Adriana Cabrera Vargas

Expediente 1175/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1175/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Adriana Cabrera Vargas
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE SOBRESEE POR AUTO)

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de improcedencia del juicio. En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir específicamente en la omisión de acordar las promociones de veintiséis de septiembre y veintisiete de octubre de dos mil veintidós, presentadas en el juicio laboral ***. Ahora bien, de las constancias que el presidente de la Junta responsable anexo al oficio que se atiende, se advierte que mediante proveídos de veintidós de agosto y veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, respectivamente, la responsable dio contestación a los ocursos veintiséis de septiembre y veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el juicio arbitral que nos ocupa. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de acordar los escritos de veintiséis de septiembre y veintisiete de octubre de dos mil veintidós, lo cierto es que, como se destacó, mediante proveídos de veintidós de agosto y veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la responsable atendió los multicitados escritos, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy en virtud de que el presente expediente no se encuentra debidamente integrado. Requerimiento de constancias. Ahora, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable señalada en el párrafo que antecede, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado el estado que guardan las promociones de veintiséis de septiembre y veintisiete de octubre de dos mil veintidós, presentadas en el juicio laboral de origen 968/2003, y remita copia certificada, completa y legible, de las constancias que acrediten su dicho; toda vez que este juzgador las considera necesarias para resolver el presente asunto, o bien comunique la imposibilidad que tiene para ello. Bajo el apercibimiento que de incumplir sin causa justificada, conforme lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, tomo: V, febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cincuenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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