Adriana Castro Hernández
Expediente 1352/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Adriana Castro Hernández
Actuaciones
- Principal
TRIBUNAL REMITE QUEJA INFUNDADA- CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO
- Principal
Tampico, Tamaulipas, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, este órgano de control constitucional emite las determinaciones siguientes: 1. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por [1] ********** [2] ********* [3] ******** [4] *********** y [5] ******** , contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno 1352/2022-II. 2. DESECHAMIENTO. *** Finalmente, el precepto reproducido en último orden dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de lo prescrito en el arábigo 5º, fracción I, de citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). *** Entonces, como requisito de procedencia de los juicios de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y b) Ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. *** Es decir, los actos reclamados de ninguna manera implican una afectación de manera particular, individual, real, concreta y objetiva en contra de los peticionarios del amparo, esto es, no les irroga una afectación directa en su esfera de derechos, ni les causa perjuicio alguno, dado que como ya se especificó, los actos que aquí se combaten no afectan por sí solo los derechos de los quejosos, por lo cual no se configura el interés jurídico. Asimismo, los peticionarios del amparo tampoco cuentan con el interés legítimo que dicen les asiste para reclamar los citados preceptos legales, pues no se advierte en forma alguna que el hecho de que la Guardia Nacional realice funciones de seguridad pública irrogue un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, pues el interés legítimo se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia de que cuente o no con derechos subjetivos, lo que en el caso no acontece **+ 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que índica en su demanda de amparo. No obstante, se le apercibe que de ser inexacto; no existir; encontrarse deshabitado o por manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a su autorizado para recibir notificaciones, éstas, e incluso las que deban ser personales, se le realizarán por lista de acuerdos, en términos de lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correcto electrónico **********1@hotmail.com, para establecer comunicaciones no procesales. 4. REPRESENTANTE COMÚN. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a **********, sin perjuicio de que con posterioridad designen de entre ellos a representante común. 5. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA, EL EXPEDIENTE Y TRANSPARENCIA. ** Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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