Adriana Chalé Y Pool

Expediente 1116/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1116/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Adriana Chalé Y Pool
  • Adriana Chalé Y Pool y Otros.
  • Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el oficio 785 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en funciones de juez, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas de las constancias relativas al expediente 1238/2017 de su índice, que en apoyo a su informe justificado remitió la autoridad en cita y que le fue enviado por este Juzgado Federal mediante oficio 3015/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional y por resolución de once de octubre del mismo año, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que deberán conservarse únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la sentencia interlocutoria que resolvió la suspensión definitiva. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, devuélvase las copias certificadas del expediente 1238/2017, que en apoyo a su informe justificado remitió el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, solicitando acusar de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1116/2018-I, promovido por Adriana Chale y Pool contra actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, por estimarlos violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Adriana Chale y Pool solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento a la prevención formulada en la que señaló también como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil, por auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, los actos siguientes: Del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil número 1238/2017, promovido en su contra por Víctor Manuel Zapata Canche, así como la orden de embargo y lo actuado con posterioridad. Del Actuario, la ejecución del emplazamiento y el embargo que realizó sobre el setenta y cinco por ciento que le corresponde a la quejosa del predio número trescientos diez letra "A", de la calle treinta y cuatro, de la colonia San Luis, de esta ciudad. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la inscripción del embargo. Tercero. Actos existentes. La Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán (foja 18) y la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado (fojas 29 y 30), ambos en su denominación correcta, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron la certeza de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias remitidas por dichas autoridades responsables (fojas 19 a 22 y un cuaderno auxiliar), las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por lo que los actos atribuidos se consideran existentes. Por su parte, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, en su informe negó el acto reclamado; sin embargo, en virtud de la certeza manifestada por la autoridad ordenadora y de las constancias remitidas, se desvirtúa esa negativa y se tiene por cierto el acto de ejecución atribuido. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. De las copias certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil número 1238/2017, remitidas con el informe justificado de la juez responsable, se desprende las actuaciones siguientes: Previa prevención, en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta por Víctor Manuel Zapata Canche, se ordenó la diligencia de exequendo dirigida a Adriana Chale y Pool también conocida como Adriana Chale Pool (fojas 18 y 19 del cuaderno auxiliar). En diligencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, la actuaria asentó que se constituyó en el domicilio marcado con el número trescientos diez letra "A", de la calle treinta y cuatro, entre treinta y uno diagonal y treinta y tres diagonal, de la colonia San Luis Chuburná, de esta ciudad, y que dejó citatorio a quien dijo llamarse Rubi Quijano May, quien se encontraba en el interior del domicilio, a fin de que Adriana Chale y Pool también conocida como Adriana Chale Pool esperara a la fedataria y llevar a cabo la diligencia encomendada (fojas 22 y 23 del cuaderno auxiliar). En diligencia realizada el día de la cita, uno de diciembre de dos mil diecisiete, constituida la actuaria en el domicilio señalado para la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en virtud de no encontrar a la demandada, se entendió con la persona que se encontraba en el predio (fojas 24 a 26 del cuaderno auxiliar). Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó tomar razón del embargo trabado sobre el bien raíz en la diligencia antes mencionada y girarse el oficio respectivo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (foja 27 del cuaderno auxiliar). Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se tuvieron por perdidos los derechos de la demandada y se abrió el juicio a prueba (fojas 31 y 32 del cuaderno auxiliar). En acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho se citó a las partes para oír sentencia (foja 33 del cuaderno auxiliar), la cual fue dictada el veinte de marzo del mismo año (fojas 35 a 46 del cuaderno auxiliar). El cinco de julio de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia definitiva causó ejecutoria (foja 53 del cuaderno auxiliar). Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio, se procede estudiar los conceptos de violación que la quejosa formuló en su demanda, que aquí se tienen por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La quejosa se duele de la violación en su perjuicio de los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de audiencia tutelados por los artículos 14 y 16 constitucionales, pues aduce que con motivo de los actos reclamados, al no haber sido emplazada a juicio, no tuvo oportunidad de defender su propiedad de la que pretende privársele. Los conceptos de violación expuestos resultan infundados. Del análisis de las constancias del juicio de origen, se advierte que la diligencia de emplazamiento cumplió con los principios de audiencia, debido proceso y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Entonces, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no respetarse, impide o bien obstaculiza una adecuada defensa, por lo cual la falta o el defectuoso emplazamiento al juicio de origen constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que a aquélla se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarla en un serio estado de indefensión. Así se desprende de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, diciembre de 1995, página 133, que es del título y contenido siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha considerado que la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; así, resulta indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Por analogía y en lo conducente, se cita la siguiente jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, registro IUS 190656, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." También es aplicable la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195, volumen 163-198 cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia civil, registro IUS 240531, que establece lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Por tales motivos, es que la propia ley impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En esas condiciones, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo resultan violatorios del derecho de audiencia. Bajo ese contexto, debe puntualizarse que el procedimiento del que emanan los actos reclamados, corresponde a un juicio ejecutivo mercantil, y como el auto admisorio se dictó el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, por tanto es de considerar lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, aplicable al caso, en que y que textualmente establecen lo siguiente: "Art. 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." "Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado..." "Art. 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." De la interpretación de los artículos transcritos, se obtienen los requisitos mínimos de validez que deben aparecer asentados en el citatorio y el acta relativa a la diligencia, a saber: Debe dejarse citatorio: Cuando requerida su presencia, no se encuentre al demandado. Previo cercioramiento de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Fijarle hora hábil dentro de un plazo comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores para que aguarde. Si el buscado no atiende el citatorio, practicará la diligencia posteriormente con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier persona que viva en el domicilio. Al iniciarse la diligencia de embargo con el requerimiento de pago y de no hacerse, requerirá a la persona con quien entiende la diligencia para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndola de que de no hacerlo, su derecho pasará al actor. Así, se emplazará al demandado, cumpliéndose lo siguiente: Le notificará en forma personal o a su representante o procurador, en la casa designada: Dejándole copia íntegra y autorizada de la resolución que se notifica. Cerciorándose en un inicio de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Cerciorándose luego el notificador, por cualquier medio, de que esa persona vive en la casa designada, y, después de ello practicará la diligencia. Asentará razón en autos de todo lo anterior. Entregará cédula o instructivo que contenga la orden decretada, copia de la demanda y de los documentos base de la acción, y dejará copia de la diligencia practicada. De conformidad con el citado marco jurídico y de la revisión de las constancias levantadas por el actuario responsable, se advierte que su actuación cumplió con las formalidades impuestas por los señalados numerales, en virtud de que al constituirse por vez primera a las diecisiete horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el predio número trescientos diez letra "A", de la calle treinta y cuatro, entre treinta y uno diagonal y treinta y tres diagonal, de la colonia San Luis Chuburná, de esta ciudad, de Mérida, Yucatán, domicilio que le fue señalado para emplazar a la demandada Adriana Chale y Pool también conocida como Adriana Chale Pool, se cercioró que en efecto en dicho predio vivía y habitaba la persona buscada, por la nomenclatura oficial de la calle visible en las placas instaladas por el Municipio de la ciudad, en las esquinas de las calles de dicha colonia, que indican el número de la calle, sus cruzamientos y el nombre de la colonia mencionada, por la correlatividad de la nomenclatura de los predios vecinos contiguos; además por el número del predio que ostentaba en su fachada y que describió que se encontraba pintada de color azul que tenía reja de color negro; también por el dicho de los vecinos de la calle treinta y cuatro, entre treinta y uno diagonal y treinta y tres diagonal, de la colonia San Luis Chuburná, de esta ciudad, y porque así se lo aseguró una persona del sexo femenino, que dijo ser nieta de la buscada, quien se encontraba en el interior del predio y dijo llamarse Rubi Quijano May, quien corroboró que ese era el predio buscado y manifestó que en ese predio vivían y habitaban ella y la buscada demandada, pero que en ese momento no se encontraba presente; por lo que al no encontrarla en el lugar procedió a dejarle citatorio de espera para las diecisiete horas con treinta minutos del uno de diciembre de dos mil diecisiete, con la persona que lo atendió, para una diligencia de carácter judicial en términos del artículo 1393 del Código de Comercio. También se advierte de las constancias en consulta, que al constituirse por segunda ocasión al domicilio de la demandada, en la fecha y hora señalada en el citatorio, y no encontrarla, procedió a entender la diligencia con la nombrada Rubi Quijano May, quien se encontraba en el domicilio y señaló ser nieta de la demandada, a través de quien la requirió de pago, y como no lo hizo ni señaló bienes para embargar, concedió ese derecho a la actora, quien señaló para tal efecto el setenta y cinco por ciento de la propiedad correspondiente a la demandada respecto del predio de la diligencia, inscrito a folio electrónico número 965697 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, que el actuario ejecutor declaró embargado; enseguida éste notificó y emplazó a la demandada por medio de cédula -de la que dejó copia en autos-, la que entregó a la persona con quien entendió la actuación haciéndole saber a la demandada que tenía ocho días para presentarse al juzgado a hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse a la ejecución si contare con excepciones y defensas, haciéndole entrega también de copia simple de la demanda y del documento exhibido como anexo de la misma, cotejadas y selladas así como copia del acta de la diligencia levantada; además, hizo saber a la informante de la obligación de entregar los documentos a su destinataria en forma oportuna. Así las cosas, a juicio de este resolutor de amparo la diligencia de emplazamiento fue realizada conforme a derecho, contrariamente a lo que alude la parte quejosa en sus conceptos de violación, ya que de las constancias que en copia certificada obran en autos, relativas al juicio ejecutivo mercantil 1238/2017, se advierte que el mismo sí se realizó a la parte quejosa (por medio de cédula de notificación, previo citatorio que le fuera entregado a la nieta de la misma), tal como está establecido en los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio aplicable, pues se aprecia que el actuario responsable al constituirse al domicilio de la demandada quejosa en su primera búsqueda y al no encontrarla, previo cercioramiento de que ese era su domicilio, dejó citatorio a su informante para que el primero lo esperara al día siguiente a la misma hora, siendo que al constituirse nuevamente en dicho domicilio en la fecha y hora fijada, y al no haberlo esperado la mencionada demandada, realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento correspondientes y entregó la cédula de notificación respectiva, cumpliendo nuevamente con el requisito de cerciorarse que el domicilio donde practicaba la diligencia era el domicilio de la demandada mencionada, advirtiéndose de la actuación analizada que tal información la obtuvo, cuando se constituyó en el predio de mérito por informes de los vecinos, por la nomenclatura pública existente a la vista y por el dicho de Rubi Quijano May, quien se encontraba en el interior del inmueble y manifestó que era el predio donde vive y habita la demandada y ser su nieta, sin que en el caso resultara necesario exigir al funcionario que practicó la diligencia recabar mayores datos para la ubicación del domicilio de la demandada, aquí quejosa, ya que los que fueron recabados se estiman suficientes para tener la certeza que en el predio donde se constituyó era el domicilio de la demandada. Entonces, es evidente que contrario a lo manifestado por la quejosa, el fedatario sí se cercioró de que se encontraba en el domicilio señalado para efectuar el emplazamiento a la demandada, y una vez constituido en éste se cercioró de que ahí habitaba la demandada, pues así lo afirmó la persona con quien se atendió la diligencia que dijo ser la nieta de la buscada. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación planteados por la quejosa y al no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja a su favor, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Negativa que se hace extensiva, igualmente respecto de los restantes actos, consistentes en todos lo actuado en el juicio de origen, al no haber sido reclamados como consecuencia del emplazamiento señalado como acto reclamado de manera primigenia. Ilustra el criterio expuesto la tesis aislada, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, tomo I, primera parte, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro IUS 207616, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Adriana Chale y Pool, contra los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, por las razones señaladas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de enero de dos mil diecinueve, que las labores lo permitieron.

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