable. La referida Subcomisión Electoral deberá resolver este recurso de manera fundada y motivada en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de la inconformidad, confirmando, modificando o revocando la misma, debiéndose notificar personalmente. En caso de haber empate respecto al fallo que resuelva sobre el recurso de inconformidad y en cualquier otra hipótesis relacionada al procedimiento a que alude este numeral, la Subcomisión Electoral turnará el asunto en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la emisión del acuerdo que actualice este supuesto, al Pleno del Consejo Técnico de la Unidad Académica conducente para su análisis y resolución. VI.- La resolución que se emita respecto al recurso de impugnación por cualquiera de las instancias previstas en la fracción anterior del presente artículo, podrá ser recurrida, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la misma, mediante recurso de nulidad que se interpondrá por escrito por parte de los integrantes de la fórmula inconforme ante el Consejo Universitario. La resolución que emita el Consejo Universitario no admitirá recurso alguno. VII.- De no haber recursos de inconformidad o una vez que alcancé estado de definitividad el proceso electoral respectivo, la persona Consejera Universitaria Alumna en funciones deberá expedir constancia de los resultados a la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de votos en los comicios aludidos en este numeral y remitir inmediatamente duplicado de la misma a la persona titular de la Secretaria del del Consejo Universitario y a la Persona titular de Dirección de la Unidad Académica correspondiente. VIII.- En caso de que el procedimiento electoral respectivo no se hubiere agotado diez días hábiles antes del término del mandato de la persona Consejera Universitario Alumna correspondiente, la responsabilidad de su conducción será del Consejo Técnico de la Unidad Académica conducente. En este supuesto, para garantizar la representación paritaria, dicha autoridad colegiada, por conducto de quien ejerza su presidencia, tomará las medidas pertinentes para que se elijan cuatro personas vocales electorales alumnas que tendrán voz y voto en todas las etapas de la elección referida en este numeral. IX.- Una vez que sea remitida la constancia de resultados de los comicios conducentes por la Persona titular de la Dirección de la Unidad Académica correspondiente a la Persona titular de la Secretaria del Consejo Universitario, la fórmula que hubiese resultado electa entrará en el ejercicio del cargo al día siguiente del término del mandato de las personas Consejeros Universitarias Alumnas en funciones. En el caso de no existir personas Consejeros Universitarias Alumnas en funciones, la fórmula ganadora entrará en el ejercicio del cargo en la fecha en que le sea tomada a cualquiera de sus integrantes la protesta por la persona titular de la Presidencia del Consejo Universitario. X.- Los casos no previstos en este artículo serán resueltos por el Consejo Técnico de la Unidad Académica que corresponda." De lo anterior se obtiene que, como ya se dijo, que la designación de las personas Consejeras Universitarias Alumnas y/o Consejeros Universitarios Alumnos, es un acto reglado propio del ejercicio material de su autonomía universitaria, pues el proceso de elección de las autoridades universitarias se presenta en un ámbito trascendente exclusivamente al interior de la propia Universidad, proceso en el que no resulta constitucional ni legalmente posible que se reciban órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la toma de sus decisiones, en este caso para elegir a una de sus autoridades, y en el cual sus "autoridades" actúan bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de elección, con base en la normativa que la propia casa de estudios se encuentra facultada para emitir. Por ende, en esa relación no puede afirmarse que opera una supra subordinación jerárquica. En esa medida, en este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada ley, toda vez que la quejosa cuestiona el procedimiento de emisión y la convocatoria para la elección de Consejeras Técnicas alumnas y/o Consejeros Técnicos alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; es decir, un acto propio del ejercicio de la autonomía universitaria que no susceptible de control a través del juicio de amparo. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencias estudiadas, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar que señala en su demanda de amparo. También, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona que refiere y con facultades amplias únicamente a Edgar Oliver Pérez Bustos y Adán Efraín Rivera García, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se exhorta a la parte quejosa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a la parte quejosa dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo haga electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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