Adriana Centeno Archundia
Expediente 1180/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adriana Centeno Archundia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio de la cual, Adriana Centeno Archundia, en representación de su menor hija Daniela Escobar Centeno, informa que la citada quejosa ya recibió ambas dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el Covid-19 y al efecto exhibe los comprobantes de vacunación respectivos, asimismo, formula alegatos en relación al trámite del presente expediente. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a sus autos el escrito de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido; y en atención a los alegatos que formula se agregan sin que haya lugar a mayor proveído, dados los argumentos que se exponen a continuación. En ese sentido, ante lo manifestado por la parte quejosa, se estima que, respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de proporcionar y aplicar a la quejosa la vacuna con el virus SARS-COV-2 COVID-19, y por el cual se admitió la demanda por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 63, fracción V y 65 de la Ley de Amparo, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, por las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma Norma, que a la letra establece: Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado fuese exactamente el mismo, debido a que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. En el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión de la autoridad señalada como responsable de proporcionar y aplicar a la menor quejosa la vacuna con el virus SARS-COV-2 COVID-19, toda vez que de las constancias que anexa en el ocurso que se atiende, se advierte que ya le fue suministrado de manera completa el cuadro de vacunación del agente inmunizador Pfizer/BioNTech contra el virus referido. El precepto en cita, se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado, consiste en la omisión de aplicar a la menor quejosa la vacuna contra la enfermedad ocasionada por el virus SARS Cov2 COVID-19, debido a que al momento en que se presentó la demanda, todos los menores de doce a diecisiete de años de edad, no se encuentra contemplados en el esquema de vacunación emitidos por la Secretaría de Salud. En la especie, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario precisar que la quejosa cuenta con dieciséis años de edad, por lo que pertenece al segmento de población que comprende niños mayores de doce años y menores de dieciocho a que hace referencia el comunicado 23/2021 (veintitrés diagonal dos mil veintiuno) de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, se precisa que el regreso a clases presencial programado para el pasado treinta de agosto del presente año; por lo que, le coloca en riesgo de contagio, ya que fue negada la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. presente año y hasta marzo de dos mil veintidós y dado que la Secretaría de Educación Pública señaló el regreso a clases el pasado treinta de agosto. Luego entonces, del escrito que se atiende la parte quejosa informó a este juzgado de distrito que le fue aplicada el cuadro completo de vacunación, tal como se muestra en las imágenes de los certificados de vacunación que se insertan a continuación: Sobre estas bases, de las constancias que exhibidas por la parte quejosa en el escrito de cuenta, se advierte que las responsables aplicaron el esquema completo de vacunación, circunstancia que se acredita de los comprobantes de la aplicación de las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a la menor quejosa, y por tanto, se estima inmunizada contra el virus SARS-CoV-2 a la menor quejosa, resultando inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha en que se actúa las autoridades responsables no han dado cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se impone destacar que el uno de octubre del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por el cual se extinguió y se sustituyó en sus obligaciones y responsabilidades por la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídico y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Puntualizado lo anterior, se impone destacar que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar que los artículos 192, 193, 194, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, disponen respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, y 297 fracción I del Código adjetivo aludido, se REQUIERE al Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídico y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el término de DIEZ DÍAS, (tomando en consideración los actos a realizar), contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito que pagó al quejoso la totalidad del salario que dejó de percibir con motivo de la preventiva de pago. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del código citado, REQUIÉRASE a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en su calidad de superior jerárquica del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídico y Transparencia de la citada dependencia, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable vinculada al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de amparo, o bien, para cumplirla por sí misma. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, tomando en consideración el tiempo que ha trascurrido en exceso para acatar lo ordenado en el fallo protector dictado en autos, aunado a que el cumplimiento de una determinación judicial constituye una cuestión de orden público, por lo que deben evitarse actuaciones o decisiones que la dificulten. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107,fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99). En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10). En el entendido, de que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el oficio signado por el Secretario del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, solicita se le remita el original de los autos del presente juicio en que se actúa, a fin de que se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda; tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo anterior, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, solicitando el acuse de recibo respectivo. Ahora bien, a fin de contribuir al ahorro de recursos materiales y humanos con que cuenta éste juzgado, en pro de una protección al medio ambiente, y toda vez que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y dado que obra el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con la promoción de cuenta, y entiéndanse glosadas las constancias relativas a las actuaciones previas a ésta fecha. Lo anterior, sin perjuicio de que, si alguna de las partes o sus autorizados en el presente juicio de amparo, requiere la consulta de alguna de éstas, éste órgano judicial le facilitará el equipo y medios electrónicos necesarios para ello. Por otra parte, se agrega en autos el oficio signado por la Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Séptima Investigadora UEIDCSPCAJ, por medio del cual, solicita que le sea remitida copia certificada de la resolución dictada en el presente asunto, a efecto de estar en posibilidad de integrar la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDCSPCAJ/- CDMX/00012722021; con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítanse las copias certificadas que solicita. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
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