Adriana Chavez Fuente

Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
564/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Adriana Chavez Fuente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de ley sin que haya sido interpuesto el medio de impugnación en contra del auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado; asimismo, adjunta las constancias con las que apoya el mismo, consistente en copia certificada de diversas actuaciones que integran el expediente laboral 2209/2016-4C de su índice. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que en el presente juicio la quejosa Adriana Chávez Puente señaló como acto reclamado, la omisión por parte de la junta responsable de acordar respecto de las promociones presentadas en fechas veinticinco de febrero, veintiséis de marzo y doce de abril de dos mil veintiuno, presentadas por la apoderada legal de la parte actora -aquí quejosa-, en el juicio laboral de referencia, así como de acordar la continuidad del procedimiento y señalar fecha para la audiencia respectiva. De acuerdo con ello, del análisis del oficio que se atiende y de las constancias adjuntas al mismo, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente número 2209/2016-4C, de su índice, se advierte que en fechas once y catorce de junio de dos mil veintiuno, la junta responsable dictó acuerdos en los que atendió los escritos presentados por la aquí quejosa por conducto de su apoderada legal el veinticinco de febrero, veintiséis de marzo y doce de abril de la presente anualidad; asimismo, se advierte que la junta responsable a efecto de continuar con la secuela procesal en el juicio laboral que nos ocupa, señaló fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, específicamente en fase de exposición de la demanda. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -veintiséis de mayo de dos mil veintiuno-, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, aún no emitía el proveído en que atendiera las promociones presentadas por la parte quejosa, cuya omisión de dictado se reclama, así como el de dar continuidad a la secuela procesal del asunto laboral de referencia, tal afectación a la esfera jurídica de la gobernada cesó una vez que se dictaron los autos de once y catorce de junio dos mil veintiuno, por medio de los cuales se atendieron los escritos de promoción presentados por la aquí quejosa, en el asunto 2209/2016-4C, de su índice, así como de señalar fecha y hora para el verificativo de la audiencia correspondiente, dando con ello continuidad con el procedimiento. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la responsable, emitió proveído correspondiente en los autos del juicio 2209/2016-4C, respecto del cual su omisión reclamó la aquí quejosa; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con veintitrés minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintitrés de junio del año en curso: Agréguese el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado; asimismo, adjunta las constancias con las que apoya el mismo, consistente en copia certificada de diversas actuaciones que integran el expediente laboral 2209/2016-4C de su índice. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que en el presente juicio la quejosa Adriana Chávez Puente señaló como acto reclamado, la omisión por parte de la junta responsable de acordar respecto de las promociones presentadas en fechas veinticinco de febrero, veintiséis de marzo y doce de abril de dos mil veintiuno, presentadas por la apoderada legal de la parte actora -aquí quejosa-, en el juicio laboral de referencia, así como de acordar la continuidad del procedimiento y señalar fecha para la audiencia respectiva. De acuerdo con ello, del análisis del oficio que se atiende y de las constancias adjuntas al mismo, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente número 2209/2016-4C, de su índice, se advierte que en fechas once y catorce de junio de dos mil veintiuno, la junta responsable dictó acuerdos en los que atendió los escritos presentados por la aquí quejosa por conducto de su apoderada legal el veinticinco de febrero, veintiséis de marzo y doce de abril de la presente anualidad; asimismo, se advierte que la junta responsable a efecto de continuar con la secuela procesal en el juicio laboral que nos ocupa, señaló fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, específicamente en fase de exposición de la demanda. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -veintiséis de mayo de dos mil veintiuno-, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, aún no emitía el proveído en que atendiera las promociones presentadas por la parte quejosa, cuya omisión de dictado se reclama, así como el de dar continuidad a la secuela procesal del asunto laboral de referencia, tal afectación a la esfera jurídica de la gobernada cesó una vez que se dictaron los autos de once y catorce de junio dos mil veintiuno, por medio de los cuales se atendieron los escritos de promoción presentados por la aquí quejosa, en el asunto 2209/2016-4C, de su índice, así como de señalar fecha y hora para el verificativo de la audiencia correspondiente, dando con ello continuidad con el procedimiento. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la responsable, emitió proveído correspondiente en los autos del juicio 2209/2016-4C, respecto del cual su omisión reclamó la aquí quejosa; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con veintitrés minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  4. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese con vista a las partes, el oficio firmado por el Coordinador Jurídico de Dictaminación Administrativa y Laboral, del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos Baja California, con sede en esta ciudad, tercero interesado en el presente asunto; mediante el cual se apersona al mismo. Luego, téngasele designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito y como delegados los profesionistas que refiere, sin que sea el caso tenerlos por autorizados como lo señala en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que como autoridad con carácter de tercero interesada, no está facultada para designar autorizados . Asimismo, se le tiene señalando cuenta de correo electrónico y número telefónico, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente asunto, de lo cual se toma el debido conocimiento.

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