Adriana Castillo Benitez
Expediente 529/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adriana Castillo Benitez
Actuaciones
- Principal
MESA IX. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que la promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, es susceptible de destrucción. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de que se dictó el presente acuerdo, destrúyase este expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales, ni se formó incidente de suspensión ni tomo de pruebas por separado. Notifíquese. JRL
- Principal
MESA IX.- Visto lo de cuenta, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por: Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos********************Actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. A lo anterior, se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el citado informe y téngase por rendido. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. En relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que señala como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. Del mismo modo, informa que existen diversos juicios de amparo que tienen relación con el juicio en que se actúa; lo que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, toda vez que de las documentales que acompaña se desprende la personalidad del promovente como apoderado legal del quejoso, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce dicha personería en el presente juicio. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señala como acto reclamado en esencia la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral ***. En esa tesitura, y toda vez que, de las constancias remitidas en el informe justificado, se aprecia que el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la Junta responsable, acordó el escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral ********************; determinación que notificó a la parte actora el veintiséis del presente mes y año. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional******************** En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral *************. No obstante lo anterior, se encuentra acreditado que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la Junta responsable, acordó el escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral ********************; determinación que notificó a la parte actora el veintiséis del presente mes y año; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido. [...] Criterio que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basan en la interpretación del artículos 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo******************** En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. JRL
- Principal
MESA IX.- Vista la demanda promovida por ****, quien se ostenta como apoderada legal de *****, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 529/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. ADMISIÓN En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III de la Constitución Federal, 37, 107, fracción V y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En términos del artículo 5, fracción IV de la ley de la materia, dese al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; quienes deberán rendirlo en el término de quince días, apercibidas que en caso de no hacerlo, o lo haga sin remitir, en su caso copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, u omitan referirse a la representación que aduce el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, remitiendo además las constancias respectivas con las que se acredite dicha personería; se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, equivalente a ... De igual forma, informe si la promovente tiene el carácter con el que se ostenta, esto es como apoderada legal de Cristian Castañeda Sánchez, y de ser así remita las constancias que lo acrediten. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. En el caso, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalente a ... Así también, requiérase a las responsables para que, junto con su informe justificado, señalen si la parte quejosa o alguna otra persona han promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. TERCERO INTERESADO Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la quejosa -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. [...] Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la quejosa, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la citada ley, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES Del mismo modo, se previene a la parte quejosa que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, se tendrá por inexistente, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación, lo anterior como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, primera parte, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que designa, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LOS AUTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. [...] HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. JRL
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