Adriana Aydee Flores López

Expediente 441/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
441/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Adriana Aydee Flores López

Actuaciones

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese..."

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese la razón actuarial, por medio de la cual el fedatario de la adscripción señala la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la determinación de veintiuno de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a, ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la aludida determinación y la presente, así como las subsecuentes por medio de lista consultable en la página del Consejo de la Judicatura Federal y fijada en los estrados del edificio en el que se localiza este Juzgado Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Se tiene recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con los anexos que acompaña consistentes en: la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el original del juicio de amparo directo 586/2021, que contiene la demanda de Adriana Aydee Flores López por conducto de su apoderado legal José Núñez Hernández; por el cual informa que dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer de dicho asunto, por los motivos que ahí se exponen. Al respecto, este Juzgado de Distrito asume competencia de la demanda en cuestión, acúsese recibo. ACTO RECLAMADO Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y Secretaria Instructora adscrita: La resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 145/2021, por la cual, la responsable se declara incompetente por razón de territorio para conocer del asunto. DESECHAMIENTO En ese sentido, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario. Esto es así ya que el artículo 107 de la Ley de Amparo establece, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados en juicio, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la determinación respectiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese orden, se evidencia que el acto reclamado consistente en la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 145/2021, por la cual la responsable se declara incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, únicamente implica violaciones a derechos adjetivos, es decir, no constituye un acto de autoridad que produzca en el gobernado una afectación personal y directa a la esfera de sus derechos sustantivos, pues, en el caso, al tratarse de una incompetencia por declinatoria, tal efecto lo tendrá, en su caso, la resolución en la que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepte, lo que en el caso no sucede. Lo anterior en virtud que la decisión de una autoridad de declararse incompetente no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, es decir, cuando el órgano a quien se haya declinado la competencia la acepte. Al respecto, de la interpretación de los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, en el entendido que deben entenderse como tales a aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado, y no antes. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que sólo sucede cuando el acto es definitivo; es decir, que no exista posibilidad de que con la emisión de un acto posterior se deje sin efectos la supuesta afectación a derechos del promovente. Máxime que debe resaltarse que atendiendo a la naturaleza de la resolución reclamada, la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, se interpretará cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado, es decir, la decisión del órgano de declararse incompetente, no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del amparo indirecto, pues ello sucederá hasta que el órgano jurisdiccional declinado, acepte la competencia propuesta, hipótesis que se insiste, en el caso sujeto a estudio no se actualiza. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, Registro digital: 2009721, de rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza, al actualizarse de manera indudable y notoria la causa de improcedencia aludida. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; así como las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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