Adriana Cerna Coria
Expediente 494/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adriana Cerna Coria
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 fracción IV del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. ? Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de la quejosa directo Adriana Cerna Coria, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades; regístrese en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 494/2023. ? Análisis de procedencia del juicio de amparo. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Para lo cual, es preciso señalar que la parte quejosa relama la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, el dos de junio de este año, derivada del decreto 405. Ahora, la promovente acude a la vía indirecta constitucional en su calidad de concesionario, para prestar mediante una remuneración, el servicio de autotransporte de personas o cosas en las vías públicas de jurisdicción estatal y al respecto, anexa la "Tarjeta de Control de Servicio Público de Autotransportes" emitida por el Gobierno del Estado de Michoacán; así como la tarjeta de circulación con folio 004298, que autoriza "servicio de pasajeros". Por tanto, si la parte quejosa demostró tener una concesión ante la autoridad responsable como prestadora de "servicios de pasajeros", en tanto que la ley reclamada, precisamente, tiene - entre otras- como finalidad, establecer la regulación de los servicios de transporte tradicionales y los que se usan a través de un medio electrónico, y la parte quejosa demostró ser titular de una concesión de autotransporte con vigencia indefinida de transportes tradicionales y afirma -entre otras cosas que la normativa reclamada, realiza una distinción discriminatoria entre concesionarios y permisionarios; en consecuencia, el acto reclamado, sí impacta la esfera jurídica de la parte quejosa, porque, está ubicada en la hipótesis normativa que combate. Lo expuesto pone en evidencia que las disposiciones jurídicas relacionadas, van dirigidas a regular los derechos y obligaciones de los sujetos activos de la movilidad y seguridad vial, y por tanto, la sola entrada en vigor de la norma impugnada le causa perjuicio. Ahora, de la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17, fracción l, y 18, de la Ley de Amparo1 , porque la demanda se presentó en forma extemporánea. En efecto, de los preceptos citados, se desprende que, el juicio de amparo debe instarse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente, a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del numeral 17, de la Ley de Amparo, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor, cuando se trate de una norma autoaplicativa (caso concreto en el presente juicio, el plazo para la presentación de la demanda de amparo será de treinta días), esto es, que: a) Hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; salvo la hipótesis prevista en la fracción I, del numeral 17, de la ley de la materia, que será de treinta días, contado a partir del mismo día de su entrada en vigor. b) La parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. c) La parte quejosa se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber a la parte quejosa el acto reclamado, o bien, con la entrada en vigor de la norma tildada de inconstitucional, es decir, en el caso concreto, lo fue la entrada en vigor de la Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, el dos de junio del año en curso, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable, distinto a la notificación del acto reclamado, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que el quejoso se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. En ese contexto, se concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos indicados, el cual, como se señaló, es determinante para computar el plazo exceptuado de treinta días para la presentación del juicio constitucional. Es así, pues de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifiesta lo siguiente: "(.) Generando a la quejosa, de manera inmediata, desde su entrada en vigor, una afectación jurídicamente relevante, palpable y discernible objetivamente, atendiendo a las cargas que impone a los particulares que materialmente prestan el servicio de transporte público y el trato desigual que se les da; ya que, los vincula a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, en cuanto norma autoaplicativa.(.)" De lo anterior, resulta evidente que el plazo de treinta días que establece el artículo 17, fracción l, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa presentara la demanda, le transcurrió del cinco de junio (día hábil siguiente a la entrada en vigor la ley impugnada) al catorce de julio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles a que alude el artículo 19 de la Ley de Amparo; es decir: diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio; uno, dos, ocho y nueve de julio. De ahí que, si desde el cinco de junio de dos mil veintitrés, empezó a transcurrir el plazo de treinta días que establece el artículo 17, fracción l, de la Ley de Amparo; el plazo para que la parte quejosa promoviera el juicio de amparo en el que reclama los actos que tilda de inconstitucionales, le feneció el día catorce de julio de dos mil veintitrés. Luego, si la demanda de amparo se recibió a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, es evidente que su presentación resulta EXTEMPORÁNEA, pues como se indicó, la parte quejosa estuvo en condiciones de ejercer su derecho para presentar la demanda de amparo, en el periodo comprendido del cinco de junio de dos mil veintitrés al catorce de julio del mismo año. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 26/98, visible en la página 461, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Materia Común Constitucional, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR." En consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17, fracción l, y 18, todos de la Ley de Amparo. ? Autorizados Téngase al promovente señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Martínez Camacho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, hasta en tanto acrediten que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciadas en derecho, toda vez que NO cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ? Juicio En Línea Por otro lado, y como se solicita se abre juicio en línea, y se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico con los nombres de usuario "VALENTEALVAREZ" donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas. Para cuyo efecto, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes - SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. ? Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. ? Autorización de copias Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. ? Datos personales De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. ? Informa integración de expediente electrónico Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. ? Anotaciones Háganse las anotaciones en el libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
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