Adriana Berenice Soto Tapia y Otros.

Expediente 1460/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1460/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Adriana Berenice Soto Tapia y Otros.
  • Gobernador del Estado de Chiapas
  • Adriana Berenice Soto Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, y anexos, mediante el cual remite: Resolución del conflicto competencial 70/2022. Original del juicio de amparo 1460/2022. Acúsese recibo de estilo a la superioridad. Tomando en consideración que la Superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es inexistente el conflicto de competencia. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1460/2022 al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas y, con la versión definitiva de esta ejecutoria, comuníquese al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas." En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional no insiste en declinar competencia al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, tampoco estima necesario formular consulta a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura federal. Ahora, antes de proveer sobre la admisión de la demanda planteada por el quejoso Amado Xavier Hernández Aguilar, en su calidad de apoderado legal de Adriana Berenice Soto Tapia, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Del estudio integral realizado al libelo de demanda, es apropiado decir que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ello es así, en virtud que el quejoso Amado Xavier Hernández Aguilar, en su calidad de apoderado legal de Adriana Berenice Soto Tapia, en su escrito de demanda, señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del decreto por el que se instituyen medidas para el pago de prestaciones económicas derivadas de convenios judiciales, administrativos y extrajudiciales, sentencias, laudos y resoluciones de carácter jurisdiccional y administrativo, de la administración pública Estatal. Sobre la base de lo anterior, este órgano de control constitucional considera, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes a saber. Dicha porción normativa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley,26 y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". En principio, debe explicarse que el interés jurídico para impugnar mediante el juicio constitucional un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Acorde a lo anterior, el interés jurídico que asiste al quejoso en el juicio de garantías requiere, por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado ocasione a aquél, que se traduzca en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, de lo que se sigue que, si no se demuestra la existencia del derecho que la norma positiva tutela, a la par del perjuicio resentido por el acto de autoridad que se reclama, no es dable tener por acreditado el interés jurídico, noción a la que no es ajena la contienda de amparo en la que se analiza la constitucionalidad de una norma, por estimar que contraviene el texto constitucional. Tales principios están inmersos en el propio artículo 107, fracción I, y en el mismo artículo 61, en su fracción XII, que alude al particular caso del amparo contra leyes, precepto en el que se basa el concepto perjuicio como indicativo de la procedencia del juicio de amparo. Pues bien, de la interpretación relacionada de los artículos 6º, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite impugnar su constitucionalidad a través del juicio de amparo, debe trascender a la esfera jurídica del gobernado, y a la vez generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación a su patrimonio jurídico; además, deben tenerse presentes las reglas que norman el estudio que realiza todo juzgador de amparo cuando en el juicio de garantías se controvierte la constitucionalidad de una disposición de observancia general; por tanto, cuando una norma jurídica no es expresada por la autoridad como el sustento de su actuación, la afectación al interés jurídico del quejoso proviene necesariamente, tanto de la disposición legal como de su acto de aplicación. Así, cuando el gobernado acude al juicio de amparo, controvirtiendo la constitucionalidad de una disposición de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación proveniente de una autoridad, el juzgador de amparo deberá, primero, analizar si la hipótesis legal fue aplicada en perjuicio del quejoso, con independencia de que ésta se haya aplicado de manera fundada y motivada, pues, al margen de ello el perjuicio que trasciende a la esfera jurídica del gobernado tiene su origen en aquella disposición; así, en cada caso concreto, el juzgador deberá analizar el acto de aplicación, y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en la norma impugnada, lo que le permitirá concluir, ante un defecto de motivación o fundamentación, que el peticionario de amparo que aparentemente no resintió su aplicación, sí fue afectado en su interés jurídico por la disposición combatida, pues debe estimarse que la fuente del perjuicio generado es la norma en comento, con independencia de su correcta aplicación. Fundamenta la anterior consideración, por las razones que la informan, la tesis CLXXV/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 447, del tomo XII, diciembre de 2000, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 1906303, que establece: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. En otro orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 97, del rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA"; sostuvo que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas es conveniente acudir al concepto de individualización incondicionada, el que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, de ahí que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional. De este modo, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en su caso concreto, se encuentra sometida a la realización de ese evento. Luego, en el presente caso, se impugna la inconstitucionalidad del decreto por el que se instituyen medidas para el pago de prestaciones económicas derivadas de convenios judiciales, administrativos y extrajudiciales, sentencias, laudos y resoluciones de carácter jurisdiccional y administrativo, de la Administración Pública Estatal, y su aplicación. Sin embargo, aun cuando la quejosa refiere que promovió el juicio laboral J/O/759/2012, el cual se encuentra en etapa de ejecución, no se advierte ningún acto concreto de aplicación. En efecto, la parte quejosa en el capítulo de antecedentes manifiesta, que en diligencia de embargo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, los apoderados de la parte demandada le manifestaron que tenían que enviar solicitud de pago a la consejería jurídica para que lo aprobaran y pudieran pagar. Sin embargo, contrario a lo que sostiene, de la diligencia de embargo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que anexa como prueba, se advierte que el apoderado de la parte demandada, manifestó lo siguiente: "Que en uso de la voz en mi carácter de apoderado de la demandada manifiesto que en este acto no es posible realizar el pago de 66,994.80 que se requiere, sin embargo, para garantizar dicho pago, señalo la cuenta bancaria número 0116643716, de la institución bancaria BBVA Bancomer cuyo titular es la persona moral que represento, solicitando al actuario que tenga que de acuerdo justi apreciación que tenga de la cuenta bancaria que se está señalando, la cantidad aludida que se está garantizando, es en cumplimiento al proveído de fecha 13 de octubre del año en curso, que en su parte medular señala que en caso de no verificarse el pago se embarguen bienes propiedad de la demandada, garantizando el importe lo cual está aconteciendo en este caso, debiendo seguirse los tramites de ejecución tal y como lo establece la ley de la materia, siendo todo lo que tengo que manifestar." (Foja 19) De lo anterior, no se advierte que los apoderados de la parte demandada hayan manifestaron que tenían que enviar solicitud de pago a la consejería jurídica para que lo aprobaran y pudieran pagar, sino por el contrario, señalaron una cuenta bancaria para garantizar el adeudo; de ahí que sea patente que no se le ha aplicado a la parte quejosa el decreto que reclama. Por tanto, es necesario que exista un acto de concreto aplicación del decreto aquí reclamado, para que exista una afectación al gobernado. Esto es, para efectos de la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa, era menester que el peticionario acredite el acto concreto de aplicación del decreto por el que se instituyen medidas para el pago de prestaciones económicas derivadas de convenios judiciales, administrativos y extrajudiciales, sentencias, laudos y resoluciones de carácter jurisdiccional y administrativo, de la Administración Pública Estatal. Además, no hay que perder de vista que el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de amparo, la constitucionalidad de una disposición de observancia general es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. En ese sentido, resulta inconcuso que no se demuestra el primer acto de aplicación del decreto por el que se instituyen medidas para el pago de prestaciones económicas derivadas de convenios judiciales, administrativos y extrajudiciales, sentencias, laudos y resoluciones de carácter jurisdiccional y administrativo, de la Administración Pública Estatal, pues a la fecha de la presentación de la demanda no existe actuación en la cual se haya aplicado dicho decreto. Consecuentemente, toda vez que a la quejosa no le fue aplicada la legislación que combate y al no demostrarse que el reglamento reclamado afecte su esfera jurídica con su sola entrada en vigor, ni acreditarse el acto concreto de aplicación de la misma, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación al numeral 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Es aplicable la jurisprudencia, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. ." Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito...

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite el conflicto competencial dictado en el presente asunto, y se registró bajo el conflicto competencial 70/2022. Se toma nota de lo informado, quedando a la espera este órgano de la ejecutoria que dicte dicho Tribunal de Alzada. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, consistente en el original del juicio de amparo 1460/2022-VIII, del índice de este Jugado, mediante el cual manifiesta que no acepta la competencia declinada a su favor, por las razones contenidas en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, vistas las consideraciones que sustentan la negativa de la autoridad remitente, para aceptar la competencia declinada a su favor, respetuosamente se comunica que no se comparten, pues se considera que sí se surte la hipótesis de competencia detallada en el auto de veinticuatro de octubre del año en curso, del índice de este Juzgado Federal. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se insiste en declinar la competencia a favor del homologo oficiante; en consecuencia, se ordena remitir los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que en su carácter de superior de los participantes en este conflicto competencial, resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior, Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por la Directora de Administración de Personal de la Coordinación General de Administración Estatal y Director de Asuntos Estatales de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, ambos de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, en el primero informa que solicitó a la Dirección de Recursos Financieros de dicha secretaría los comprobantes del trámite que le dió al diverso SE/CGAE/DAP/DRD/6037/2022 de diez de octubre del año en curso, a efecto de que se emita la orden de pago a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, y el segundo remite copia del diverso dirigido a la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Chiapas , en el que le envían copias simples de diversos documentos con los que le informan respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia se toma nota de lo anterior para los efectos legales concudentes, toda vez que en auto de veintiuno del citado mes y año, se requirió al Director de Programación y Presupuesto de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado, solicite el dictamen de procedencia a la subconsejera jurídica de lo contencioso de la consejería jurídica del gobernador y lo envié a la secretaria de hacienda del estado para integrarlo en el expediente respectivo, a efecto de que se realice el pago correspondiente a la parte quejosa

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,677 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano